En la edición del domingo pasado EL TELEGRAFO dio cuenta de un planteo realizado a la Intendencia Departamental, por una edila de la Junta Departamental, en el que se le solicitaba se haga cumplir la normativa que establece cierto nivel de protección a la zona de la desembocadura del arroyo La Curtiembre en el río Uruguay.
Es necesario detenernos un instante en los diferentes tipos de reacciones que ha ocasionado la difusión de esta noticia en la página de Facebook del diario.
Por una parte, y resulta lamentable, hay quienes atacan directamente a la edila con comentarios desafortunados, agraviantes, que no cabe más que rechazarlos por improcedentes.
Las que no podían faltar eran las manifestaciones de quienes politizan todo lo que se mueve y atribuyen este planteo a una especie de desahogo desde el punto de vista electoral. Una interpretación irracional, pero que no llama demasiado la atención, porque de eso sobra en las redes sociales.
Luego están quienes consideran que no vale la pena hacer nada por el lugar porque ya está contaminado.
Están también los que se lo toman a pecho, como un ataque contra quienes gustan de las motos y defienden que al realizar sus actividades en ese lugar no lo hacen en las calles, evitando así riesgos mayores. Por supuesto que relativizan estos el impacto que la “pista” tiene en el entorno.
Aparecen también comentarios de quienes consideran que no vale la pena conservar ese lugar de la costa y que haría un bien que desapareciera, ya que se trata de un ambiente que sirve de cobijo para mosquitos y serpientes.
Comencemos por esto último, ya que, efectivamente, el lugar es cobijo para diferentes especies animales, insectos de todo tipo y vegetales; justamente esa es la riqueza que se pretende proteger al conservar ese espacio. ¿O por qué creen que aparecen allí las aves? Pues justamente porque en ese lugar el ecosistema esta menos intervenido por la mano del hombre que en otros lugares de la costa y encuentran allí lo necesario para sobrevivir, para anidar, para alimentarse o simplemente tomar un descanso antes de seguir viaje. Y ese es uno de los valores que tiene ese espacio.
Por eso es que también resulta inconducente la queja de quienes argumentan que está contaminado justamente, si hay un problema de contaminación lo que corresponde es buscar la forma de mejorar la situación y no simplemente resignarse y darlo por perdido. A la vista está que en los pocos años en que esa protección se hizo cumplir, la fauna volvió a ocupar y a apropiarse del lugar. Es cierto: lo que corresponde es definir claramente qué espacio se desea reservar como humedal, y cuál se dejará librado al uso público y se permitirá intervenir.
En cuanto a que se trate de una acción contra el motociclismo, la misma edila afirma en la entrevista que no va en ese sentido su planteo y que está más que afín a que se siga realizando, solo que no es ese un espacio conveniente.
Obviamente se trata de una pista clandestina, que no reúne las condiciones mínimas de seguridad para la práctica deportiva. Es claro que no es lo ideal que la alternativa al uso de ese espacio costero sea que las motos corran en la calle (que igual lo hacen, aunque evidentemente son otras motos).
Lo deseable sería que se les proporcionara otro espacio donde pudieran realizar sus prácticas deportivas en las condiciones adecuadas, sin ponerse en riesgo, sin poner en riesgo a las demás personas y sin agredir valores superiores, como el ambiente que habitamos. Ahora, si lo que se trata es del público que allí asiste naturalmente, deben ser advertidos los motociclistas que la gran mayoría no concurre a disfrutar de la tierra que levantan ni del rugir ensordecedor de sus motores, sino todo lo contrario. Sus seguidores más fieles habrán de acompañarlos seguramente a la nueva pista que –no cabe duda– se les habrá de proporcionar, si está al alcance y hacen el planteo por los carriles correspondientes.
Ahora bien. Es cierto que el lugar cuenta con la protección que, al menos en los papeles, dispuso la Junta Departamental. Sin embargo no se trata de un área protegida como tal, en la medida que no hay un ordenamiento de disposiciones que establezcan con nitidez qué se puede y qué no se puede hacer allí.
Sin ir más lejos, hay quienes sugieren que debiera cortarse la vegetación y extender hacia allí la zona de mesas, sillas y parrilleros. ¿Y cuál es el argumento con el que se les podría decir que no, dado que la protección es muy básica? Lo que establece la norma es:
43.6 – Zona de fragilidad ecosistémica. Se prevé una Faja de Protección Ambiental en la desembocadura del Arroyo La Curtiembre de la planicie de inundación que incluye los padrones municipales Nos: 528, 347, 348, 190, 213, 191. Uso de suelo: Reserva ambiental de protección de humedales. Prohibiciones: área non edificandi.
Cabe preguntarse si no sería necesario algún texto complementario, más específico sobre esa zona costera. Por ejemplo, qué parte del terreno comprende, porque obviamente no se trata de todo lo que está más allá de Antonio Estefanell hasta el arroyo.
Finalmente, hay quienes reclaman a la edila que se preocupe de otros problemas, como el deterioro de las calles de Paysandú o la falta de empleo. Y es cierto, esos problemas existen y han sido transversales a las diferentes administraciones municipales que se han sucedido, sin embargo, si solamente pretendemos que la Intendencia y la Junta Departamental se ocupen de atender y reaccionar ante las emergencias, corremos riesgos de que se desatiendan asuntos muy importantes, como la cultura, el deporte y el ambiente, precisamente.