La crisis socioeconómica asociada a la pandemia ha contribuido significativamente a dejar al desnudo el delicado escenario prepandemia que vivía nuestro país, desde que entre otros aspectos, la falta de empleo venía de la mano con el creciente deterioro de las empresas, déficit fiscal, consecuencia de los problemas de recaudación y gasto excesivo del Estado.
Es decir, bastaron unas pocas semanas o apenas unos días para que se percibiera en toda su magnitud que miles de uruguayos a los que se decía se había sacado de la pobreza, no era otra cosa que un relato apoyado en transferencias de recursos, que se agotaron cuando cesó la bonanza económica propiciada desde el exterior, y que estas familias habían salido de la pobreza solo por las estadísticas, en forma temporal, con este maquillaje.
Así, en medio de la incertidumbre generada por la pandemia, y aún teniendo en cuenta la incidencia heterogénea del impacto sanitario, social y económico, la crisis ha servido para poner al desnudo falencias en un “paraguas” que se creía era producto de fortalezas que al fin de cuentas no eran tales.
Más allá de la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios, de las virtudes y deficiencias en cada nación, así como de la espalda económico financiera, existen aspectos laterales a tener en cuenta, para tener idea de la magnitud del impacto que implica para la población en la coyuntura y las perspectivas de rebote hacia una situación de determinada normalidad.
En el caso de Uruguay, una acertada descripción del panorama surge a partir de conceptos vertidos a El País en su momento por el economista Néstor Gandelman, al hacer referencia a que amplios sectores de trabajadores y empresas de bajo porte han quedado expuestos a campo abierto en el temporal, cuando había un “relato” sobre una situación mucho mejor.
Hizo hincapié además en la problemática de la informalidad, que considera “es tanto causa como consecuencia de la falta de desarrollo. Es una debilidad social por el atraso que conlleva en los métodos de producción, acceso a servicios públicos y la posibilidad de mitigar riesgos de shocks. En el extremo, impide atemperar golpes como el que estamos sufriendo. Desde el punto de vista recaudatorio, también es un problema que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en la medida en que lo hace el resto de la economía”, apuntó el economista, quien acierta en uno de los aspectos claves en cuanto a los flancos débiles que implica tener una economía informalizada en una serie de áreas.
Estamos por lo tanto ante un tema puntual generado por la pandemia, pero que acentúa un déficit crónico del país, que resulta agravado cuando queda expuesto en toda su magnitud en coyunturas como la actual, desde que implica que amplios sectores de la población y de la fuerza productiva, de las células del tejido socioeconómico, resultan sin cobertura en una emergencia de consecuencias imprevisibles.
Y cuando desde la oposición y grupos satélites de organizaciones sociales y sindicales se reclama más asistencia a los sectores más vulnerables en medio de la pandemia, omiten decir que se están necesitando más que nunca los recursos que se gastaron alegremente en años anteriores. Mientras se trata la emergencia, debe evaluarse la importancia de encarar esfuerzos en épocas normales para captar a los sectores que están trabajando fuera de la legalidad.
Esto no es un descubrimiento ni mucho menos, de todas formas, al punto que es un aspecto que se ha estado abordando en los últimos años, con resultados que se habían expuesto en su momento como satisfactorios, porque se había logrado bajar un 40 por ciento prácticamente crónico de informalismo en nuestro país hasta porcentajes del orden del 22 por ciento, con algunos altibajos, de acuerdo a cifras de organismos del Estado y sobre todo del Banco de Previsión Social (BPS).
Sin embargo, el escenario que ha quedado visible por la crisis de la pandemia es distinto al que se presentaba, o por lo menos desnuda en el mejor de los casos que el informalismo estaba latente y que la regularización estaba prendida con alfileres, porque las necesidades de asistencia por el Estado en estos grupos ha sido mucho mayor e inmediata de lo que se podía suponer.
Al respecto más allá de entredichos sobre la realidad y lo que se decía por integrantes del anterior gobierno, que dio lugar a cruces con las autoridades actuales, no es menos cierto que tenemos la confirmación de la vulnerabilidad que como sociedad aún tenemos tanto en niveles de pobreza como de informalidad. Dentro del concepto de informalidad se incluye tanto a empresas como trabajadores que operan fuera del marco legal y regulatorio. La informalidad denota dos aspectos, uno relacionado con incumplimiento y evasión de las reglas establecidas y otro con la precariedad en que las actividades son conducidas.
Sin dudas que la informalidad o el informalismo es un elemento indeseado: por un lado, desde el punto de vista de los trabajadores y empresas implicadas, conlleva no tener acceso a los beneficios de cobertura y derechos inherentes a la seguridad social y solidez institucional de empresas. A su vez, por el lado del Estado, es decir del propio país, se trata de un factor de debilitamiento institucional por una menor recaudación de organismos previsionales, de la percepción de tributos y cargas sociales, y por ende de extensión de cobertura para evitar que por ejemplo, situaciones como la pandemia hagan crujir la capacidad de respuesta del Estado y actores de la economía ante lo inevitable.
Paralelamente, y no menos importante, la actividad informal significa una competencia desleal en el mercado, porque quienes están en esta situación pueden competir con menores precios contra quienes operan dentro de la legalidad, cumplen con sus obligaciones y están al día con impuestos y cargas sociales.
La respuesta a esta situación, más allá de aspectos culturales e idiosincrasia, entre otros factores, debe pasar por una combinación de instrumentos adecuados para sancionar a los omisos, establecer controles adecuados en forma sistemática y en forma complementaria y combinada, hacer más atractiva la integración al circuito regular de los infractores.
Pero también y no menos importante es reducir la carga tributaria, porque el informalismo es en definitiva la única forma de subsistencia para muchas empresas a las cuales les resultaría imposible mantenerse en la formalidad, en un país caro, como es el nuestro.
Pero claro, en época de inundaciones no es buena idea ponerse a reparar un puente con problemas desde hace años, sino que estamos ante otro de los temas pendientes que debe abordarse con una respuesta integral tan pronto superemos la crisis sanitaria. Y es fundamental tenerlo en agenda, dentro de las prioridades.