Los factores positivos y negativos están presentes en toda ecuación económico financiera cuando se lleva adelante un proyecto, y de lo que se trata es de evaluar el costo beneficio de la inversión en el corto, mediano y largo plazo, y eventualmente, las consecuencias que tendría de no llevarse a cabo.
Por lo tanto, salvo que sobren recursos –cosa que ni por asomo se da en nuestro país– este es un dilema que debe presidir las decisiones, tanto en el ámbito privado como en el Estado, e involucra por supuesto tanto temas prioritarios como de segundo escalón, pero es sin dudas crucial cuando los temas y los plazos urgen.
En este contexto es pertinente señalar que la problemática de la generación, distribución y consumo de la electricidad en nuestro país tiene numerosas aristas, tanto positivas como negativas, e involucra aspectos que tienen que ver por un lado con que la operativa esté en manos de un organismo estatal monopólico en los hechos, afectado por la ineficiencia propia de la gestión por el Estado en una diversidad de áreas y además por el hecho de que los cambios de gobierno no han tenido siempre una continuidad en objetivos enmarcados en políticas de Estado, y ello hace que muchas veces se haya improvisado por factores cortoplacistas.
De todas formas, con disponibilidad o no de generación y distribución, el común denominador con el paso de las décadas ha sido el alto costo de la electricidad para los usuarios, con mayor o menor parque de generación, con energías renovables o no, y es así que seguimos ubicados entre los países que a nivel global tienen la electricidad más cara, no ya solo en la región, y ello afecta las economías de empresas y familias, y a la vez se traduce en mayores costos para producir y dar servicios.
Un planteo enmarcado en esta problemática lo trae al tapete el director de UTE representante de Cabildo Abierto, Enrique Pées Boix, en un reportaje de El Observador, al considerar que si bien la exportación de energía eléctrica es uno de los caminos que tiene Uruguay para canalizar los excedentes de esta energía, el precio de esta venta es muy inferior a las tarifas que cobra en lo interno, y por lo tanto es el usuario de nuestro país el que paga esta diferencia para sostener la economía del ente.
El director tiene diferencias con la forma en que se ha estado encarando esta política en los últimos años, y en este sentido expone que el precio promedio de producción de energía en el Uruguay –teniendo en cuenta que el precio de la producción de la generación eólica e hidráulica– es de 55 a 60 dólares MWh, en tanto esa energía se vende a la Argentina a menos de la mitad, concretamente a 28 dólares.
Aclaró que “UTE no pierde, porque la diferencia la mete en la tarifa”, y por lo tanto “la diferencia la paga Juan Pueblo”. Reconoció que al exportarse la energía no se pierde, pero “cuando haces la cuenta te das cuenta que el ciudadano común o el empresario está subsidiando al ciudadano común y al empresario argentino”.
“Con la estrategia de sacarte de arriba una cantidad de energía sobrante hoy se está subsidiando a los ciudadanos y empresarios argentinos”, en tanto en el caso de Brasil se está pagando un canon se esté o no vendiendo energía, a lo que se agrega el alto costo de inversión en las conversoras con el vecino país, además de la líneas de alta tensión, por lo que evalúa que “es todo a pérdida. Me canso de pedir las evaluaciones socioeconómicas de estos proyectos y no me dan uno. La impresión que uno tiene es que era al grito de la tribuna”.
Asimismo, cuestionó que más de la mitad de la producción está en manos de privados a los cuales UTE debe comprar toda la energía generada aunque no se utilice.
En este contexto, debería tenerse en cuenta que un componente fundamental es la gestión empresarial del organismo en todos estos años para la incorporación de mayor capacidad de generación, y los instrumentos con que se contaba y se pusieron en marcha para lograrlo, habida cuenta del panorama anterior.
Hay elementos a tener en cuenta en cuanto a costos incorporados y compromisos en suministro, siguiendo en buena medida políticas de inversiones a efectos de poner a cubierto al país de déficit en generación en circunstancias extremas como sequías o inundaciones, así como a la vez ir reconvirtiendo la matriz a impulsores renovables.
En estos aspectos se ha ido actuando a lo largo de los años, con buen suceso en cuanto a la transformación energética del origen de generación, reduciendo significativamente la dependencia de impulsores fósiles, de forma de ir diversificando el punto de generación y tener respaldo para los tiempos de crisis.
La presidente de UTE, Silvia Emaldi, explicó respecto a los contratos suscriptos por el ente con generadores privados de energía, –que implican tener que pagar aún cuando hay energía que no se utiliza–, que “son contratos a 20 años donde hay un costo fijo del orden de los 500 millones de dólares anuales. Muchos de ellos están operativos desde 2015-2016, por lo que quedan varios años por delante.
Las inversiones en general ya se hicieron y ahora hay que aprovecharlas. Hemos tirado agua y viento. Uruguay no puede darse ese lujo, porque en realidad fue la ciudadanía la que permitió esas inversiones en el sector eléctrico. Además de exportar energía, tenemos que aprovecharla en el mercado interno. Ese es el objetivo que entre otras cosas, con el plan inteligente estamos tratando de llevar adelante. Esto que es que en 20 horas de lunes a viernes y en 24 horas los fines de semana y feriados las personas pueden acceder a energía a un menor precio, y que tengan más posibilidades de utilizarla”.
De lo que se trata es de aprovechar de la mejor forma posible las fortalezas con que se cuenta y minimizar las debilidades, porque si bien es pertinente que se cuestione los costos que ha insumido la incorporación de energía eólica, se apeló a mecanismos de inversión posibles y accesibles en ese momento, para hacerlo dentro de determinados plazos.
Y el punto es que seguimos con una energía cara que afecta el costo país, con tarifas que no han contribuido a aflojar la presión sobre los sectores productivos y de actividad, y este es el meollo de la cuestión, porque además desde hace varios años desde Rentas Generales se le exigen aportes al organismo, para tratar de reducir el déficit fiscal por los gastos del Estado por encima de la recaudación.
Por lo tanto, entre el ideal y lo posible el desafío radica en aprovechar la generación ociosa con tarifas más accesibles, cuando todos estamos pagando se use o no se use, que es el mal menor respecto a la otra posibilidad, que es la de no tener esta reserva y pagar altos costos cuando se planteen en el momento menos esperado las crisis energéticas, como ha ocurrido una y otra vez antes de las inversiones.