Una extraña situación –por la profesión de sus protagonistas– se vivió en un escritorio jurídico notarial ubicado en el centro de la ciudad, cuando una mujer arremetió violentamente contra un hombre.
La situación habría motivado que el herido hiciera una denuncia penal por agresión, y aparentemente la mujer también lo denunció, pero por violencia doméstica, según pudo saber extraoficialmente EL TELEGRAFO. Según trascendió, también se solicitaron pericias siquiátricas.
Esto no pasaría de una lamentable situación de violencia entre dos personas que tienen una relación, innecesaria de hacerse pública, si no fuera porque ambos son abogados y además ella es integrante del Poder Judicial.
El caso –motivado por celos que llevaron a la agresión física– está siendo considerado directamente por la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia. En la tarde de ayer se realizó una audiencia que dispuso la prohibición de acercarse uno al otro a menos de 600 metros.
No obstante, una fuente cercana a la Suprema Corte dijo a EL TELEGRAFO que “la mera denuncia penal no inhabilita al juez a ejercer su función. Podría ocurrir que, además, el o los interesados hicieran una denuncia administrativa ante la SCJ (jerarca natural de los jueces), entonces la SCJ solicitaría información al señalado o señalada y luego resolvería si hay mérito para una investigación administrativa o un proceso disciplinario, lo cual discurrirá de forma autónoma respecto de la investigación penal que pudiera estar en curso. En el caso de la formalización de un juez o jueza, o la imposición de una pena, siempre debe comunicarse a la SCJ, que iniciara los procedimientos administrativos que correspondan”.
La fuente agregó que “el artículo 110 de la ley 15.750 de la Judicatura y organización de los tribunales establece que ‘en caso de que un juez sea detenido o procesado, la autoridad competente dará cuenta de inmediato a la Suprema Corte de Justicia a sus efectos’”.