En los últimos días el intendente Nicolás Olivera explicó a EL TELEGRAFO por qué pidió a la bancada en la Junta Departamental que “hasta la finalización del período, acompañara con el voto positivo todos los pedidos de comisiones investigadoras que se planteen”. Según Olivera, “fui edil, fui diputado también. Sinceramente sé de la impotencia que se siente cada vez que se quiere investigar y del otro lado dicen que no”. “Todos los gobiernos se mandan macanas, todos podemos meter la pata en una medida. No hay ningún problema, que se investigue lo que se tenga que investigar. Lo digo ahora, antes de cometer errores. Que se investigue, que se llegue a toda la verdad. Siempre antes de ocultar prefiero arrojar luz que arrojar sombra”, sostuvo el Intendente, quien además agregó que “No hay mucho misterio; vamos a votar siempre, para que se investigue lo que tenga que investigar, hasta que no queden dudas”, subrayó Olivera. “La oposición va a tener garantías de que los votos del Partido Nacional van a estar. Es como una vacuna que me doy. Ya está. Ahora tengo que hacer las cosas bien. Siempre hay que hacerlas bien”, concluyó.
De acuerdo con el artículo 273 de la Constitución Nacional las Juntas Departamentales, entre otras atribuciones, ejercerán las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental y su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del departamento. Por su parte, el artículo 286 prevé que la Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia, a facilitar los datos solicitados.
En un trabajo de investigación titulado “Las Juntas Departamentales en el gobierno subnacional, un análisis sobre las instituciones electorales y legislativas: El caso de Colonia 2005-2010” su autor, Pablo Irigoin resalta “el particular mecanismo de asignación de escaños de las Juntas Departamentales: la Mayoría Automática. Como ya se mencionó ésta implica que aquel partido que obtenga la mayoría de sufragios en la elección, aún si es una mayoría relativa, obtendrá la mayoría absoluta de las bancas (al menos 16 ediles en 31). Tenemos entonces que el partido que obtiene el control del ejecutivo tiene asegurado el control de la mayoría en el legislativo. El sistema de MA ha sido ocasionalmente cuestionado por considerarse menos representativo de los intereses de la sociedad que un sistema de representación proporcional integral, similar al existente en el Parlamento uruguayo”.
Las normas constitucionales ponen de manifiesto el importante rol que los órganos legislativos (el Parlamento Nacional o las Juntas Departamentales según el caso) cumplen en el contralor de la actividad de los órganos ejecutivos respecto de los cuales poseen competencia. La realidad ha demostrado, a través de los años y en todas las juntas departamentales del país, que las relaciones entre los Intendentes y los respectivos órganos legislativos nunca ha sido sencilla. El mencionado investigador Irigoin expresa asimismo que los mecanismos de asignación de escaños dentro de la Junta genera “una gran dificultad para que los partidos no ganadores puedan establecer contrapesos reales desde el legislativo, ya sea como partidos de control o como integrantes de coaliciones de gobierno”.
Es precisamente ese mecanismo de mayoría automática el que muchas veces hace fracasar las iniciativas de los ediles de la oposición a la hora de ejercer los mecanismos constitucionales de control de la gestión del Intendente, dentro de los cuales se encuentran las comisiones investigadoras, que casi siempre termina en dos informes antagónicos, uno en mayoría que respalda la posición del Ejecutivo, y uno en minoría que nunca llega a nada. A lo largo y ancho del país el tristemente célebre mecanismo de “manos de yeso” transforma a la mayoría del partido del Intendente en una aplanadora que desconoce los derechos de un sector importante de la ciudadanía a ejercer sus derechos más elementales. Como suele pasar con demasiada frecuencia los que pierden no son los políticos de la oposición (quienes seguramente se comportarán de la misma manera si les toca lograr dicha mayoría) sino el ciudadano de a pie, el eterno olvidado, quien seguirá sin saber en qué forma o por cuáles montos se utilizaron los dineros públicos de los cuales es el único propietario legítimo. Esta ingeniería electoral de las elecciones departamentales prevista por la Constitución de nuestro país le otorga mayor valor a la decisión del Intendente Olivera ya que implica renunciar a un derecho constitucional que lo ampara y que consiste en la Mayoría Automática antes mencionada. El efectivo cumplimiento de lo anunciado supondría una contribución concreta, concisa y clara a la transparencia en la gestión del Ejecutivo departamental, lo cual sin dudas redundaría en beneficios para todo el sistema político y para los propios ciudadanos de este departamento. Al fin y al cabo, se trata nada más y nada menos de una acción en pos de la mejora de la calidad democrática del departamento, ya que como ha señalado el investigador mexicano David Alonso Canales Vargas “La concepción de la democracia se ha ido transformando a través de la historia. La doctrina moderna considera como incuestionable que transparencia y rendición de cuentas, son elementos esenciales del nuevo paradigma de las democracias en la era contemporánea. Son rasgos fundamentales y necesarios de toda democracia consolidada”.
La decisión del Intendente Olivera es doblemente oportuna, en especial por su decisión de entregar distintas áreas de la gestión de la Intendencia a la Fundación a Ganar, una política que ha sido duramente criticada por distintos sectores de las fuerzas políticas y sociales del departamento y por el público en general.
Incluso en estas páginas, en editorial del 3 de enero del presente año y bajo el título “Centros CAIF: fin de año con sabor amargo” criticamos la forma en que la Intendencia decidió no renovar los contratos de trabajo de 120 funcionarios contratados para los 8 centros CAIF que administra la Intendencia Departamental –junto al Centro Siempre de Jardines del Hipódromo, para padres que estudian o trabajan, en medio de un llamado a licitación (finalmente ganado por la Fundación A Ganar) que cuando menos debería haber contado con mayores plazos para permitir la participación de otras entidades que pudieran haber estado interesadas en la gestión que antes realizaban los mencionados centros CAIF.
Es que no caben dudas que el procedimiento llevado a cabo es legal y se ajusta a Derecho, pero es evidente que la forma –una licitación relámpago que tomó por sorpresa a todos, menos a la Fundación ganadora– choca con el espíritu de la norma, que es lograr que la mayor cantidad de interesados se presenten en competencia en igualdad de condiciones.
La realidad es que a las tareas de control que la oposición puede y debe desarrollar en la Junta Departamental, se suma ahora la voluntad política del intendente Olivera para que los votos de la bancada nacionalista apoyen la formación de comisiones investigadoras. No pueden quedar dudas que se trata de una noticia alentadora, cuya efectiva implementación redundará en beneficio de todos los sanduceros. Para lograrlo, descontamos que los ediles del oficialismo y de la oposición estarán a la altura de las circunstancias.