Esta pandemia ha servido para revelar quién es quién en el contexto político uruguayo y la altura de la discusión, enmarcada en una circunstancia que preocupa a una población agotada y tensionada por las estadísticas diarias.
Intentar mantener sus vidas dentro de la “nueva normalidad” y la preocupación por el distanciamiento con los afectos, marcan las agendas personales. Mientras tanto, ocurren los desencuentros en las redes sociales o a través de otros medios de comunicación, en un estado de situación que responde a nuestra democracia. El problema es no querer ver que dentro de ella no todo vale.
Mientras se instalaba la polémica por el ritmo “lento” de vacunación en Uruguay, los guarismos ubicaban al país como uno de los más veloces en inoculación en América Latina, incluso por encima de Chile. Con el 58,7 por ciento de su población inmunizada, sobrepasa al cercano 57,58 por ciento de los trasandinos. Además, ambos son los primeros en vacunar a la población mayor de 12 años.
Frente a un virus con alta capacidad de mutación constante –y eso alcanza con comprobarlo por las nuevas cepas– la inmunización llegó solo al 0,3 por ciento de los países más pobres. Por lo tanto, también confirma que el elevado nivel de desigualdad global sigue intocable, a pesar de cambiar las caras de quienes gobiernan.
Y si sólo se ha fabricado la décima parte de las vacunas que se necesitan, no es muy difícil concluir que no se llegará a la inmunización mundial que se requiere para avanzar sobre esta pandemia. Es decir, en torno al 70 por ciento de la población total del planeta.
En Uruguay se constatan algunos aspectos positivos, a pesar de la negativa constante de un sector de la política uruguaya a verlo. Los residenciales de ancianos dejaron de ser noticia porque ya no ocurren brotes, la carga viral entre los funcionarios de la salud ha bajado y continúa el descenso de la ocupación de los CTI a nivel nacional.
La situación sanducera sigue, muy lamentablemente, fuera de esta realidad porque sus casos diarios no descienden y define un panorama complejo en las salas COVID-19 y en los CTI. Pero, es justo destacar, que por esa realidad también pasaron otros departamentos como Rivera, que hoy atraviesa por una circunstancia más auspiciosa.
Chile va por una nueva cuarentena total en su zona metropolitana, al igual que Argentina, que recientemente transitó por un nuevo período de restricciones. Y decir “nuevo” no es referirse a una medida novedosa, sino a los resultados de los aislamientos anteriores resueltos por sus gobiernos. Es decir, sin grandes consecuencias por haber “bajado las perillas”.
Mientras las críticas se instalaban sobre los atrasos en la llegada de las dosis, el país comenzaba a desarrollar una agenda intensa de vacunación con una alta respuesta de la población. Y cuando aquellos que no están dispuestos a asumir el riesgo de las decisiones políticas reclamaban un “lockdown” de nivel nacional, en Montevideo no se “revisaba la estrategia” con respecto a la apertura de las ferias, locales comerciales o gastronómicos, con el único fin de bajar la movilidad porque así bajan los contagios.
Es que la relatividad de los reclamos por medidas de apoyo o subsidios, tampoco se aplica en territorios que quienes se oponen a la política sanitaria actual gobiernan desde hace décadas. De lo contrario, las fotografías que circulan por todos lados no mostrarían al transporte colectivo de pasajeros abarrotado en horas pico. Es decir, sin mayores posibilidades de mantener la necesaria distancia social.
Lo mismo para el control de los espacios públicos y el necesario auxilio de la fuerza pública para eso. O la limpieza de amplias zonas y cinturones de la capital, que desde hace décadas permanecen intactas a pesar de estos tiempos de pandemia, donde las exhortaciones a mantener la higiene se hacen urgentes.
Porque ha quedado comprobado que las restricciones generan una mayor pobreza que no se solucionará con subsidios o exoneraciones, ni a mediano ni a largo plazo. Y cuando el argumento se vuelve fuerte sobre los sectores que reclaman un confinamiento, citan a organizaciones sociales de relevancia entre los reclamantes. Sin embargo, olvidan reseñar que es la opinión de una mayoría de sus dirigentes y no la totalidad de sus afiliados, algunos de los cuales han sentido la necesidad de aclarar que no se sienten representados en esos desencuentros y salidas constantes a los medios.
Es indudable que los efectos de la pandemia trascienden a la COVID-19 y sus estadísticas. Son efectos inherentes a la conducta humana, tan contradictoria. Esa misma que reclama por apertura de sectores de la cultura y el entretenimiento ampliamente castigados, pero que no está de acuerdo cuando se llevan a la práctica las primeras medidas piloto que no serán obligatorias para nadie. Sin dejar de mencionar que son ámbitos de la producción nacional, absolutamente necesarios para mejorar los estados de ánimo de una población estresada, desde que transitamos 15 meses desde el 13 de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria.
Pero no es posible que tanta incoherencia junta pase inadvertida. Porque mientras es notorio el esfuerzo por el “cuanto peor, mejor”, existe una población que cada fin de semana demuestra que no está de acuerdo con ajustarse a una “perilla” que no aclaran por dónde apretar. Porque mientras hablan de bajar la movilidad a esta altura de los acontecimientos, tampoco proponen una forma de mejorar el estado de la salud mental de las personas. Pero seguramente tampoco lo vean por ese lado. El énfasis está en el vocablo “fracaso”, mientras le buscan la vuelta a nuevas interpelaciones. Esas mismas que, como la última a Azucena Arbeleche, se extendieron por 16 horas. Allí, sí, se ve que estaban “dadas las condiciones”.
