El tema y las repercusiones de la contratación y posterior cese de contrato de Sergio Germán Escobar Mattos (53 años), en la Intendencia de Paysandú no termina. Ahora los coordinadores de las dos bancadas de la oposición en la Junta Departamental plantean un pedido de informes al intendente Nicolás Olivera para que se “transparente todo su proceso de contratación; qué funciones cumplió, en dónde y por cuánto tiempo, despejando así las afirmaciones que apuntan a que este señor (Escobar) realizaba tareas de supervisor y no como usted lo relata de que era un simple peón de la cuadrilla. Sería bueno también que diera total transparencia a la resolución que decidió desvincularlo mostrando y explicitando claramente cuáles fueron las razones de su cese”.
Marco García (Frente Amplio) y David Helguera (Partido Colorado) se mostraron “perplejos” por las declaraciones realizadas por el Intendente de Paysandú a una radio de Montevideo. “En un pasaje de la misma usted, refiriéndose a Sergio Escobar quien fue condenado por delitos de proxenetismo y trata de personas, admite que fue un ‘error’ el haberlo contratado de ‘manera discrecional’ como lo ha hecho con más personas y puntualmente sobre Escobar indicó que ‘el error fue la forma en que se lo contrató, quizás desprovisto de una institucionalidad o de un convenio’; reconociendo además que lo hizo porque ‘el hombre dio una mano en su momento en la campaña como tantos sanduceros más’”.
García y Helguera sostienen que el Intendente de Paysandú “incumplió las normas vigentes para la contratación de personal para pagar favores políticos de su campaña electoral, favoreciendo a sus correligionarios. Agregando que ‘hay traficantes de armas, hay homicidas, hay otra gente con antecedentes profusos que trabaja en la Intendencia. No es por ahí el error. El error fue la forma en que se la contrató’”, explicó y señaló además que no era “ajeno a lo que el hombre supo ser”.
Esas declaraciones, entrecomilladas de manera parcial, hacen afirmar a los coordinadores de las bancadas del Frente Amplio y Partido Colorado que si Nicolás Olivera “tiene conocimiento de lo que afirma saber públicamente, lo que tiene que hacer es denunciarlos como corresponde, porque es su obligación y responsabilidad como Intendente y como cualquier funcionario público, denunciar cualquier hecho con apariencia delictiva; algo que usted señor Intendente, sabrá más que nosotros por su formación de abogado”.
“Queremos que nos informe, cuántos son esos funcionarios (traficantes de armas y homicidas entre otros) a los que usted se refería y en qué área o áreas de la Intendencia revisten funciones, pidiendo que indique qué tareas realizan y si son funcionarios presupuestados, contratados o tercerizados por ejemplo si son dependientes de la Fundación A Ganar”, agrega la solicitud de García y Helguera.
