Los problemas de competitividad ya crónicos que padece el Uruguay tienen un origen diverso, pero sin dudas existe consenso en cuanto a señalar que es un país caro en el comparativo internacional, al punto que ha sorprendido a muchos viajeros de nuestro país encontrarse con que los productos de góndolas en ciudades europeas e incluso en Estados Unidos, tienen precios menores a los similares que se venden en Uruguay, donde los ingresos son muy inferiores, la calidad de vida también y ni que hablar de los servicios.
Más allá de las políticas de sucesivos gobiernos de todos los partidos que como regla general pretenden mantener el dólar “planchado” todo lo que se pueda, en desmedro de las posibilidades de competir de nuestros productores, con el objetivo de mantener contenida artificialmente la inflación y los precios internos, es notorio que se ha pretendido mantener cierto equilibrio muy difícil de sostener, para que la realidad no se manifieste en forma traumática cuando las distorsiones trepan a niveles imposibles de manejar.
Pero hay otros aspectos a tener en cuenta en esta problemática, y también refiere a que los precios internos se forman con artículos y materias primas que se importan, y tienen incidencia significativa.
Al respecto, se conoció en los últimos días un informe de la Consultora CPA Ferrere, la que entre otros puntos destaca que la poca competencia entre importadores es una de las razones para que Uruguay sea un país caro, y sostiene que los precios de algunos bienes de consumo básicos son más elevados que en otros países de la región.
De acuerdo al estudio del que da cuenta Montevideo Portal, en una comparación entre los precios de algunos productos en supermercados de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, en un trabajo hecho a pedido de la cadena de supermercados Ta-Ta, se encontró que en Uruguay los precios al consumo de algunos artículos básicos (tocador, higiene personal, productos de limpieza, ropa, alimentos y bebidas), y en especial importados, son significativamente más caros que en los otros tres países de las región; algo que conocemos muy bien los sanduceros, que solíamos comprar en masa esos productos en Colón, antes de la llegada de la pandemia.
En tanto, en el trabajo que fue liderado por los economistas Sebastián Fleitas y Gabriel Oddone, se afirma que en cambio productos de origen nacional no presentaron diferencias relevantes en los precios.
Entre los productos que tomó en consideración el estudio se destacaron pasta dental, enjuague bucal, champú, acondicionador, desodorante antitranspirante, jabón de tocador, papel higiénico, jabón en polvo, jabón líquido para ropa, mayonesa, sal fina, café, enlatados, galletas y cerveza.
“Las diferencias de precios son significativas. Este fenómeno parece ser más evidente en bienes producidos en el resto del mundo, es decir importados desde Uruguay”, señala el informe. El informe realizado por CPA Ferrere sostiene que en Uruguay existen en los productos importados una concentración en la importación y la distribución comercial de algunos bienes, a raíz de prácticas y regulaciones que favorecen dicha situación.
En este sentido, el estudio sugiere que en los casos de productos como alimentos y bienes de consumo personal, existe una sola firma importadora, debido a que el productor de origen le da a un distribuidor nacional la exclusividad en la representación de la marca en el país.
En estos casos, además de una variable que puede estar asociada al pequeño tamaño del mercado nacional, el trabajo indica que “a nivel general es frecuente encontrar prácticas de mercado que no fomentan la competencia en negocios de importación de bienes”.
Consignan los profesionales que “un ejemplo de ello son los acuerdos de exclusividad de importación, que son conocidos dentro de las prácticas de competencia como acuerdos de trato exclusivo (exclusive dealing). En general, las políticas de defensa de la competencia tienden a considerar estos acuerdos de trato exclusivo bajo la ‘regla de la razón’, y por lo tanto son evaluadas a la luz de la evidencia que debe ser presentada antes de tomar decisiones sobre su conveniencia o prohibición. Cuando no se trata de productos especializados o que no requieren de servicios post ventas complejos, los acuerdos de trato exclusivo podrían eventualmente evaluarse como perjudiciales”.
Sin embargo, aunque se maneja la opción de importar marcas más baratas que sean producidas por un productor alternativo de manera de aumentar la competencia, “este canal tampoco parece ser una alternativa viable”, se apunta.
“En el análisis de las ventas que se realiza en el trabajo, todos los productos con diferencias de precios significativas presentan elevadas cuotas de mercado. Ello sugiere que los consumidores uruguayos tendrían una mayor disponibilidad a pagar por determinadas marcas en base a razones de preferencia, con relativa independencia de su precio o la disponibilidad de bienes alternativos”, se señala.
Otra limitación que se menciona en el trabajo sobre la posibilidad de importar bienes desde un origen diferente que fomente la competencia entre marcas de algunos productos, radica en algunos “requisitos para inscribir productos que podrían limitar en la práctica la multiplicidad de registros, y con ello las importaciones paralelas” en el país.
En este sentido, se afirma que “más allá de las estrategias empresariales de los privados (que pueden estar asociadas a prácticas comerciales que imponen los productores de origen), son necesarios cambios en la política pública para favorecer la intensidad de la competencia en estos mercados”.
El informe plantea la necesidad de que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia “investigue los efectos potenciales de acuerdos de distribución exclusiva que limitan la competencia entre marcas”, considerando que se trata de bienes de consumo masivo y “servicios post-venta a priori poco especializados”.
Sin dudas que varios de los factores enunciados influyen en esta realidad de precios “inflados” en la comparativa mundial, teniendo en cuenta la concentración de los canales de importación y la pequeñez del mercado, que no obra como atractivo para generar una real competencia que beneficie al consumidor. Asimismo hay una interrelación profunda causa-efecto, desde que sin tomar en cuenta la incidencia del factor dólar, en nuestro país los precios de bienes y servicios, cualquiera sea su origen, son elevados en términos reales, e incluso los salarios en la comparativa salarial internacional medida en esta moneda, lo que realimenta esta realidad de “país caro”, muy difícil de revertir por cierto, desde que no es posible lograrlo si cortamos la realimentación en un solo factor, cuando estamos ante varias vertientes confluyentes.
Y más allá de la cuestionable lógica empresarial que trata de saltearse la competencia como elemento regulador natural de precios, tenemos sí como un debe impostergable el bajar el costo del Estado, que es el elemento distorsionante por excelencia, cuando impone sobrecostos al tramado socioeconómico interno, pero también para importar y para exportar.
Estos costos que no se traducen en mejores servicios ni infraestructura, sino en gastos exacerbados y prescindibles, se imponen por la vía de impuestos y servicios caros a los actores reales de la economía, y por ende, un Estado monopólico conspira contra la salud de la economía, mucho más que los monopolios privados de hecho, lo que no quita su incidencia negativa y para lo que deberían buscarse instrumentos correctivos.