La Comisión Nacional de Fomento Rural propone una “Política de Estado” que ratifique y reconozca el papel del Instituto Nacional de Colonización (INC) y de políticas claras y sostenidas de acceso, uso y tenencia de la tierra, como base sustancial de las políticas públicas diferenciadas para apoyar la Producción Familiar y el desarrollo sustentable.
A través de un comunicado, sostiene que “para la producción agropecuaria en general y para la producción familiar en particular, responsable del 30% del VBA y de gran incidencia en el desarrollo local, el acceso y la tenencia de la tierra, su función social y de mercado es un tema particularmente sensible, en un contexto en el cual hemos sido testigos de un marcado aumento de la concentración y extranjerización de la tierra y desaparición de unidades productivas”.
Agrega que para el fortalecimiento del INC “es imprescindible lograr una planificación y proyección del Instituto a mediano y largo plazo, para lo cual contar con determinadas certezas en su financiamiento es fundamental, tal como el mecanismo de aporte al financiamiento que se afectará si se aprueba el cambio anunciado en el proyecto de rendición de cuentas”.
En la CNFR “no estamos de acuerdo con la propuesta incluida en el proyecto de rendición de cuentas presentado por el Poder Ejecutivo, por medio del cual se destinan recursos del INC a un fideicomiso destinado a generar políticas hacia sectores vulnerables en asentamientos irregulares”.
Sostienen que “no debe haber una dicotomía entre apoyar a los sectores urbanos más vulnerables y fortalecer la herramienta del INC, ambas son necesarias y complementarias. De haber contado con políticas públicas a favor de la Producción Familiar y una herramienta como el INC fuerte en los últimos 50 años, seguramente el problema de los asentamientos hoy sería mucho menor”, agrega.
La gremial apoya que “se generen políticas destinadas a los sectores más vulnerables, pero consideramos que existen otras fuentes posibles y mayores, que incluso desde algunos sectores vinculados a la vivienda se vienen ya planteando, como por ejemplo: destinar el 0,1% del Impuesto al Patrimonio; revisar si efectivamente las renuncias fiscales realizadas por el Estado para viviendas con fin social, que ya llevan 1.400 millones de dólares acumulados en 10 años, han logrado el impacto esperado; revisar si no se detectan otras posibles fuentes de financiamiento dentro de los 3.300 millones de dólares de exoneración al capital u otras fuentes que no afecten a otros sectores con necesidades”.
Reivindican “la vigencia y necesidad de seguir fortaleciendo al Instituto Nacional de Colonización, desde mantener la fuente de financiamiento, la mayor dotación de recursos y mejora en la gestión, con capacidad de planificación en clave de política de Estado y como herramienta fundamental para la promoción de la Producción Familiar y un desarrollo rural sustentable”, finalizan diciendo.
