El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Fernando Mattos, acompañado por el subsecretario de la cartera, ingeniero agrónomo Ignacio Buffa y la directora general del MGAP, doctora Fernanda Maldonado, se reunieron con el grupo de trabajo para el programa de erradicación de la mosca de la bichera.
Este programa ha sido uno de los puntales de la gestión del anterior ministro, Carlos María Uriarte, y de acuerdo a expresiones de dos participantes de dicha reunión a Tardáguila Agromercados, el nuevo jerarca está de acuerdo a continuarlo, pero con variantes respecto a lo que se venía manejando.
Se remarcó que este proyecto debería estar en la órbita del MGAP y no se debería crear un nuevo instituto para su puesta en funcionamiento y desarrollo. En principio se habló de que pasará a la Dirección de Sanidad Animal, sin embargo se explicó que, de acuerdo a los asesores legales del propio ministerio que acompañaron al grupo de trabajo, es prácticamente inviable por la demora que se genera en los trámites internos para la realización de adquisiciones y contratación de personal. “Por ejemplo, si hay que salir a comprar combustible, el trámite puede llevar varios días, cuando la campaña necesita celeridad en los procesos” dijo un integrante de la reunión.
El encuentro estaba previsto para que durara media hora, sin embargo terminó desarrollándose en una hora y media. Dentro de las alternativas que manejó Mattos, estuvo la de desarrollar el programa dentro del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), donde se plantearon algunas limitantes para llevarlo adelante y posteriormente se planteó en el Instituto Nacional de Carnes (INAC), si bien esto aún no está definido.
“Lo que quedó claro es que durante la última semana cambiaron varias cosas dentro del MGAP, inclusive el ministro”, dijo un participante de dicha reunión.
Por otro lado, continúa sin lograrse un consenso en la interna de las gremiales, por la financiación del programa. Tema que no fue abordado por el ministro.
En principio se plantea mantener por el período de un año y medio el 1% a la venta de semovientes que actualmente se destina al fondo coronavirus, lo que permitiría recaudar los 40 millones de dólares necesarios para el programa, sin embargo la Asociación Rural del Uruguay (ARU) se opone a dicha propuesta, porque entiende que la derogación del mismo ha sido una promesa de campaña del actual gobierno y debe concretarse, según las fuentes consultadas.
