Resulta llamativo y hasta contradictorio que se esté promoviendo en el parlamento, a instancias del partido Cabildo Abierto, que integra la coalición de gobierno, una revisión de la Ley de Desarrollo Forestal –incorporando limitaciones a la forestación–, la cual ha sido una de las escasas normas asimiladas a políticas de Estado, y que ha sido incluso instrumento utilizado durante los tres gobiernos del Frente Amplio, partido que votara contra la ley cuando era oposición.
A juicio de observadores de la actividad parlamentaria, se trata de un proyecto polémico de esta administración y no hay una posición única definida en el Partido Nacional ni entre los sectores que conforman la coalición gubernamental. La iniciativa apunta a modificar el marco normativo que rige la forestación y establece determinados límites a las plantaciones en suelos de prioridad forestal.
El proyecto fue presentado por Cabildo Abierto a fines del año pasado y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, que lo aprobó en diciembre y ha pasado por lo tanto a la Cámara de Senadores para completar el trámite parlamentario.
Sin embargo, en comisión de la Cámara Alta, el saliente ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, no dio prioridad al tratamiento del asunto, lo que provocó reacciones adversas en Cabildo Abierto, uno de cuyos senadores, Guillermo Domenech, subrayó que es de muchísima importancia: “dilatarlo es contraproducente, incluso para la imagen del sistema político, que parecerá que tuviera dificultades para pronunciarse sobre un tema que es importante y vital para el agro”, sostuvo.
El senador nacionalista Sebastián Da Silva no es tan entusiasta como su colega Domeneche, y dijo al respecto que “la forestación no es el inicio ni el fin de la actividad agropecuaria, y actualmente hay otros temas que también son urgentes”, mientras que su colega del Partido Nacional, Sergio Botana, por su lado evaluó que “no se puede tratar a la ligera un proyecto de ley que contiene el destino de la tierra en el Uruguay”.
Según destaca el semanario Búsqueda, la mayoría de los sectores políticos coinciden en la necesidad de actualizar la normativa legal sobre la forestación, considerando que hubo cambios y transformaciones importantes en el agro y en la economía uruguaya respecto a lo que sucedía en los años ‘90.
La ley que sentó las bases del desarrollo forestal es la 15.939, promulgada en 1987 durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, pero fue instrumento de desarrollo del sector utilizada por todos los gobiernos desde entonces, tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio, y ha logrado que se plantaran cientos de miles de hectáreas de eucaliptos y pinos y se instalen tres plantas de celulosa para exportación, entre otros emprendimientos que utilizan madera como materia prima.
El expresidente Sanguinetti precisamente ha indicado que el Partido Colorado aspira a que el proyecto de ley sobre forestación presentado por Cabildo Abierto ni siquiera sea tratado por la Comisión de Ganadería del Senado, donde espera turno desde el mes de febrero.
“Hemos impugnado el proyecto que está en el Senado. Aspiramos a que ni siquiera se trate y si se trata estaremos totalmente en contra. No debe haber ley”, dijo a El Observador Julio María Sanguinetti, en tanto que el actual presidente Luis Lacalle Pou ya había anunciado que en caso de ser aprobada vetaría la iniciativa.
Para Sanguinetti la forestación “es esencial para el desarrollo nacional” y “ha sido el cambio estructural más importante en la economía del país. Cambiar las reglas de juego hoy es comprometer una expansión que aún tiene enormes posibilidades que están creciendo”.
Aseguró además que avanzar con el proyecto presentado por Cabildo Abierto “es transformar una legislación de estímulo en una legislación de sospecha”.
Precisamente el partido que lidera Guido Manini Ríos también ha planteado revisar las exoneraciones que benefician al sector forestal, al punto de tratar de equipararlo con el resto del sector agropecuario.
Sin dudas que estamos ante una problemática que tiene muchas puntas y que en este caso implica la revisión de leyes de juego que han alentado y logrado el desarrollo del sector forestal, además de emprendimientos como las plantas de celulosa que se han constituido a esta altura en uno de los pilares de exportación en el área agropecuaria. Basta recorrer el interior del país para comprobar los efectos beneficiosos y el derrame de este rubro en la economía nacional, donde se puede viajar por carreteras en un estado inimaginable hace tan solo 10 o 15 años, cuando ni siquiera las principales rutas del país se encontraban tan bien como algunas de las secundarias de ahora, por ejemplo. De hecho, si la Uruguay tiene posibilidades de salir no tan mal parado de la crisis por la pandemia del coronavirus, en gran medida es gracias a la forestación y las papeleras.
La experiencia indica que no es buena señal para potenciales inversores el cambiar sobre la marcha reglas de juego que han funcionado y traído aparejadas fuertes inversiones, con explotaciones de largo plazo, menos aún cuando las motivaciones para esta iniciativa de la revisión aparecen con un fuerte sesgo supuestamente ambientalista, pero deja dudas en cuanto a su equilibrio y objetivos.
En suma, se requiere hilar muy fino cuando de lo que se trata es de tocar aquello que ha funcionado, y en cambio aparece como sustancial abordar sí aspectos que tiendan a dotar de valor agregado a la madera dentro de fronteras, que es uno de los déficit que aqueja a este sector.
Pero este aspecto queda de lado en la normativa que se propone para el sector forestal, el que en volumen y valores ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, al punto que tiene un peso actual de alrededor del 3 por ciento en el Producto Bruto Interno (PBI) y da trabajo a más de 17.000 personas en forma directa.
En realidad, si bien las normas inherentes a la forestación podrían ser objeto de revisión y actualización, todo indica que el objetivo prioritario en los legisladores debería ser el de aguzar el ingenio para promover emprendimientos que incorporen valor agregado a la madera, en lugar de hacer hincapié solo en la afectación de la tierra y el aspecto tributario, porque lo que se requiere son más fuentes de empleo de calidad y reciclaje de riqueza, antes que buscarle la quinta pata al gato.