Intendentes piden que Ejecutivo retire norma que reduce recursos si no actúan como “policía territorial”

Mesa del Congreso de Intendentes, presidida por el intendente de Durazno Carmelo Vidalín.

Carmelo Vidalín, intendente de Durazno y presidente del Congreso de Intendentes dijo estar “seguro” que el artículo 207 del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas será retirado. El mismo causó –como lo reconoció Vidalín– “molestias al Congreso de Intendentes”, en la medida que le da facultades al Poder Ejecutivo para descontar parte de la partida de fondos que reciben los gobiernos departamentales. Cuando se compruebe “la omisión de acciones o el no ejercicio del cometido de policía edilicia de parte de los gobiernos departamentales” se procederá al descuento y ese dinero se destinará a cubrir los gastos que el gobierno nacional tenga para el desalojo y reubicación de asentamientos irregulares.

El dinero saldrá del “descuento de las partidas asignadas por el literal C del artículo 214 de la Constitución de la República”, que a su vez están reglamentadas en la ley de Presupuesto.

La norma constitucional determina que “los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los gobiernos departamentales. A este efecto, la Comisión Sectorial referida en el artículo 230, asesorará sobre el porcentaje a fijarse con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo establecido en el inciso primero”. En todo el país se distribuye el 3,33% del Producto Bruto Interno. El coeficiente de Paysandú es de 5,62%.

Ante Telemundo, Vidalín defendió que estas partidas pertenecen a las intendencias. “Son recursos propios, genuinos de las intendencias. Estos se recaudan en el Interior, los administra el gobierno nacional y luego vuelven de acuerdo a un coeficiente establecido”. Ante el rechazo de los intendentes de todo el país se creó una comisión integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes.

El intendente de Salto y primer vicepresidente del Congreso de Intendetes, Andrés Lima, sostuvo que hay “unanimidad” entre los gobernadores departamentales para reclamar al gobierno que elimine del proyecto de Rendición de Cuentas el artículo 207, que propone descontar dinero de sus partidas a las intendencias para financiar el desalojo y realojamiento de cada nuevo asentamiento irregular.

Lima aseguró a radio Universal que los intendentes coinciden con el gobierno nacional en que “es necesario frenar los asentamientos”, pero pidió que en la propuesta presentada por el Ejecutivo “la responsabilidad no recaiga en las intendencias exclusivamente”.

Desde su punto de vista, “las intendencias, con el gobierno y el Ministerio de Vivienda, debemos discutir todo lo que tiene que ver con los asentamientos”.
“Planteamos generar un ámbito de discusión, de trabajo, de conclusiones y de ejecución, como lo hemos hecho con la pandemia, pero no resolverlo unilateralmente”, indicó el intendente salteño.

ESTUDIAN CREAR EL SUCIT

El Sistema Único de Cobro de Impuestos Territoriales (Sucit), inspirado en el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) se estudia en el Congreso de Intendentes, aunque parece improbable que se ponga en marcha antes de 2026, ya en el próximo período de los gobiernos departamentales.
El sistema se aplicaría a la Contribución Inmobiliaria pero no para unificar los montos a cobrar (hay enormes diferencias entre padrones en Punta del Este y Artigas, por ejemplo) sino como un instrumento para unificar los criterios de cobro.

Se entiende desde el Congreso que las alícuotas que las intendencias aplican sobre los tributos como la contribución inmobiliaria están en uso hace mucho tiempo y no se han adaptado para reflejar los cambios en la dinámica urbana de las ciudades ni en la cobertura de los servicios.
Con la intención de mejorar la recaudación, uno de los objetivos es centralizar las gestiones de cobro y control de morosidad, aun cuando no se considera tercerizar el cobro de la cartera morosa.