Tras otros dos años de investigación (completando seis) la Justicia resolvió archivar las denuncias por abuso de funciones en la organización y desarrollo de la 48ª Semana de la Cerveza (2013) del entonces intendente departamental Bertil Bentos, del presidente del Comité Organizador Ramiro Díaz y otros.
Con el archivo de las actuaciones se da por cerrado el caso iniciado en abril de 2015 por las bancadas del Frente Amplio (13 ediles) y del Partido Colorado (2) en la Justicia Penal, después del polémico “cierre” de la Junta Departamental que por dos meses no mantuvo sesiones, por determinación de la bancada predominante, la del Partido Nacional. Se estaba al borde del cambio de gobierno departamental, donde iba a asumir Guillermo Caraballo como intendente y la bancada mayoritaria pasaría al Frente Amplio.
La juez letrada de segundo turno de Paysandú, doctora Rossana Martínez Fernández, tras “ardua instrucción, informes, documentos agregados y demás diligencias probatorias obrantes”, considera que la fiscal “concluye que la conducta del señor Bertil Bentos y los funcionarios indagados que actuaron en su Administración” en la época de los hechos investigados no puede ser considerada dentro de la “la figura prevista por el artículo 162” del Código Penal (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley).
“NUESTRA ACTUACIÓN SE AJUSTÓ AL DERECHO”
Bertil Bentos, principal investigado en el caso, dijo a EL TELEGRAFO que “la resolución de la juez, pone punto final a un tema cuyo origen e intenciones solo fueron políticas, sin importar el daño a nivel de imagen personal y el dolor causado al entorno familiar, desconociendo claramente los denunciantes la normativa en la cual nos amparamos en nuestra gestión al frente de la Intendencia”.
“Estamos en un Estado de Derecho, siempre confié que en su momento, la Justicia pondría las cosas en su justo lugar”, destacó.
Para Bentos la decisión de la Justicia “deja meridianamente en claro que desde el punto de vista legal, nuestra actuación cuando estábamos al frente de la Intendencia de Paysandú se ajustó al derecho, ya que los hechos denunciados en cuanto a pago de retribuciones personales y Administración de fondos públicos por parte del Comité de la 48ª Semana de la Cerveza, no estaban viciados de violación a la figura legal cuestionada”.
“Más allá de mi convicción de que se había actuado ajustado a la norma legal”, siguió diciendo Bentos, “igualmente para reafirmar nuestra posición, en su momento realizamos consultas a un catedrático en Derecho Administrativo, quien confirmó que lo actuado en cuanto a sueldos se ajustaba en un todo a las normas legales vigentes y a las cláusulas previstas por el Presupuesto Quinquenal, basado en artículos que incluso habían sido aprobados por unanimidad en la instancia de aprobación presupuestal, y que deliberadamente no fueron tenidas en cuenta por los denunciantes”.
Subrayó que “ellos mismos aprobaron lo que años después cuestionaron. Se olvidaron de lo que hicieron. Fueron tras la politiquería vil, pero la Justicia –aunque lleva tiempo– siempre pone las cosas en su lugar. A ella me sometí como corresponde, y mi nombre, el de otros involucrados y el de nuestras familias emerge ahora a los ojos de la opinión pública tan limpio como siempre estuvo. Quien nada malo hace, nada teme. Y si algo me mantuvo firme en estos años, fue el coraje de saber que la verdad estaba de nuestro lado. Que los pobres de espíritu sigan con su política –como se dice ahora– carroñera”.
En cuanto a lo realizado por el Comité de la 48ª Semana de la Cerveza, Bentos subrayó que “se ajustó a la normativa en lo que hace al manejo correcto de fondos públicos. No es posible sacar cosas de contexto y desconocer la complejidad de su actuación en cuanto a organizar y resolver temas de suma importancia, para un evento de estas dimensiones, generalmente en plazos acotados y perentorios”.
“Esta denuncia que sólo perseguía fines políticos, mucho me afectó a nivel nacional, familiar y qué decir a nivel político. Pero bueno, di todo por mi departamento y lo volvería a hacer con la misma fuerza, convicción y lealtad. En definitiva es lo que importa cuando se pasa raya y se hace la suma”, resumió el principal involucrado en la denuncia.
SE HABÍA REACTIVADO EN 2018
En diciembre de 2018 la Justicia reactivó el caso que investigaba presuntos actos de abuso de funciones de funcionarios municipales que integraron el Comité Ejecutivo de la 48ª Semana de la Cerveza, en 2013.
La juez letrada de Segundo Turno, Rossana Martínez Fernández desestimó entonces la posición de la fiscal Estela Long que había indicado que los hechos denunciados por los entonces ediles departamentales Mauricio de Benedetti, Liliana Geninazza (ambos entonces coordinadores de bancada del Partido Colorado y el Frente Amplio respectivamente) y otros, habían prescripto, basándose en el numeral 2 del artículo 162 del Código Penal, que establece esa figura a los 4 años.
Pero la juez letrada determinó estableció que “Declárase no prescripta la acción penal por el delito de Abuso Innominado de Funciones en relación a los miembros del Comité Organizador que revestían la calidad de funcionarios municipales de la 48º Semana de la Cerveza y del exintendente Bertil Bentos respecto a los hechos relacionados exclusivamente con dicho evento”.
Por lo tanto el caso volvió a la doctora Long, tras la Feria Judicial Mayor de fines de 2018 y comienzos de 2019.
INFORME DE LA AUDITORÍA
El Tribunal de Cuentas había aprobado el informe de la auditoría financiera que investigó la administración de la 48ª Semana de la Cerveza por resolución del 4 de marzo de 2015. La investigadora se había integrado tras pedido de la Junta Departamental de Paysandú del 30 de setiembre de 2013, aprobada por los tres partidos representados. La moción correspondió al entonces edil del Partido Colorado Martín Flores.
En lo que se basaron las dos bancadas de oposición para realizar la denuncia penal fue el capítulo de “Limitaciones” de la auditoría.
Se determinaba que faltaba documentación, especialmente relacionada al pago de parte de los artistas nacionales e internacionales contratados. Tampoco la auditoría pudo establecer “la asignación de tareas a las personas que participaron en la organización de dicho evento, fueran o no integrantes del citado Comité, no habiéndose proporcionado información detallada al respecto”.
En lo referente a entradas la auditoría se determinó que con la información proporcionada no se pudo “determinar la venta de entradas para cada espectáculo y efectuar la conciliación con la documentación emitida por Agadu”.
Asimismo se había cuestionado el pago de honorarios adicionales a directores de confianza, que no correspondía.