El debate acerca de la obligatoriedad o no de la vacuna contra la COVID-19 es más antiguo que la existencia de este medicamento, nació cuando con la pandemia ya instalada varios laboratorios internacionales se envolvieron en una carrera para su desarrollo.
Las misma Organización Mundial de la Salud no se pronuncia al respecto y deja la decisión en manos de cada estado: “Hacer las inmunizaciones un requisito será decisión de cada país o empresa, pero según la agencia de salud de las Naciones Unidas es vital asegurarse de que las personas tengan toda la información correcta sobre su efectividad y seguridad para que puedan tomar una decisión personal sobre si aplicarse la vacuna. Los expertos explican que en algunas situaciones, como la de algunos trabajadores de salud, sí es posible que haya una ‘fuerte recomendación’ de vacunarse”.
Aquí en nuestro país la vacuna no ha sido incluida dentro de las obligatorias, porque sí, en Uruguay hay vacunas obligatorias y a excepción de algún caso muy sonado en su momento, no se había establecido una discusión en torno a esta situación.
La Universidad de Montevideo (UM) realizó a mediados de marzo (la fecha es importante) un seminario virtual sobre los aspectos legales de la vacunación contra el COVID-19, que fue abierto con el disparador: ¿Las empresas pueden exigir la vacuna a sus empleados?
La respuesta a este planteamiento de parte del Dr. Matías Pérez Del Castillo fue que “un empleador no puede obligar a un trabajador a vacunarse contra el COVID-19, ya que no existe una fuente jurídica que pueda invocar para justificar esa obligación”. Agregó que en Uruguay “la normativa que hay sobre vacunas obligatorias taxativamente especifica cuáles son las que deben darse, por un lado, los ciudadanos y, en relación al trabajo, los trabajadores (…) y en esa regulación no está comprendida la vacuna contra el COVID-19”.
En ese momento el profesional agregaba que, de acuerdo con el Decreto 406/88, los empleadores deben obligar al personal a darse “vacunas efectivas”, al que “algunos empleadores están invocando para fundamentar esta exigencia de que el personal se vacune”. Pérez del Castillo agregaba que esta precisión de “vacunas efectivas”, dejaba fuera de consideración a la situación actual, dado que “justamente una de las cosas que está en tela de juicio es si esta vacuna es o no efectiva”. Hoy, cuando los números de la pandemia están en descenso en el país y la única explicación posible para ello es la vacuna, puede decirse que tal o cual será más o menos efectiva, pero que es efectiva la vacuna, es hoy indiscutible.
Claro, más allá de eso, también señalaba que existe una cuestión formal, “y es que la Constitución establece que los derechos fundamentales solo pueden ser limitados por leyes aprobadas por razones de interés general. Por leyes y no por decretos aprobados por el Poder Ejecutivo de turno”. Y agregaba al respecto que “el derecho fundamental que se estaría limitando al exigir la vacunación obligatoria es el de la salud de los trabajadores que optan por no vacunarse”.
Así las cosas, aparece en escena a partir de junio de este año un nuevo instrumento, conocido como “pase verde”.
Antes, una de las primeras referencias al respecto la hizo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al mencionar en una conferencia de prensa que se trata de un instrumento que se está empezando a utilizar en los países que estaban vacunando. La primer referencia la hizo el mismo primer mandatario luego del acto por el 18 de mayo en Las Piedras, cuando dijo que el gobierno analizaba instrumentar “un plan piloto para que el público inmunizado con las vacunas contra la COVID-19 o que presente el resultado negativo de un test rápido adquirido en las farmacias y avalado por Agesic pueda ingresar a los espectáculos públicos”, según consta en el artículo disponible en la página de Presidencia de la República (gub.uy). En el mismo contacto con los medios que dieron cobertura al acto el presidente adelantó que enviará un proyecto de ley al Parlamento para no mover de fecha los días feriados, un anuncio que tuvo mayor repercusión en ese momento.
Al fin que, antes de transcurrido un mes, el 5 de junio, se realizó el primer ensayo en el complejo Adela Reta del Sodre, rodeado de polémicas, por un paro de los trabajadores del Sodre que obligó a que el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, terminara tomando la temperatura al ingreso de los espectadores, pero también con dos manifestaciones en los alrededores, por un lado de grupos de artistas que se oponen al mecanismo y por otro de organizaciones antivacunas, que consideran que de cierta forma, con mecanismos como estos se está obligando indirectamente a la población a vacunarse. Y es en este punto donde les asiste razón.
La experiencia fue exitosa, en la medida que una semana después el rastreo de los asistentes mostró que nadie se había contagiado de COVID-19 al concurrir al espectáculo del Ballet Nacional.
Sobre el espíritu de este “pase responsable”, o “pase verde”, Lacalle Pou comentaba al anunciarlo que “Hay que dejar claro que esto no es restrictivo, y no es que la persona que no esté vacunada no pueda entrar”, en tanto se puede permitir el ingreso mediante la presentación de un test negativo, aunque “el dueño del local o los organizadores del espectáculo tendrán la última palabra para dejar ingresar a quienes hayan recibido la vacuna o presenten el resultado negativo”, agregó la web de Presidencia.
Claramente este pase opera en los hechos como un estímulo para la vacunación, ya que permite acceder a beneficios, no tan directos como en algunos países en los que se ofreció incluso dinero a la población con tal que aceptara inocularse.
La vacunación ha avanzado, y –como se ha dicho– los resultados son alentadores. Por diferentes razones todavía queda un porcentaje importante de la población que no se ha vacunado, e incluso hay quienes no concurrieron a recibir la segunda dosis, después de tener ya la primera.
Cabe plantearse si el Gobierno seguirá apostando a la responsabilidad de estas personas o si, en cambio, en algún momento se dará el paso de hacer efectivamente obligatoria la vacunación. A lo que no se puede llegar es a que la vacuna no sea obligatoria, pero que se le exija a todo el mundo para ir a trabajar o para ver una película en el cine, como podría ocurrir de acuerdo a lo que hoy está planteado. Es decir, que el Estado se deslinde de obligar a las personas a vacunarse, pero lo “tercerice”, y deje la decisión en manos de las empresas y organizadores de eventos.
