(El País-La Diaria)
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió ayer archivar el llamado “Caso Roslik”, referido al asesinato en 1984 del médico de San Javier, Vladimir Roslik, el último detenido asesinado por la dictadura militar (1973-1985).
Esta definición se conoce dos días después de que el ministro de Defensa, Javier García, resolviera cesar al general retirado Daniel Castellá como presidente del Supremo Tribunal Militar, por haber participado del interrogatorio a Roslik.
La corporación judicial rechazó el 20 de julio el pedido de casación solicitado en mayo de 2020 por Ricardo Perciballe, a cargo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, con el objetivo de reabrir la investigación del homicidio de Roslik. El pedido fue negado en dos oportunidades previamente. La última fue en mayo de 2014 con la sentencia del Tribunal de Apelaciones de 2º Turno.
“Declárase inadmisible el recurso de casación interpuesto”, remata el escrito que lleva la firma de los ministros Luis Tosi, Elena Martínez y Bernadette Minvielle, al que tuvo acceso El País. A todo esto, el fiscal Perciballe, analizará la posibilidad de abrir una nueva investigación sobre el homicidio en el marco del nuevo código de proceso.
Perciballe explicó a La Diaria que la corte dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía inicie una nueva investigación penal en el marco del nuevo código de proceso, con elementos que hayan surgido a partir de la vigencia del nuevo código, el 1° de noviembre de 2017, “si la Fiscalía entiende que existen hechos nuevos y si hay involucrados que no quedaron amparados en la sentencia que resolvió la corte”.
Perciballe expresó su “absoluto respeto” al fallo, pese a no compartir sus fundamentos y a señalar que la sentencia “no resolvió los temas sustanciales que planteó la Fiscalía”. “Hubiera sido importante que los resolviera por tratarse de temas de extrema sensibilidad jurídica”, señaló. En esa línea, recordó que el recurso de casación fue presentado en marzo de 2020, y lamentó el tiempo que demoró en pronunciarse, cuando no ingresó en el tema de fondo; “a la Fiscalía le hubiera gustado que se resuelva mucho antes, así no se generaban expectativas”, comentó. Vladimir Roslik fue la última víctima por crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Fue secuestrado en su casa en la localidad de San Javier, en la que se encontraba junto a su esposa y su hijo de cuatro meses, trasladado al Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos y asesinado bajo tortura el 16 de abril de 1984. La información a nivel nacional e internacional fue difundida a través de un trabajo periodístico de EL TELEGRAFO junto con Agencia Efe, apenas trascendieron los hechos.
DETECTARON 226 CASOS Y HUBO 3 FALLECIDOS
(SINAE)
Este jueves que se realizaron 9.026 tests y se detectaron 226 nuevos casos de contagios por coronavirus. Hubo 3 fallecimientos, 1 en Montevideo, 1 en Paysandú y 1 en Colonia. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 5.953 personas.
Actualmente hay 2.227 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad, 63 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos.
De los 226 nuevos casos, 105 de Montevideo, 43 de Canelones, 15 de Treinta y Tres, 14 de Colonia, 10 de Maldonado, 9 de Salto, 8 de Artigas, 7 de Paysandú, 6 de Tacuarembó, 3 de Rivera, 2 de Cerro Largo, 2 de Rocha, 1 de Florida y 1 de San José.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria se han procesado 3.048.612 tests y se han registrado 381.187 casos positivos. De ese total 373.007 ya se recuperaron.
POBLACIÓN CARCELARIA CRECIÓ UN 12%
(RADIO UNIVERSAL)
Con 13.700 internos, Uruguay ocupa el puesto 15 entre 222 países, con 388 presos por cada 100 mil habitantes. Así lo indicó el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que este jueves insistió en sus proyecciones: si la tendencia actual continúa, al final de este período el sistema terminará albergando a 20 mil personas. La advertencia está en el informe que Petit presentó en el Parlamento, con datos consolidados al cierre de 2020. “Cuando toma estas características, preocupa”, remarcó, e informó que la población carcelaria creció un 12% en el último año. “La sobrepoblación es un problema para las personas que no tienen rehabilitación”, manifestó.
Planteamos un plan de deshacinamiento, que trabaje en el antes, y medidas alternativas. “Los estudios oficiales a través de las escalas de riesgo indican que hay un 20% de personas que entran a la cárcel por delitos leves”, señaló. Además, subrayó que también hay que trabajar en “el después”.
Petit aseguró que el Ministerio de Justicia es un “instrumento fundamental” aunque en Uruguay tiene “mala fama” el nombre. “Es mucho más eficiente para obtener recursos tener un Ministerio de Justicia que no tenerlo”, expresó.
