En más de una oportunidad, en esta misma página editorial analizábamos el escenario de la actividad económica y laboral durante el período más acuciante de la pandemia y su proyección hacia el momento actual, en el que sigue manifestándose un elevado número de casos –con mucho menos consecuencias en la salud de los afectados, felizmente– pero con medidas restrictivas más laxas y una incidencia mucho menor en el tejido socioeconómico, al punto en que en determinados parámetros nos encontramos ya en los niveles prepandemia.
Uno de los aspectos más significativos es la recuperación del empleo, primero por reingresar al campo laboral decenas de miles de personas que se encontraban en el Seguro por Desempleo, y en otros por mejorar las horas de trabajo y captación –muy menor– de nuevos empleados, naturalmente todo en la actividad privada, porque en el caso de la esfera estatal se está por encima de estos avatares.
Es de traer a colación además que en medio de la incertidumbre generada por la pandemia, y aún teniendo en cuenta la incidencia heterogénea del impacto sanitario, social y económico, la crisis ha servido para poner al desnudo falencias en un “paraguas” que se creía era producto de fortalezas que en realidad que no eran tales y que, además de un déficit de coordinación internacional en materia de controles sanitarios, también tiene que ver con escenarios internos en cada país.
Más allá de la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios, de las virtudes y deficiencias en cada país, así como de la espalda económico financiera, existen aspectos laterales a tener en cuenta, para tener idea de la magnitud del impacto que implica para la población en la coyuntura y las perspectivas de rebote hacia una situación de determinada normalidad.
En el caso de Uruguay, durante la crisis, amplios sectores de trabajadores y empresas de bajo porte quedaron expuestas a campo abierto en el temporal, cuando había un “relato” sobre una situación mucho mejor como consecuencia de la gestión de los gobiernos de izquierda durante quince años.
Uno de las consecuencias, desde el punto de vista recaudatorio, es que es un problema que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en igual medida que el resto de la economía, debido a los flancos débiles que implica la informalidad en una serie de áreas.
Por supuesto, estamos ante una problemática siempre vigente pero que resulta acuciante cuando queda expuesta en toda su magnitud en coyunturas como la que atravesamos y se sigue dando actualmente, desde que implica que amplios sectores de la población y de la fuerza productiva resultan sin cobertura en áreas sociales y hasta sanitarias. El punto es que con la crisis provocada por la COVID parece haberse revertido una tendencia que se venía dando en cuanto a la incorporación de trabajadores y empresas al circuito formal, aunque siempre hubo un núcleo duro difícil de abatir –más aún en épocas de grandes dificultades económicas– sobre todo a partir de la situación laboral de pequeñas empresas y cuentapropistas.
Tenemos por lo tanto que el impacto de la pandemia se ha dado a todo nivel pero en la actividad informal las consecuencias han sido más problemáticas, porque la informalidad es un fenómeno de carácter económico, de evasión de aportes que al fin de cuentas más temprano o más tarde perjudica al que lo practica y siempre va contra la sociedad, contra los que aportan regularmente y/o van a necesitar de los fondos conformados por estos aportes en los organismos previsionales, por ejemplo.
Uruguay no escapa a una realidad muy extendida que se da fundamentalmente en los países subdesarrollados sobre todo, y de acuerdo a un reciente informe del Banco Mundial, denominado “La larga sombra de la informalidad, desafíos y políticas”, un 70 por ciento del total del empleo y un 30 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), es informal a nivel de las economías emergentes y en desarrollo.
El punto es que este es un factor que retroalimenta el círculo vicioso en estos países, por cuanto además del punto de vista social y previsional por falta de cobertura, la menor recaudación hace que se disponga de menos recursos públicos para encarar políticas macro y generar inversiones a mediano y largo plazo.
Esto limita sensiblemente la capacidad del Estado de responder en casos de crisis profundas, y aunque hay factores culturales de por medio, se conjugan la irresponsabilidad de los actores y la falta de controles con situaciones extremas de escasos ingresos para sectores laborales con menor formación, que optan por hacer frente a los compromisos cotidianos antes que volcar los aportes para su futuro y ponerse a cubierto de avatares desde el punto de vista sanitario y social.
Los cierto es que en Uruguay, cuando el informalismo se había logrado abatir a más o menos un 22 por ciento, existe una evasión no detectada que eleva las cifras en el período de pandemia y posterior, que determina que al mismo tiempo que se afecta la economía, se retaceen recursos a los organismos previsionales, a la salud, a la educación, a la vivienda, por no recibirse todos los aportes que giran en torno a la economía.
Además, quienes está en la informalidad no están integrados al trabajo formal de trabajo, no tienen acceso a la seguridad social y a la cobertura en otros organismos estatales, lo que conspira contra su calidad de vida y la de sus familiares, así como contra la economía y el funcionamiento del Estado.
En plena pandemia, la necesidad de captar ingresos para su subsistencia pese a las restricciones hizo que amplios sectores no acataran el llamado a medidas restrictivas para evitar el contagio y por lo tanto quedaron más expuestos a contraer el COVID y a difundirlo, A la vez vieron disminuidos sus ingresos por la caía de actividad, y esa problemática agudizada en los peores momentos de la crisis, se traduce hoy en día en que el adicional de informalidad agregada en ese período todavía se mantiene en similares términos en la actualidad.
Por lo tanto, cuando se está en el proceso de retorno a la normalidad, de lo que es una muestra el mayor nivel de empleo y de actividad industrial, entre otros parámetros, el desafío inmediato es captar a quienes se han pasado al sector no formal, para lo que deberían diseñarse estímulos, fomentar la educación, la capacitación, el acceso a créditos para la inversión y reinversión, a la par que mejorar los controles y dar posibilidades de ingreso menos gravosas a los evasores para integrarse al circuito formal, por lo menos temporalmente, para captar a los sectores que están trabajando fuera de la legalidad y evitar que se consolide este escenario negativo.
