“De ninguna manera la Junta Departamental está violando la ley en referencia a la instalación de cámaras de videovigilancia en su sede”, aseguró su presidente, Claudio Zanoniani. Como fuera publicada, esa fue la acusación de la edila Natalia Martínez, publicada en la víspera, después de apreciar cámaras de video en áreas de descanso.
Zanoniani estableció que “cámaras de videovigilancia fueron instaladas en la Junta de Paysandú en 2018, es decir en el periodo del Frente Amplio. En ese año se instalaron dos cámaras en el área financiero contable, a pedido del abogado que lleva adelante los asuntos de la Junta, por un asunto ocurrido, relacionado –creo recordar– con la pérdida de un presupuesto. Además se colocaron otras dos en el pasillo central”.
Subrayó que “ese año no se hizo la inscripción correspondiente ante la Unidad Reguladora de Datos Personales, pero sí al año siguiente, a través del abogado Gonzalo Graña, que hizo todo el procedimiento requerido. En ese entonces el presidente de la Junta era Hermes Pastorini”.
Posteriormente, ya bajo la presidencia de Zanoniani, “se planteó aumentar el número de cámaras, otra vez ante un episodio confuso. El año pasado, una funcionaria sufrió el hurto de un termo en el lugar donde se encuentra la heladera con agua mineral, jarra para calentar agua y máquinas expendedoras de café. Y a eso yo no lo llamo cafetería, porque de hecho no tiene las comodidades ni se usa como tal. Pero volviendo al hecho, ante esto, decidí que lo mejor era cuidarnos entre todos y se pusieron otras dos cámaras, para controlar también esa área”.
“Que quede claro, no es un lugar de descanso, no hay tal cosa en la Junta, es la pieza adonde vamos, nos servimos un café y volvemos a nuestras bancadas o lugar de trabajo, según corresponda”, subrayó Zanoniani.
Pero reveló que “esas dos cámaras hasta el momento no están en funcionamiento, porque pedimos asesoramiento a la Unidad Reguladora de Datos Personales para ver si se debían inscribir también. Acabo de recibir la respuesta y dice con claridad que ‘debe considerarse cómo impacta en la cantidad de personas sometidas a tratamiento de videovigilancia’ las dos cámaras agregadas. La verdad, en nada, porque quien se dirija hacia el lugar donde puede obtener un café o un agua mineral tiene que cruzar el pasillo central, por lo que ya quedaba registrado. Es ahora recién -y eso debe saberlo la edil que tomó conclusiones tan rápidamente que resultaron erróneas- cuando las vamos a poner en operación”, destacó Zanoniani.
Aclaró que “las cámaras solamente registran video” y aseguró que “solamente las podemos ver Presidencia y Conserjería; hay datos personales en juego y deben ser respetados. No entiendo cómo la edil (Natalia Martínez) hace una afirmación tan grave cuando fue durante el Frente Amplio que se colocaron las cámaras y se aprobó el presupuesto. Ahora simplemente se llamó a la misma empresa seleccionada por la anterior Administración. No se innovó”.
Claudio Zanoniani afirmó finalmente que se sintió “sorprendido” por la denuncia, en la medida que “soy un presidente bastante abierto, recibo consultas de absolutamente todos los ediles, lo que incluye muchos de la oposición con quienes he discutido muchísimos temas”.
“Me sorprendió que la edil esté tan desinformada, que no supiera que fue su propio correligionario Hermes Pastorini, cuando ejercía la Presidencia, quien aprobó la colocación de cámaras de videovigilancia y determinó el presupuesto a utilizar. Me extraña que no se acercó a mí con esta consulta; con gusto le hubiera explicado todo y mostrado todos los documentos necesarios”.
