El vicepresidente de Sutel (Sindicato Unico de Telecomunicaciones), Martín Sofía, fue el único expositor en la sesión especial que celebró la Junta Departamental de Paysandú ante el planteo de ediles del Frente Amplio para conocer la posición del gremio de funcionarios respecto a la problemática de Antel.
El dirigente fue particularmente crítico con las medidas adoptadas por el actual gobierno respecto a la gestión de la compañía del Estado. Sostuvo que el pueblo uruguayo ha ejercido desde siempre, incluyendo plebiscitos,una fuerte defensa de la Antel estatal, como así también de todas las empresas públicas. Aseguró que la administración de Luis Lacalle Pou, con sus medidas, atenta “contra la soberanía y el patrimonio, a través del debilitamiento y desmantelamiento de las empresas públicas, hacia lo que apuntan los decretos aprobados por el gobierno”.
Mencionó que por una de estas medidas se ofrece a privados, más precisamente a los cableoperadores, utilizar la infraestructura de Antel, particularmente la fibra óptica, para vender servicio de Internet a sus clientes.
Subrayó que la empresa estatal invirtió unos 900 millones de dólares en fibra óptica que se acerca ya a la cobertura completa para todo el país, y dijo que el gobierno, amparándose en una resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el artículo 56º de la Ley de Medios, ha permitido que se aprobara esta medida.
Señaló que sin embargo esta decisión de la Suprema Corte no implica la obligación de que deba disponerse que privados puedan utilizar esta red, y que el anterior gobierno no lo habilitó, porque iría en detrimento de la propia Antel, lo que no ha obstado para que a través de la Ley de Rendición de Cuentas se dejara sin efecto la norma de la Ley de Medios.
Consideró que por añadidura la actual administración de Antel dispuso el pago de más de un millón de dólares al año a los canales privados para difundir sus emisiones por Internet. Otro tema abordado por el dirigente sindical refiere al de la portabilidad numérica, es decir que cada cliente de un número telefónico pueda mantenerlo aunque cambie de operador. A su juicio, esta decisión es también perjudicial para la empresa estatal, que de acuerdo a lo que expresara ganó 13.000 usuarios y perdió 15.000, por lo que ha tenido un saldo negativo y se ha visto perjudicada por esta causa.
