Una de las mejores maestras de España, la uruguaya Carmen Albana Sanz, con una historia de resiliencia pocas veces vista, es coautora de la Ley de Educación Emocional para el Uruguay. Sostiene en cada entrevista la necesidad de formar a los futuros profesores en esta materia con el fin de ayudar a construir habilidades emocionales en niños y adolescentes que les permitan vivir con cierto grado de bienestar.
La define como una asignatura más, donde los niños aprenden a desarrollar la autoestima, empatía, habilidades sociales y de vida. El fin es evitar los factores de riesgo que desarrollará a lo largo de su vida y que son hoy, el reflejo del comportamiento de las distintas generaciones. La violencia, el suicidio, la depresión y el bullying se transformaron en la consecuencia de todo aquello que no se vio o se dejó pasar por multicausalidades.
Es probable que su propia experiencia la llevó a exponer con autoridad por todo el mundo y que su palabra sea escuchada. Porque un día, su maestra de segundo año de escuela de su barrio Borro la expuso frente a la clase y aseguró que nunca llegaría a nada. Lo que hacen y dicen los adultos a los niños, así como lo que no hacen y no dicen, marcan los caminos de quienes vienen después y condicionan sus acciones.
Las alertas están prendidas desde hace tiempo en Uruguay. Se requiere de un nuevo abordaje de la salud mental infantil en el país y escuchar, aunque sea por una vez, a los que saben del tema y recomiendan transformar las bases.
El año pasado, en setiembre de 2021, cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba conformado por las autoridades anteriores, el documento denominado “La infancia que no queremos ver. Encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes” revelaba situaciones de maltrato en los centros de atención a esa población.
A su propia historia de separación y vulneración familiar se sumaba una situación de indefensión ante el Estado, la discriminación de su entorno y los desafíos a enfrentar en el sistema educativo. Un año después, las nuevas autoridades del organismo reiteraron el reclamo al INAU y señalaron que el “debe” se encuentra en la atención a la salud mental infantil. Ambas instituciones se mostraron proclives a corregir conductas y evitar maltratos, sobre todo verbales, pero es notorio que aún queda mucho por hacer en la sociedad en su conjunto.
Incluso a nivel académico, los profesionales entienden que después de la pandemia, se agravaron los problemas de salud mental, principalmente en adolescentes.
Los impactos van sucediendo, con las desvinculaciones educativas, el alejamiento de sus entornos, los cambios de conducta y situaciones de estrés que no pueden manejar. Porque sus vínculos tampoco saben hacerlo y no han sido educados para eso.
Aquellas situaciones de vulnerabilidad que existían antes de la pandemia se profundizaron en los dos años siguientes y quienes presentaban problemas de desarrollo o de salud mental, como ansiedad o depresión, vieron incrementados sus síntomas. Y si antes era un desafío, ahora lo es más.
Las limitaciones en las consultas durante la contingencia sanitaria llevó a que el tiempo de espera se prolongara. Y los cambios sustanciales establecidos en la ley de salud mental, promulgada en 2017, aún no se ven. Los equipos multidisciplinarios instalados en lugares estratégicos, como centros educativos, o el trabajo interinstitucional que abarque a un amplio espectro, aún debe esperar. Es decir, primero fue la burocracia y después, una situación sanitaria de coyuntura global.
Porque se ven muy claramente las limitantes para llegar a esta población objetivo, más temprano que tarde. La cultura de las “pantallas” le ganó terreno a la familia, a los clubes juveniles, a los amigos, al barrio y a otras referencias que se fueron perdiendo. La violencia intrafamiliar –que es un factor de riesgo constante– se incrementó con la pandemia. Los adultos no pueden sobrellevar un descenso en sus ingresos o el desempleo que, además de impactar en la economía familiar, cae de lleno en sus estados de ánimo.
La salud mental infantil y adolescente no está aislada de este contexto y el mayor tiempo dentro de casa, no es tiempo de calidad sino de frustraciones que se trasladan a los más vulnerables. Por eso, son impactos múltiples y sobre ellos, no se ha recibido educación emocional ni de habilidades para enfrentarlas.
Y, también, los resultados negativos se ven en el territorio. Por eso Uruguay sostiene una cifra récord de suicidios en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, donde las personas que padecieron bullying, violencia o discriminación, son más propensas a tener intentos de autoeliminación.
Y porque hoy ocurre todo lo contrario para que esto mejore. Tal como lo indica el documento “Ni silencio ni tabú”, elaborado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), los “adolescentes y jóvenes manifiestan de manera sostenida que su voz es silenciada, que sus palabras y sentimientos no son escuchados y que su opinión, en la mayoría de los casos, no es contemplada o es minimizada por el mundo adulto”.
Al igual que en otras situaciones, Uruguay no es una isla. En el mundo entero sucede que uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años, padece algún trastorno mental. La Organización Mundial de la Salud lo vincula a la depresión, ansiedad y trastornos del comportamiento. Porque si se atienden y entienden a los problemas de la salud mental desde un abordaje integral, se resolverán las situaciones generadoras de estrés. Hacer lo contrario es continuar como ahora.
Es ver las consecuencias en la salud física y la violencia que las comunidades pequeñas y la sociedad en su conjunto no analizan, sino que se horrorizan. Es acotar las posibilidades de una vida plena.
Es como si un adulto le dijese a una niña de segundo año de escuela que no va a llegar muy lejos. Sin embargo, existen las posibilidades de revertirlo. De hecho, esa mujer hoy vuelve a su país e integra un equipo que demuestra que se puede. Solo hay que llegar a las personas que lo necesitan.
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