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La situación de las cárceles uruguayas suele ser noticia, y no por buenas razones. Los privados de libertad son más de 14.000, una tasa que supera los 400 reclusos cada 100.000 habitantes y es una de las 12 más altas del mundo. Más allá de la cantidad, un reciente informe técnico da cuenta de un “hacinamiento crítico” que hace que el 90% de los prisioneros cumplan su pena en unidades inadecuadas para su “resocialización”. Los niveles de violencia –que tuvieron en 2021 un récord de homidicios– completan el paisaje crítico.
La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) tiene el difícil desafío de “reinsertar” en la sociedad a las personas que egresan de ese sistema carcelario. La dependencia formaba parte del Ministerio del Interior hasta la Rendición de Cuentas del 2021, que determinó su pasaje al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dentro de la Dirección Nacional de Protección Social.
El traslado se concretó este año y en los últimos meses se dieron algunos cambios, entre ellos, modificaciones en sus jerarquías. Se creó un nuevo cargo de coordinación general de la dirección que ocupa Daniel Fernández, adscripto al ministro Marín Lema, que antes se desempeñaba como coordinador de gabinete del ministerio. Además el exdirector Gustavo Silveyra fue sustituido por Martín Quiró, funcionario de la Dinali.
Con la incorporación de la dirección, el ministro Lema se trazó como principal meta “profundizar su impronta social”. En esa línea de trabajo, Fernández aseguró que está en marcha un cambio de modelo. Según contó, una de las principales limitaciones que enfrentaban en su trabajo era el hecho de tener dependencias policiales como oficinas de atención para los liberados.
“Está probado que las personas que recuperen la libertad no quieren acercarse a dependencias policiales”, dijo. El primer cambio de impronta implementado es poner en el Interior las oficinas territoriales del Mides como puntos de referencia para los liberados. Eso, además de dejar de lado el tono policial, permite una llegada mucho más amplia y efectiva porque ya hay ahí “una lógica de atención a población vulnerable”.
