El movimiento “Soluciones para el transporte carretero” que nuclea a pequeños y medianos transportistas, reclama que sus empresas son “desplazadas del rubro”, ante la “incesante cantidad de camiones que salen del circuito forestal” e “ingresan al mercado de cargas generales”. Las empresas de celulosa “tienen normativas de seguridad que exigen la renovación de su flota cada cinco años. En ese tiempo ya tiene su vida útil y más de un millón de kilómetros”.
El grupo ve “con preocupación que esos camiones igualmente siguen circulando dentro de la misma empresa o son vendidos y prestan servicios en otras cargas”. Demandan “una legislación” al respecto, “chatarrización o exportación, pero que no ingresen al mercado de cargas generales”.
Sus integrantes han realizado movilizaciones al costado de la ruta y en los accesos a Guichón, con el fin de visibilizar las consecuencias, con un descenso de las cargas. “Sumado a la problemática de los camiones, la zafra será complicada por el clima y no tendrá los rendimientos que esperamos. Habrá menos kilos por hectárea por falta de agua y con la cantidad de camiones que hay, será una zafra por debajo de las expectativas”, dijo a EL TELEGRAFO, Daniel Fagúndez.
Sistema integrado
Con las movilizaciones “tratamos de dar una señal de unidad desde los pequeños transportistas y pedirle al gobierno que tome cartas en el asunto para que haya una política de transporte”. Insisten en la aplicación del Sistema Integrado de Transporte de Cargas (Sitrac), establecido al final del gobierno del Frente Amplio y que la actual administración confirmó que no aplicará.
“El Sitrac o también denominado el ‘gran hermano’ en el transporte quedó para instrumentarse al final del gobierno del Frente Amplio. Cuando comenzó este gobierno, dijo que no lo va a implementar. He participado en las reuniones con el ministro de Transporte, José Luis Falero, y anunció una suerte de guía electrónica o un registro sobre los cargadores”.
El ministro destacó la aplicación de esta guía, con el fin de “ayudar a resolver las inversiones sobre las rutas más transitadas, pero no tiene un sistema de control entre un punto y otro. Tampoco establece que la tarifa tenga un piso para evitar trabajar como hoy. Porque no hay precios regulados y si quiero trabajar dentro de una tarifa razonable, no hago fletes porque otro cobra más barato”.
Explicó que “a la larga es una inversión en cuenta gotas porque no alcanza para pagar los impuestos ni los choferes. No queremos hacer paros al comienzo de una zafra, pero necesitamos hacerle saber al gobierno que debe tener una política de transporte”.
Fagúndez ejemplificó en que “la situación nuestra debería resolverse de igual forma que los taxistas y que no haya diferencias en las tarifas. Pero el gobierno debe exigirlo y no pelearnos entre transportistas”. Reconoció que “estamos cansados de las reuniones y del trabajo en comisiones para llegar a nada, con una situación cada vez más grave”.
Agregó que “están peligrando alrededor de 27.000 empresas y hablamos de empresas que, en cierto modo, tiene el patrón y el camión. Pero hay otras que son pequeñas y medianas, con 15 camiones y son unidades productivas que dan empleo y corren el riesgo de desaparecer”.
Alta competencia
Estimó que “al mercado ingresan unos 1.500 camiones cero kilómetro y, prácticamente, se retiran muy pocos. Todos los camiones, pequeños y medianos, están habilitados a las cargas. Sin embargo, el transporte forestal renueva cada cinco años, porque las empresas así lo exigen, vuelven a las rutas y se vuelcan al mercado nuestro”.
Según Fagúndez, “muchas de estas empresas ni siquiera los venden y al no poder cargar madera, le enganchan una volcadora, una cazamba o jaula para ganado y siguen saturando el mercado. Incluso, hay camiones que tienen cincuenta años y siguen circulando”.
En el caso del transporte forestal, “los bitrenes y tritrenes tienen una capacidad de carga bruta de 75 toneladas y con el mismo costo puede llevar el doble de carga que nosotros. Estos vehículos tenían permitido circular solo por las rutas que tenían los puentes reforzados, y ahora se habilitó la circulación por la ruta 3”. En cuanto al transporte internacional, señaló que “el 80 por ciento de la flota está parada porque los transportistas argentinos, chilenos o brasileños, pero principalmente argentinos, tiene a su favor la diferencia cambiaria. Cobran en dólares y se los llevan a Argentina, con una rentabilidad mayor”.
Cuestionó: “cómo puede ser que trabajemos con el gasoil a 65 pesos, cuando el transportista es el que más visita los surtidores en el año. Es imposible competir con ese precio en el país y a nivel internacional. El gobierno tiene que reducir el precio por lo menos en 10 pesos e implementar el Sitrac. Porque al no haber nadie que regule nada, salimos a ver quién cobra menos”.
