El consejero integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) electo por los profesores, Julián Mazzoni, votó en contra de las nuevas pautas de cierre de cursos en educación Secundaria, en tanto consideró que deslegitima la labor docente y estudiantil durante el año, al presentar una resolución a un mes de la finalización de las clases.
“El año 2022 no fue de pandemia. Si bien se arrastraron algunas secuelas, volvimos a la presencialidad y las clases se desarrollaron con normalidad. No amerita una resolución de este tipo y mucho menos en noviembre cuando faltan pocos días para terminar las clases”, dijo a EL TELEGRAFO.
“Las autoridades de Secundaria hubieran pensado si lo resolvían a principios del año, para que cada docente planificara sus cursos. Pero en los últimos días del año, es fuera de lugar. Y, de alguna manera, todo el trabajo de los docentes y profesores, se desvirtúa”.
Consultado sobre las dificultades que, en materia de transporte, se hubieren registrado en el Interior del país, Mazzoni reconoció que “hay casos aislados”. En general, “no abarca a la inmensa mayoría de la educación media del país. En todo caso, si hay alguna situación es puntual. Yo soy de Minas, y la mayoría de los estudiantes de Secundaria concurren a liceos que le quedan cerca. Otros, más alejados, en el transporte que funciona normalmente. De lo contrario, son problemas que deben tratarse aparte, pero no es una cuestión para generalizar”.
Fuera de planificación
Las nuevas pautas “están por fuera de la planificación de cualquier docente. Porque cuando planificaron, lo hicieron de acuerdo a un reglamento que estaba vigente y que fue cambiado a último momento. Entonces, todo ese trabajo de profesores y estudiantes queda desconocido”. Mazzoni consignó que “obviamente algunos festejaron que con nota 6 no dan exámenes, pero los que trabajaron enérgicamente para lograr una nota 8, pueden haberse sentido tocados. Lo mismo que aquellos que hicieron el esfuerzo de concurrir o los docentes que pasaron lista para tener la cantidad de asistencias. Todo ese trabajo quedó fuera de lugar”.
Preguntado por el nuevo criterio de las faltas, expresó: “Implica el desconocimiento de no tener en cuenta los casos donde haya condiciones de las faltas sobre la nota. Cualquier educador sabe la relación entre asistencia y aprendizaje porque no se puede aprender sin ir”.
En este marco, analizó que “así como cambiaron las notas en media básica, cambiaron la cantidad de asignaturas. En el caso de Bachillerato, con nota 8 no daban exámenes y resulta que de un día para otro, tanto con notas 6 o 7 tampoco dan exámenes. Quiere decir que el docente que evaluaba a un estudiante que debía continuar, de un día para otro y por decisión administrativa, obtiene su acreditación”.
Explicó que “el reglamento de evaluación tuvo cambios” a lo largo de los años, tanto como en 2020 y 2021 por la pandemia. “Eso era comprensible porque la asistencia se vio mermada y porque, de alguna manera, había que garantizar que se seguía adelante. Pero en 20 años se funcionó con el mismo sistema que no generó dificultades y esto es inaudito”.
Malestar docente
En las decisiones adoptadas por las autoridades, “hay una serie de contradicciones muy grandes que quiero señalar. Soy electo por los docentes, pero estoy en contra de esta resolución convencido del desconocimiento de la resolución que generó mucho malestar”.
En relación a las desigualdades socio-económicas ocurridas en las familias durante y después de la pandemia, Mazzoni destacó que “es un problema de todo el Estado no solo de la ANEP. Las vulnerabilidades tienen que ver con situaciones socioeconómicas muy deprimidas por el aumento de desempleo. He recorrido el país y he encontrado situaciones de hambre. He visto casos de mucha gravedad, con alumnos sin abrigos, escasos de calzado y sin alimentación”.
De acuerdo al consejero, “los colectivos lo resolvían aunque no es un problema de los sindicatos ni de las direcciones de las instituciones que en forma reiterada nos solicitan equipos multidisciplinarios para que arropen a los alumnos y permitan superar, en parte, estos problemas. O para que puedan aprender y que esos aprendizajes sean serios y profundos”.
Subrayó que esta problemática “no se soluciona instalando un mecanismo de pase de grado más laxo. Pero para hacer lo que hay que hacer, se requiere de mayor presupuesto educativo”. Evaluó que “en estos últimos años, el presupuesto pasó del 5,1 al 4,5% del PBI. En 2020 hubo un deterioro salarial, con aumento del desempleo y de los índices de pobreza. Esos son los verdaderos problemas”.
Mazzoni precisó que estas decisiones, “intentan que los problemas se presenten como una responsabilidad de la educación que no le corresponde. Y quiero destacar la responsabilidad de los docentes que no miraron para otro lado porque he visto que recurren a fondos de sus propios bolsillos o del sindicato para ayudar a salir adelante”.
Año complejo
En sus recorridas señaló que “la zona metroplitana es una de las más afectadas, así como en Paysandú me encontré con diversas problemáticas y la preocupación de los equipos de dirección por resolver los problemas”.
Definió que “el año lectivo 2023 se presentará complejo. Tenemos en marcha un proceso de Transformación Educativa que ha contado con el rechazo de las ATD. Pero la mayoría del Codicen impulsó esta transformación, con el rechazo de quienes fuimos elegidos por los docentes”.
Según Mazzoni, “a todo eso agreguemos que la Formación en Educación –que es una de las patas de la transformación– no pudo resolver las nuevas mallas curriculares, la elección de las horas docentes y cómo se distribuirán las tareas. Tendrán inmensas dificultades para resolver en 2023, por eso esta Transformación Educativa debería postergarse. Porque en Formación Docente habrá una situación tan caótica que permeará en el resto del sistema”.
Explicó que “primero se hacen las elecciones en Formación Docente y después en Secundaria y UTU. Pero tendremos muchas complicaciones en las elecciones de horas y en la instrumentación de la reforma en 7º, 8º y 9º. Los cambios nunca se hicieron con este impacto ni de forma tan masiva”.
Además, “afectará a la logística y se necesitarán más aulas, con las que no se cuentan y las dificultades presupuestales que no se superaron porque tuvimos una Rendición de Cuentas que no recuperó lo perdido en años anteriores”.
De acuerdo al consejero, “los docentes tenemos un deterioro salarial del 6% que empezará a recuperarse –pero no a aumentar– a partir de enero de 2023 para culminar a un nivel similar a enero de 2020, pero en enero de 2025. Es decir, habrá pérdida salarial y presupuestal”.
Opinó que “los cambios no se pueden resolver sin la amplia participación de estudiantes y docentes que está previsto en la Ley General de Educación, que establece la convocatoria a un Congreso Nacional de Educación, donde la población puede opinar.