En las últimas semanas la República Argentina, al igual que la región y el resto del mundo ha sido testigo de un nuevo atropello del presidente Alberto Fernández a uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la división de poderes. Para lograr ese fatídico resultado, Fernández anunció junto a 14 gobernadores provinciales del vecino país, su rechazo a una sentencia de la Corte Suprema que le ordenó elevar del 2,32% al 2,95% la porción de fondos federales que recibe la ciudad de Buenos Aires, bastión de la oposición política contraria al actual presidente argentino. La estrategia de Fernández y del peronismo todo es ahogar económicamente al gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, aunque para ello tenga que desconocer nada más y nada menos que una sentencia judicial.
Según el diario español “El País”, “El mar de fondo de esta guerra entre poderes del Estado es la disputa que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mantiene con la Justicia desde que fue condenada a seis años de prisión por corrupción. Kirchner sostuvo que su sentencia estaba escrita desde el primer día y disparó contra lo que consideró una “mafia judicial” que tiene contras las cuerdas al sistema democrático argentino. El fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires sería un paso más en esa batalla por sacarla del medio y facilitar la vuelta al poder de la oposición macrista”.
No contento con esta conducta anticonstitucional y de acuerdo con la cadena alemana de noticias Deutsche Welle, el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció en su mensaje de año nuevo que impulsará el juicio político al presidente del Supremo y requerirá que se investigue la conducta de los restantes miembros del máximo tribunal de justicia. He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, anunció en un comunicado. También, requerirá que se investiguen las conductas de los restantes miembros del Supremo. (…) El conflicto entre el Gobierno y la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación de los fondos federales ocurre a las puertas de un año marcado por los comicios presidenciales, en los que el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se perfila como uno de los candidatos dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio”.
De acuerdo con el académico mexicano Jorge Carpizo, la división de poderes “es el procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales.
Los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu). Ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios”. Precisamente es Montesquieu quien, en una de sus frases más famosas afirma que “Cuando los poderes legislativo y ejecutivo están unidos en la misma persona, o en el mismo cuerpo de magistrados, no puede haber libertad; porque puede surgir el temor de que el mismo monarca o senado promulgue leyes tiránicas, para ejecutarlas de manera tiránica”.
La estrategia de Alberto Fernández de atacar a la Corte Suprema no tiene nada de novedosa: al igual que todos los gobernantes que desean poder actuar sin ningún tipo de controles, ha buscado silenciar de cualquiera manera a todo aquel que no aplauda su gestión. Periodistas, medios de prensa, intelectuales, comercios y políticos de la oposición, entre otros, han sentido el peso de un aparato estatal puesto al servicio del peronismo gobernante para realizar “aprietes” de todo tipo y color. Para ello siempre ha contado con un movimiento sindical cuyos niveles de corrupción y dependencia del movimiento fundado por Juan Domingo Perón han sido históricos, generando millonarias ganancias para todos los participantes. La reciente medida presidencial de que los sindicalistas controlen precios en los diversos comercios constituye una muestra de lo que se ha dado en llamar “la patria camionera” en referencia a su dependencia de la familia Moyano. Todo vale para Alberto Fernández a la hora de llevarse por delante los derechos de los argentinos. Todo vale en nombre del General Perón.
Fiel a la lógica de la grieta y del enfrentamiento “ellos” contra “nosotros”, el mandatario argentino inventa enemigos donde no los hay (ahora le tocó a la Corte Suprema) pero que le sirven no sólo para distraer a la gente de los problemas reales (inflación, desempleo, inseguridad, etcétera) sino también para tener un chivo expiatorio al cual echarle las culpas de sus propias acciones y señalarlo como el supuesto responsable de todos los males. La receta no es nueva: la usó Hitler con la colectividad judía pero también Fidel Castro o Nicolás Maduro con respecto de los Estados Unidos. Con esta macabra cortina de humo, Alberto Fernández puede disimular la confirmación del dato de diciembre del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que arrojó una suba de los precios del 5,1% en el mes y del 94,8%. Con ese guarismo Argentina alcanza el poco honroso cuarto puesto de países con mayor inflación, detrás de Venezuela (305%), Zimbabue (244%) y el Líbano (142%).
Ante este lúgubre panorama institucional, resulta oportuno volver a recurrir a otra de las frases de Montesquieu, la cual expresa una verdad que parece haber sido pensada para la actual situación de nuestros vecinos argentinos: “No hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia”. Eso es precisamente lo que ocurre en Argentina en estos momentos: un presidente cuyo tiempo político ha terminado y que cada día que pasa pierde el apoyo de quienes lo votaron y de sus principales “operadores” y “punteros” políticos ataca a otro de los poderes del Estado (en este caso la Corte Suprema) siguiendo las órdenes de la gran titiritera que maneja todo desde las sombras preparando su regreso triunfal en el 2024. ¡Qué razón tenía el expresidente Jorge Batlle!
