(La Diaria-El País)
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) decidió mantener tres prestaciones sociales durante 2023, luego de una evaluación “en tiempo real” de los impactos de la pospandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania.
El primero de ellos es sostener la eliminación del tope de ingresos para recibir Asignaciones Familiares-Plan de Equidad, algo que desde el Mides entienden permite “mayor formalidad” en los trabajos a los que acceden los beneficiarios, puesto que hasta ahora muchos optaban por la informalidad para no perder la prestación.
Esto se eliminó y el criterio del Mides fue pasar a analizar sólo el nivel de “vulnerabilidad socioeconómica” para determinar la continuación o no de la prestación, no siendo un límite ya la cantidad de ingresos. De esta forma, explicaron las fuentes consultadas, durante el 2022 hubo 20.000 hogares que habrían superado el límite de ingresos pero siguieron percibiendo la Asignación Familiar-Plan de Equidad; asimismo, para el 2023 la idea es llevar a cabo una “mayor difusión” para que quienes perciban la prestación estén informados de que ya no hay un tope y enviar “un mensaje de que la prestación social no es contradictoria con el trabajo formal”.
El otro beneficio que se extenderá durante el 2023 es el bono social Mides-UTE; a raíz de un acuerdo entre la cartera y el ente, se otorgan bonificaciones de hasta un 90% en tarifas de energía eléctrica, que alcanzó desde 2020 a unos 147.000 hogares que pudieron recibir energía “de calidad y económica” bajo la idea de “inclusión” y como acompañamiento a las prestaciones que implican transferencias de dinero, además de “regularizar” situaciones según los estándares de UTE.
A través del Bono Crianza, que otorga 2.000 pesos por niño de hasta tres años y que durante el 2022 llegó a 25.000 hogares en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica; en 2023, sin embargo, la idea era que bajaran “a la mitad” los hogares que reciben el Bono Crianza, pero en una decisión conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se optó por mantener la misma cantidad que el año pasado.
Por otra parte, actualmente hay 142.000 niños de hasta seis años que reciben un refuerzo del 70% a las Asignaciones Familiares-Plan de Equidad, refuerzo que, a propuesta del Partido Independiente (PI), se sostendrá durante el primer semestre de 2023. En junio, el ministro Martín Lema mantendrá una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social (y líder del PI), Pablo Mieres, y la titular del MEF, Azucena Arbeleche, para evaluar la situación.
Asimismo, el Mides seguirá de cerca la decisión junto al MEF y el Ministerio de Industria de otorgar un subsidio del 50% a las recargas de garrafas de 13 kilos al que accedieron 140.000 hogares.
La idea de extender las medidas van por tres caminos, informaron desde el Mides. Por un lado “el estímulo al trabajo formal” a través de la eliminación de topes, “facilitar el acceso al servicio” con la extensión del bono social de UTE y “la contención” a la primera infancia.
DETECTARON 3.754 CASOS NUEVOS; 9 FALLECIDOS
(msp)
En la semana entre el 8 y el 14 de enero se confirmaron 3.754 casos nuevos de COVID-19 en 19.521 tests realizados. La tasa de positividad fue de 19,2%. Hubo nueve personas que murieron cursando la enfermedad, por lo que desde que se confirmaron los primeros casos en el país fueron 7.597 los fallecidos.
Con relación al porcentaje de camas ocupadas de CTI, 5,6% del 57,3% del total de ocupadas en el país están siendo utilizadas para pacientes con COVID-19. En el último reporte semanal se informó que hubo 5.649 nuevos casos confirmados y 12 personas fallecidas.
Este lunes también se informó que hasta el presente hubo 19 casos confirmados de viruela símica en el país, 117 casos descartados y persisten dos sospechosos.
ESPAÑA ACCEDE A EXTRADITAR A MÉDICO
(EFE)
La Audiencia Nacional española accedió a extraditar a Uruguay al médico Carlos Américo Suzacq, residente en España y reclamado por supuestamente asesorar sobre torturas a los militares en interrogatorios, entre 1972 y 1975, ante “la gravedad” de los hechos que se le imputan.
En el auto conocido este lunes, los magistrados consideran, de acuerdo con la Fiscalía, que si bien el delito de lesa humanidad por el que se le reclama no estaba tipificado en España hasta 2004 –como alegaba la defensa–, los hechos, por la fecha en que se produjeron, “serían encuadrables en los delitos de detención ilegal” y “de lesiones”, con lo que se cumplen los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo para acceder a la entrega.
Los motivos por los que un juzgado solicita la extradición se basan en las denuncias presentadas por ocho supuestas víctimas de los militares en el régimen de la dictadura, que sufrieron torturas en uno de los centros de detención, el regimiento de Caballería Mecanizado número 6 entre 1972 y 1975, y en sus relatos denunciaban que el doctor Carlos Américo Suzacq asesoraba a los militares sobre cuándo parar o seguir con las torturas en los interrogatorios.