(El Pais)
Un grupo de transportistas argentinos autoconvocados reclama al gobierno uruguayo por el impedimento de cobrar los fletes en efectivo. Afirman que es inconstitucional, afecta su nivel de trabajo y amenazan con cortar el paso –desde el lado argentino– de los tres puentes que unen ambos países.
En diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que obliga a las empresas argentinas que realizan fletes en Uruguay, a cobrar sus servicios a través de transferencia bancaria o por entidades financieras, y no en efectivo como lo venían haciendo hasta el momento. Este era un viejo reclamo de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional (Catidu), que criticaba que las empresas argentinas cobraban dólares en Uruguay para luego venderlos en el mercado paralelo argentino y así aprovechar la diferencia cambiaria, lo que les generaba una “competencia desleal”.
En el decreto reglamentario, el Ejecutivo estableció que la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina genera una “pérdida de competitividad” en las empresas uruguayas, por lo que se consideró “necesario” impedir el pago en efectivo a las transportistas argentinas, “a efectos de facilitar la libre competencia en igualdad de condiciones” dentro del país. La medida no cayó bien en el sector transportista argentino. Un integrante del grupo de autoconvocados –quien prefirió mantener su nombre en reserva–, afirmó que desde el comienzo de la normativa, los fletes hechos por empresas argentinas en Uruguay bajaron entre un 70% y 90%.
“Se nos hace imposible, no saldamos ni el gasoil ni los pagos al chofer, nos vemos totalmente afectados, directamente debemos cambiar los destinos”, afirmó el transportista. El grupo de autoconvocados está integrado por unos 45 dueños de camiones argentinos que viajan a Uruguay. Aseguran que sus reclamos son hechos en forma particular y que sus manifestaciones no están bajo la órbita de “ningún partido político y de ninguna cámara empresarial”, dado que si bien las gremiales transportistas argentinas “intentan llevar adelante una negociación”, ellos precisan “una solución lo antes posible”.
Según relató el empresario, una de las primeras medidas adoptadas por el grupo de autoconvocados fue el corte de los puentes internacionales. Sin embargo, todavía no llegaron a implementarla porque comenzaron a canalizar las negociaciones a través del Consulado de Uruguay en la ciudad argentina de Colón. Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a El País que están en conocimiento de los reclamos de los transportistas argentinos, pero ratificaron su convicción de que la normativa elimina la “competencia desleal” entre las empresas de ambos países. En este sentido, afirmaron que la situación que enfrentan los transportistas argentinos responde a una problemática “propia de la economía de su país” sobre la que Uruguay “no tiene incidencia” ni “responsabilidad”. Asimismo, desde el Ejecutivo indicaron que la normativa demoró aproximadamente dos años en aprobarse, por lo que durante ese tiempo fueron las empresas argentinas las que ganaron más dinero “afectando a las uruguayas”. Fuentes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac) –nuclea a 44 cámaras de transporte del vecino país– manifestaron a El País que la gremial no respalda al movimiento de autoconvocados.
Exministro Peña era licenciado
(EL OBSERVADOR)
Ayer se confirmó que el exministro de Ambiente, Adrián Peña, había realizado el curso que le faltaba para culminar sus estudios y recibirse como licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica (UCU). “Efectivamente soy licenciado”, ratificó el exjerarca. El título, sin embargo, se encuentra en trámite. “Para mí es haber podido demostrar que efectivamente tenía la carrera culminada y efectivamente soy licenciado. Este episodio ha sido muy duro, muy difícil, y hoy lo doy por concluido”, manifestó Peña en rueda de prensa.
Peña renunció a la cartera el 30 de enero y se comprometió a finalizar ese curso antes de volver al Senado como legislador colorado. Tenía la “convicción personal” de que había realizado el curso, a lo que se sumó el testimonio de compañeros de facultad “que se habían comunicado e informado” que lo recordaban como compañero. Además, contó que logró dar con el docente que estaba a cargo, quien también lo recordaba, y proveer un mail en el que lo “referencia como alumno”. Peña cursó y salvó con “Muy bueno” (un cinco en una escala del uno al seis) el 18 de noviembre de 2005.
La UCU emitió un comunicado después de informarle a Peña sobre su escolaridad. Sin embargo, la institución aclaró que “nunca regularizó su situación en la secretaría de facultad, por eso no figuraba en las actas de aprobación del curso”.
El 43% aprueba gestión presidencial
(TELENOCHE)
El 11% de los uruguayos opina que la gestión del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou es muy buena, el 32% que es buena, el 27% que no es ni buena ni mala, el 16% que es mala, el 13% que es muy mala, y un 2% no sabe o no contesta, según la última encuesta de Opción Consultores, divulgada en Telenoche.
Esto supone el 43% de aprobación, frente a una desaprobación del 29%, lo que deja una “brecha positiva” de +14, según el informe de la consultora de opinión pública. “Frente a los dos trimestres anteriores, los resultados pautan una situación de estabilidad, con variaciones comprendidas dentro del margen de error. Al mismo tiempo, los actuales niveles de aprobación están dentro de los pisos del actual ciclo de gobierno, lejos del período de luna de miel de inicios de gestión y también 8 puntos por debajo de la aprobación gozada en febrero de 2022, es decir, cuando el gobierno cumpliera su segundo año”, indica el documento.
“Tratándose de una situación de mitad de período, los datos arrojan un saldo predominantemente favorable, fundamentalmente si se toma en cuenta que los pisos de aprobación suelen encontrarse a esta altura del ciclo y si se comparan los actuales registros con aquellos pertenecientes a otras gestiones presidenciales en el país luego de la recuperación democrática”, resalta la consultora.
