Un grupo de propietarios de caballos de tiro –utilizados para tareas laborales– llegaron al Palacio Municipal llevando a sus cabalgaduras. En principio entregaron una carta donde demandaban que no se concrete el decomiso total de animales encontrados en la vía pública, que no sean retirados si están atados y que se extienda el plazo de 72 horas para su retiro, tal como lo establece el decreto 233/2022.
Tras recibir la carta, se reunieron el intendente Nicolás Olivera, el secretario general Fermín Farinha y el director de Tránsito Braulio Álvarez, quienes consideraron el petitorio, tras lo cual recibieron en el Salón Rojo a una delegación de quienes en su mayoría tienen carros tirados por caballos y los utilizan en tareas laborales.
“En principio pensaban que era la intendencia la que efectuaba los procedimientos, así que en primer lugar explicamos que los operativos están encabezados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el apoyo logístico de la intendencia y utilizando una extensión de campo del Ministerio del Interior. Eso como principio”, indicó el secretario general de la intendencia, Fermín Farinha.
Por otra parte destacó: “por un lado que la reunión siempre fue cordial, en buenos términos, y por otro fue bueno apreciar que todos coincidimos en que estamos en contra de los caballos sueltos en la calle o en espacios públicos y que de encontrarse deben ser retirados”.
Una de las preocupaciones fundamentales de los autoconvocados “era la acción que se va a tomar si se encuentra a un caballo atado. En primera instancia, dependerá del lugar y las condiciones. Por ejemplo, si está atado con una cuerda muy larga que le permite acceder a la calle y provocar accidentes, será retirado”.
Farinha explicó que “nos plantearon también que pedían que no se aplicara el decomiso total, y les explicamos que la situación será muy diferente para quienes tienen los caballos registrados y para quienes no. Sabemos la importancia que tiene el animal para su vida diaria, pero dejamos en claro que este nuevo decreto se tiene que aplicar, porque hace mucho tiempo que los animales sueltos son un problema importante. De hecho, muchas actuaciones las hacemos en respuesta a denuncias de los vecinos. A partir de la nueva reglamentación se trabaja de esta manera”.
Asimismo “piden que se extienda el plazo de 72 horas para el pago y retiro del animal, pero eso –así lo indicamos– no es resorte de la intendencia, desde que nuestra acción se concreta en proporcionar la logística, especialmente una camioneta, un trailer y el personal necesario”.
El secretario general de la Intendencia aseguró que “se comprende, como ellos lo resaltaron, que a veces no se cuenta con un espacio en la casa para tener el animal, para que pastoree, y que en esta particular situación de déficit hídrico, deben salir a buscar otros lugares. No obstante, hay que tomar los recaudos necesarios para el cuidado de los animales, de modo de satisfacer su necesidad de alimento y agua sin que ello implique peligro para las personas”.
“Tras conocer cómo se aplica el decreto, pidieron que se enviara a la Dirección Departamental del Ministerio de Ganadería sus planteos, lo que haremos”, dijo Farinha, quien culminó indicando que “lo que importa es que se los recibió y escuchó en un marco cordial. Fue una reunión positiva”.
