(Ámbito)
A partir del 1º de agosto, los jubilados de todas las cajas van a poder mantener su pasividad y continuar trabajando, en el marco de los cambios que impulsa la aprobada Reforma de la Seguridad Social.
Tras la aprobación de la nueva ley sobre el sistema previsional, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, indicó que la norma busca brindar “equidad” entre el sector público y el privado. “Van a tener el derecho, que tienen los que aportan a dos cajas, de poder jubilarse y seguir trabajando”, confirmó el funcionario.
Tras exponer en el evento Claves para Comprender la Reforma de la Seguridad Social, organizado por Guyer & Regules, Mieres aseguró que la reforma era “necesaria”. Valoró además que va a garantizar que “la mitad de las jubilaciones de más abajo van a tener prestaciones jubilatorias más altas”.
Mieres destacó que la nueva ley contribuye a “la sostenibilidad fiscal de nuestro sistema previsional”, pero también a “atender otras prioridades como la reducción de la pobreza infantil”. Y agregó que “es justa” porque todo confluye en un “sistema común con reglas de juego similares”.
En tanto, uno de los redactores de la norma, el abogado Rodolfo Saldain, indicó a Telemundo que lo que se busca es “dar una situación de igualdad” entre los jubilados del sector público y los del ámbito privado. Saldain explicó además los cambios para el trabajador no dependiente. “Van a poder cobrar la jubilación y mantener su negocio si ocupan personal”, destacó uno de los impulsores de la reforma.
Sobre los requisitos, aclaró que deben tener 65 años, 30 de trabajo, tres como no dependiente y, sobre cómo lo afecta la nueva norma, aclaró: “Si ocupa personal puede seguir con su negocio y jubilarse. Si no ocupa, puede dejar de hacer el aporte”.
A todo esto y como se ha informado dirigentes de izquierda están analizando mecanismos de democracia directa para para impugnar la reforma de la seguridad social.
“Las mismas limitaciones que nos impiden hacer un referéndum también nos impiden hacer una ley de iniciativa social. El único espacio es agregar una enmienda a la Constitución, uno de cuyos mecanismos de democracia directa es juntar firmas del 10% del padrón electoral del país”, relató el presidente del Pit Cnt, Marcelo Abdala.
Y detalló que esas firmas “deben ser entregadas a seis meses de la próxima elección nacional, que es en octubre de 2024, y se trata de un plebiscito que se vota de manera simultánea con la elección nacional”.
Consultado sobre si la central estaría en condiciones de comenzar una campaña de este tipo, el jefe del Pit Cnt respondió que las “exigencias” del plebiscito son “muy menores” en comparación con las que tuvo el referendo contra la ley de urgente consideración (LUC).
OFRECIERON 192 POZOS A INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
(MEDIOS PÚBLICOS)
La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, informó a través de su cuenta de Twitter que fueron ofrecidos a la comuna capitalina 192 pozos en los que se realizarán análisis para conocer la calidad de agua y poder extraer para sectores vulnerables.
La Intendencia de Montevideo puso a disposición la línea telefónica 092 250 260 para recibir llamados.
Cosse informó que ya se está utilizando uno de ellos “para llevar agua a un refugio de animales”. Y remató: “Hay que seguir”. La Intendencia cuenta con dos pozos en predios propios (Mercado Agrícola y Planta Tresor) más un tercero, en los que ya se está haciendo un monitoreo para determinar su calidad y posibles usos.
ACELERAN PROYECTO POR ARCHIVOS DE LA DICTADURA
(RADIO UNIVERSAL)
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley a través del cual pasan a ser públicos los archivos de la dictadura. Según explicó el ministro de Defensa, Javier García, a través del mismo se podrá acceder a 153 archivos vinculados al pasado reciente que fueron clasificados como “reservados” dentro del Archivo General de la Nación.
García utilizó su cuenta de Twitter para expresar que mañana lunes solicitará de manera formal ser recibidos a la brevedad por la comisión que dará tratamiento al proyecto.
El proyecto en cuestión plantea en su artículo 1º la creación dentro del propio Archivo General de la Nación de una “sección dedicada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”, manteniendo en reserva los datos vinculados a la vida privada y el entorno de los familiares de los involucrados, así como información que pueda ser considerada como sensible.
El documento enviado al Parlamento con el aval del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sostiene dentro de su exposición de motivos que “el gobierno ratifica su más férreo compromiso con la transparencia, entendiendo necesario acercar el conocimiento de datos, acciones, así como documentos que hacen a la gestión del gobierno a la mayor cantidad de personas, con mínimos o nulos requisitos y exigencias”.
Días pasados, y en el marco de la 28ª Marcha del Silencio, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira sostuvo que el tema “era delicado” porque los archivos podían contener información reservada de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
