(Por Horacio R. Brum)
Los argentinos siguen preocupados por “la grieta”, esa división arbitraria entre malos y buenos, fruto de los años de gobierno del peronismo kirchnerista. Si bien es cierto que este sector, encarnado actualmente en la figura de la vicepresidenta de la República, ha usado y abusado de todas las formas de conflicto que se pueden encuadrar en la institucionalidad republicana, existe un consenso social sobre grandes temas. Uno de ellos es la violación de los derechos humanos cometida por la dictadura militar; aunque hay interpretaciones diferentes sobre las causas, son una minoría con escasa influencia pública los que niegan la existencia de esos abusos. La grieta tiene muchas otras razones, pero cuando uno cruza la Cordillera, en estos días de conmemoración de los cincuenta años del golpe contra Salvador Allende, se nota que en Chile los años del autoritarismo dejaron una huella mucho más profunda y difícil de borrar, porque el régimen encabezado por Augusto Pinochet tuvo más éxito en cambiar la sociedad que los militares argentinos.
Ese cambio tuvo por base la economía y se dio rienda suelta a la empresa privada, en detrimento del sistema estatal; desde la educación hasta la salud, los chilenos se acostumbraron a pagar por la calidad de los servicios, y se creó una “democracia del consumo”, en la cual no había barreras sociales para acceder a todo tipo de bienes mediante el endeudamiento. La pobreza se redujo notablemente, pero como lo demostró la pandemia de la COVID-19, la pérdida del trabajo o la imposibilidad de trabajar significaban para muchos hogares el retroceso a la miseria. Ya antes de la crisis sanitaria, el alzamiento popular de 2019 dejó en claro que mucha gente había llegado al límite de su vida a crédito, y a los políticos se les enrostró que durante los treinta años de democracia solamente habían administrado el modelo económico impuesto por Augusto Pinochet y sus socios civiles.
El primer intento de cambiar la Constitución pinochetista, vista por buena parte de la ciudadanía como la base de ese modelo, mostró que en el país todavía existen dos visiones irreconciliables de los hechos de 1973. La Convención Constitucional de 2021-2022 estuvo dominada por grupos que, inspirados en el proyecto de Salvador Allende, pretendían cambiar a Chile radicalmente y acosaban a los representantes de la derecha con el recuerdo de su apoyo al golpe militar. Estos, a su vez, trataron de que la carta magna de la dictadura sufriera la menor cantidad de alteraciones posible, y contaron con el apoyo de los medios de comunicación que habían sido partícipes del derrocamiento de Allende, así como de una comunidad empresarial que controla la economía y es beneficiaria directa del “modelo chileno”.
La Convención fracasó porque, como en 1973, los proponentes de cambios radicales no entendieron que en la masa de los chilenos hay una aversión a los extremismos. Al respecto, un dato histórico es que Salvador Allende obtuvo en 1970 poco más de un tercio de los votos y sólo llegó al poder mediante un pacto con la Democracia Cristiana, que incluyó la firma de un compromiso de respeto a las instituciones.
Otro dato significativo es que en 2021 Gabriel Boric, quien reivindica un supuesto legado de Allende, llegó a la presidencia con casi el 60% de los sufragios, pero en 2023, cuando se votó para integrar el órgano que está realizando un nuevo proceso constitucional, el triunfo absoluto fue para el partido Republicano de extrema derecha, cuyo líder había competido con Boric por la presidencia.
El actual mandatario, que ya en el primer año de gobierno sufrió una gran caída de su popularidad, tuvo que ir alejándose de los ideales de izquierda de sus tiempos de líder estudiantil, y pese al esfuerzo que está realizando para que el 11 de setiembre no se renueven los odios de 50 años atrás, la derecha más dura continúa sosteniendo que los militares salvaron a la Patria. Orlando Sáenz, un empresario que en los años allendistas organizó grupos de boicot y espionaje al gobierno, escribió hace unos días que “el régimen ultraizquierdista de Gabriel Boric prepara un coordinado esfuerzo por imponer su absurda verdad en relación con ese trascendental acontecimiento… Es evidente que existen grandes semejanzas entre el gobierno de la Unidad Popular de 1971-73 y el de Boric entre 2022 y 23”.
Por otra parte, la Unión Demócrata Independiente (UDI) –un partido que fue fundado para defender la obra del régimen militar–, resolvió no respaldar las acciones del Ejecutivo para cerrar las heridas del golpe, como el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que tiene el propósito de esclarecer las circunstancias de las desapariciones forzadas durante el período dictatorial. “No vamos a participar en hitos que dividen a Chile y que generen visiones unilaterales de la historia”, dijo el presidente de la UDI, en tanto que el expresidente demócrata cristiano Eduardo Frei manifestó que es muy difícil llegar a un consenso sobre el significado de la fecha que se conmemora.
A diferencia de otros países de la región, en Chile no se generó un rechazo social mayoritario hacia toda la herencia del gobierno autoritario; aun cuando muchos reconocen que hubo una violación masiva de los derechos humanos, el éxito económico inicial del “modelo chileno” no es vinculado directamente a la barbarie militar y hay quienes, especialmente en el sector empresarial, consideran que los muertos y desaparecidos fueron el precio para evitar que el país se volviera una Cuba del sur. Entre quienes cultivan la memoria de Allende, en tanto, es escasa la crítica a los errores que cometió su gobierno, por querer apurar un proceso de cambio en una sociedad dominada por el conservadurismo. La propia vocera del gobierno y una de las personas más cercanas a Gabriel Boric, Camila Vallejo, hizo este balance del período allendista para el semanario Le Monde Diplomatique:
“Los mil días de la Unidad Popular fueron para el pueblo chileno un inédito proceso que significó un gran sacrificio y, de la mano de éste, un empoderamiento real en el devenir de nuestra sociedad. Fueron mil días donde… germinó un poder popular en Chile que se enfrentó directamente con el capital foráneo y los intereses imperialistas en nuestro territorio, que realizaban permanente sedición con el objetivo de desestabilizar a Allende…”
Si estas palabras, por provenir de quien provienen, reflejan el pensamiento íntimo del gobierno, ellas también representan la grieta entre los chilenos que creen que el período 1970-1973 fue una etapa casi idílica de la construcción del socialismo por la vía democrática y aquellos que ven al golpe de Estado como una gesta salvadora. Lo cierto es que, por usar un término en boga en Argentina, cada parte se construyó un “relato” perdurable, sin puntos de contacto y en torno a dos figuras protagonistas de la tragedia del 11 de setiembre de 1973: Salvador Allende y Augusto Pinochet.
