La noticia decía que el Banco Central del Uruguay (BCU) y una serie de instituciones del sistema financiero firmaron un acuerdo que tiene el objetivo de prevenir fraudes mediante ataques cibernéticos y que, entre otras acciones, se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un proyecto de ley que busca facilitar el intercambio de información en el sistema.
Este acuerdo es importante en virtud de la necesidad que las instituciones tienen de cada vez más desarrollar mecanismos preventivos, siempre con el propósito de evitar que los usuarios sean víctima de fraude.
El presidente del BCU, Diego Labat, señaló que, en este caso, lo que se acordó fue un mecanismo para el intercambio de información, a instancias del comité que se conformó en 2022, que identificó que la dificultad para el intercambio de datos es una de las principales barreras a la hora de prevenir el fraude. Simultáneamente se creó un comité de prevención de fraudes, estafas y ciberseguridad, en el que estarán representadas las distintas instituciones adherentes. El documento propone como pilares el fortalecimiento de la educación financiera, la mejora continua en la detección y el monitoreo de fraudes, el desarrollo de nuevo marco legal y el fortalecimiento del que se aplica hoy.
Estas acciones no están de más, por supuesto, y siempre es sano que el sistema se fortalezca porque de ello depende la confianza del público, así como también es importante que se den las respuestas requeridas, por ejemplo las tarjetas de crédito suelen responder cuando se constatan casos de fraude en los que no hay un error del usuario sino una vulneración real de la seguridad en algún sitio en el que se realizó una transacción.
El asunto es que los ciberdelincuentes van perfeccionando cada vez más las técnicas y, lamentablemente, cada vez es más fácil lograr que un sitio apócrifo, por ejemplo de un banco o una financiera, logre la apariencia de la página oficial.
Por ello es importante trabajar sobre el elemento más débil de la cadena: el usuario. El usuario no está en el día a día de la prevención de los ciberdelitos económicos. El usuario simplemente espera que esa tarjeta y esa cuenta que se le asignó porque así lo dispuso una ley, le permitan realizar las transacciones con practicidad y seguridad, y es una molestia tener que, por ejemplo, corroborar con los números que le llegan a través de un SMS, o tener que instalar una aplicación adicional, aparte de la de su banco, para poder hacer una simple transferencia. Preferiría no tener que hacerlo. Pero hoy en día no contar con una verificación de este tipo es como dejar la bicicleta sin candado apoyada en el cordón de la vereda y pretender que allí siga estando al día siguiente.
Esto de que el usuario es el eslabón más débil queda muy claro cuando repasamos las expresiones del director del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Pablo Sitjar, a EL TELEGRAFO, en la entrevista publicada esta semana, en las que uno de los temas que plantea es la falta de una preparación de los clientes cuando, masivamente, se los integró al sistema financiero: “fueron forzados a ingresar a trabajar con el sistema bancario sin el entrenamiento adecuado para ello”. Cuando el delincuente tiene en su poder los datos de ingreso a la cuenta, ya sea por la web o por la aplicación oficial, está en condiciones de operar y, por ejemplo, retirar todo el saldo disponible, pero también de tomar un crédito en nombre del titular, porque todos los bancos hoy tienen la opción de hacerlo desde sus canales digitales. Y es mucho más fácil para los delincuentes hacerse de estos datos que hackear los complejos sistemas informáticos de seguridad bancaria.
Páginas falsas, solicitudes de los datos por vía telefónica, por correo electrónico, por SMS o incluso personalmente, son modalidades que emplean y que, lamentablemente siguen dando resultado.
El comercio electrónico está aquí para quedarse, al igual que los medios digitales de operación financiera. El mundo va para ese lado y no hay nada que hacerle, hay que protegerse tomando todas las medidas de prevención posible.
No debería estar tan expuesto un país que se jacta de ser el más informatizado y en el que se desarrolló el Plan Ceibal, que puso la tecnología al alcance de la mano de miles de niños desde edades tempranas y que también hizo llegar equipos que permitieron la conectividad a los jubilados. Quizás la preparación para la entrega de estas herramientas debió incluir una preparación para hacer frente a la vida en conexión. Y seguramente estemos a tiempo de, si se empieza a trabajar en estas cosas con el énfasis que se pone en otras, se pueda evitar serios inconvenientes a muchos compatriotas, prevenir situaciones como las que enumeraba el director en esa entrevista: “Una cantidad de gente, jubilados, tuvieron que empezar a cobrar con eso (la tarjeta), le mandan la tarjeta al sobrino, con la contraseña, en fin, se dan muchas situaciones similares y ello se presta para los hackeos. Está el nieto al que el abuelo le da la tarjeta para cobrar y después le robaron en el cajero al nieto”. También comentó otras que son propias de localidades en las que no hay cajero automático. “En el interior profundo los pobladores por ejemplo le dan al chofer del ómnibus para que les cobre, le dan en una bolsa de nailon la tarjeta con el código, por lo que toda esa seguridad informática, esa modernidad, se viene abajo ante la realidad”.
Sabiendo todo esto, da la impresión de que la campaña que se está realizando por parte de las instituciones es insuficiente como para pensar que el sistema esté desarrollando una barrera efectiva, que vaya más allá de “cubrirse” frente a posibles reclamos. Es necesario que la comunicación sea eficaz y que se eduque seriamente a los usuarios. Por ahora la venimos corriendo de atrás, como se decía en el campito.
