“La acción ante la Justicia para acceder a información pública en la Junta Departamental, concretamente a las resoluciones de Presidencia desde el comienzo del período, fue necesaria porque no es cierto que la misma esté a disposición de las bancadas. No tendría sentido la demanda si así fuera. Pero la realidad es que los archivos claves en las computadoras de la Junta Departamental exhiben un candado virtual en el cuadro de diálogo y necesitan de un código para su apertura”, indicaron las edilas del Frente Amplio Natalia Martínez y Verónica Villareal. Acompañadas por su representante legal, Federico Álvarez Petraglia, aseguraron que “si las resoluciones de Presidencia fueran de libre acceso para los ediles, ellos mismos no hubieran esperado a confrontarnos en la Justicia. Hicimos el trámite que prevé la ley por información pública, directo a la Junta, como corresponde. Pedimos las resoluciones porque no es de libre disposición para los ediles. No respondieron en los veinte días y no usaron los otros veinte días de prórroga. Terminamos en la justicia porque es la acción que quedaba”.
“Queremos que nos entreguen las copias de todas las resoluciones que ha tomado Presidencia. Es posible que alguna no esté en el sistema incluso. Consideramos que la Junta Departamental como órgano de contralor y representación de la población, no debería tener nada que esté escondido al ojo de la población, a través de los ediles”.
Las edilas destacaron que “cuando se pone algo bajo un candado digital, surgen sospechas que se tiene algo que esconder. Los gastos en la Junta hasta ahora no han sido transparentados; el ingreso de funcionarios a la Junta hasta ahora no se sabe cómo es. Uno ingresa un día y hay un funcionario nuevo, mediante contratación que se desconoce. Ahora contrataron una empresa, porque en este momento dos funcionarias, una con licencia médica y sumario y la otra también con licencia médica, para suplirlas contrataron una empresa. También hay otra empresa que hace la limpieza. ¿Cómo se le paga? No sabemos”.
En el mismo tema agregaron que también se produjo “la contratación de una empresa para la transmisión televisiva de las sesiones, que se realizó sin comunicar los detalles. Son apenas tres ejemplos. Tenemos muchos más”.
“Parece que los presidentes que han pasado y el que está ahora, se olvidan que están decidiendo sobre dineros públicos, que deben asegurar transparencia. Se sabe que el presidente puede realizar contrataciones directas, pero dentro de los montos establecidos en el Tocaf y dando cuenta a los ediles. Esto último no lo han hecho, veremos ahora –si cumplen con la decisión judicial y entregan las resoluciones– qué y cómo lo hicieron”.
“En la Justicia, la abogada que los representó aseguró que tenemos acceso a todas las resoluciones, pero es mentira. No tenemos acceso. La jueza intuyó eso y lo expresó en el alegato. La abogada después de terminada la audiencia intentó dar explicaciones que no existen, fuera de tiempo pues debían estar en el alegato. La jueza definió que tenemos razón y que tienen que entregar la documentación”.
Federico Álvarez Petraglia subrayó que “sistemáticamente se han negado a entregarle a los ediles del Frente Amplio copia o acceso a las resoluciones del presidente de la Junta Departamental. Una cosa insólita, realmente increíble porque no estamos hablando de un órgano por fuera de la Junta, sino de pares, porque quien ocupa el cargo nominal de presidente es ni más ni menos que un edil, no algo más”.
“Todo este camino por la ley de acceso a la información pública llevará a conocer las resoluciones de Presidencia para ver qué, cómo y a quién, por así decirlo. Sin ir muy lejos, se han llevado adelante gran cantidad de obras, pero no se sabe con qué presupuesto, cómo se realizaron las licitaciones, cómo se pagaron. Demasiadas cosas que no se informan. Ahora –espero– se sabrán, gracias a la decisión judicial”, dijo más adelante.