La oenegé Coendú emitió un comunicado a raíz del derrame de químicos que se produjo en instalaciones de la planta de UPM en Paso de los Toros, en el que reclama al gobierno la urgente tipificación de delitos ambientales.
“Como ya es de público conocimiento, el 16 de agosto del presente año se produjo un incidente en la recientemente inaugurada planta de UPM en Paso de los Toros (UPM 2), el cual implicó un derrame de aproximadamente un millón de litros de soda cáustica”, comienza exponiendo la organización civil, que considera que el episodio, que evalúa como “de enorme gravedad ambiental, nos muestra una vez más lo que los gobiernos ocultan (y de tal forma que logran que la sociedad se mantenga creyente y sumisa)”. Para Coendú “estos proyectos, rechazados en otros países, son una bomba de tiempo en cuanto a la destrucción de los pocos vestigios que quedan de lo que fue el Uruguay Natural de hace un siglo”. Alude además la declaración ambientalista a los montos que han trascendido extraoficialmente, de las sanciones que el gobierno aplicaría a la multinacional: “de aproximadamente U$S 40.000, cifra totalmente insignificante para una empresa que, según datos de mediospublicos.uy en el año 2021, obtenía ganancias anuales cercanas a los U$S 1.400.000.000”. Entienden que, de ser así, “sería como multar con $ 40 (cuarenta pesos) a quien gana $ 125.000 líquidos mensuales. Triste es saber que no hay cifra capaz de devolver toda la vida destruida por esta acción”.
EXIGENCIA
A partir de esta situación la organización considera que es “urgente” la tipificación penal del delito ambiental y agrega que “es momento también de que todos quienes apoyaron este proyecto asuman su cuota parte de responsabilidad: partidos políticos, gobernantes de turno, poder ejecutivo, legislativo, así como los técnicos responsables de las autorizaciones, que dejan en evidencia que la frase ‘no contamina’ que muchos supieron afirmar, es una mentira que solo se puede basar en la incapacidad o dolo del involucrado”.