Este año se cumplieron 20 desde que, durante la presidencia de Jorge Batlle Ibáñez, Uruguay suscribió el convenio marco para el control del tabaco, alineándose a las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tardaría cerca de un par de años más, hasta febrero de 2005, la sanción en el Parlamento que daría vigencia a las disposiciones allí contenidas. Luego vendría lo sabido, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez una serie de medidas restrictivas del consumo de cigarrillos y otros productos en base a tabaco, la disputa con una empresa multinacional de la que el país saldría airoso y que lo posicionaría a la vanguardia en la lucha por la salud pública, a lo que se sumó una serie de acciones en los gobiernos posteriores, siempre en el sentido de endurecer y dificultar el acceso a este consumo que se asumió dañino.
Recién durante el actual Gobierno, y afrontando duras críticas y señalamientos por una eventual devolución de favores, hubo algunas disposiciones que flexibilizaron algo medidas anteriores, más que nada beneficiando a la industria nacional. En ese momento se argumentó que se adoptaban para que se pudiera hacer frente al problema del contrabando y los perjuicios que estaba ocasionando, no solo económicamente, sino también por la introducción en el mercado no solo de productos de mala calidad, sino que elaborados con materia prima desconocida.
Hoy, a raíz de una protesta de distribuidores de cigarrillos, se ponen a la luz algunos números preocupantes sobre el problema del contrabando que supone, para las arcas estatales, un perjuicio estimado en el orden de los 6.000 millones de pesos anuales –U$S 146 millones al cambio actual–, fruto de la venta de más de 49 millones anuales de cajillas de cigarrillos ingresados ilegalmente.
Lo primero que cabe es exculpar a los consumidores en esta situación. Como consecuencia de las políticas restrictivas antes mencionadas, se ha producido un abismo en la diferencia de precios. Mientras una cajilla de cigarrillos legales tiene en plaza un precio de 200 pesos, los de contrabando se venden a 50 pesos.
Es sabido que una de las características salientes de este consumo es la adicción que provoca, es decir que muchos de los consumidores desarrollan una dependencia que tienen que satisfacer y para los sectores más populares de la sociedad el acceso a estos productos se vuelve una alternativa evidente, aún a sacrificio de la calidad del producto y a costa de su propia calidad de vida, por las razones antedichas. Ha quedado en evidencia muchísimas veces a lo largo de la historia que estas brechas tan grandes, así como las prohibiciones absolutas, no acaban haciendo otra cosa que impulsar el contrabando y a la vez resultan contraproducente para el propósito en el cual se fundamentaron que era el cuidado de la salud pública. Es que la economía siempre gana.
Es lo mismo que sucede con los combustibles y demás en la frontera con Argentina: sea como sea, la gente va a encontrar la forma de abastecerse del otro lado. Posiblemente menos gente fume, seguramente se venden menos cigarrillos producidos en Uruguay porque el público no los puede pagar, pero no todos los que dejan de comprar el producto nacional abandonaron el hábito de fumar, y ahí es donde se hace el espacio para el comercio ilegal.
Y quienes conocen de logística o han trabajado en el comercio saben que si se tiene un producto que cubra los costos del canal, por ese canal luego se pueden mover otras mercaderías. De la capacidad de corromper que este comercio tiene, no hace falta ni hablar. Alcanza con citar al presidente de la Asociación de Distribuidores de Cigarrillos, Gustavo Márquez, quien denunció en entrevista con EL TELEGRAFO la falsificación en Paraguay de marcas reconocidas, “sin que nadie sepa lo que le ponen adentro”, y los ingresos masivos de cajillas de contrabando a través de la frontera con Brasil, principalmente. “Vienen de Paraguay, con material paraguayo, camiones que pasan por la frontera brasileña y no se establecen controles”, dijo. Una omisión al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, un tratado internacional impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), del que Uruguay es firmante desde el año 2014. En atención a este acuerdo, el país debería asumir un compromiso con la fiscalización y aplicación de sanciones, argumentan los distribuidores, que entienden que hay herramientas que no se utilizan.
Afirmó Márquez, basándose en estudios de mercado realizados por la empresa Factum, que, previo a la aprobación en el año 2008 de la Ley 18.256, 17 de cada 100 fumadores compraban cigarros en el mercado ilegal. En 2022 este número había crecido hasta los 36 de cada 100 fumadores y considera que esto habla de una naturalización del contrabando al menos en gran parte de la sociedad.
Estas herramientas a las que alude son la posibilidad de retirar de mercadería falsa en comercios y ferias o la aplicación de multas a quienes no cumplan con la ley, y argumenta que los productos ilegales son fácilmente detectables. “Porque no cumplen con las advertencias, fotografías y colores que exige la ley, así como los bajos precios”.
Para ponerlo en términos futboleros: de ser el campeón mundial de la salud pública por las limitaciones al tabaco, el país está en riesgo de irse al descenso, al exponer conscientemente a su población a un producto ilegal, de mala calidad, elaborado con materias primas por lo menos cuestionables y, en el proceso, no solamente perdiendo millones de pesos, sino también facilitando la circulación de otras mercaderías de contrabando. Puede resultar poco simpático a ojos de algunos, pero el consumo problemático existe y seguirá existiendo, y si la respuesta, la solución, está en el mercado ilegal, mal vamos.