Durante la última visita que realizó a nuestro departamento el director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los empresarios, José Pereyra, recorrió complejos de jubilados en Quebracho y nuestra ciudad, pudiendo constatar en algunas viviendas un gran deterioro y en algunos extremos encontrándose con casos en que la gente “duerme bajo la lluvia” y denunció una vez más “falta de control” por parte del organismo.
El jerarca recordó que en “los complejos es un tema que venimos (trabajando) hace mucho tiempo, si bien creo que parte de los objetivos están en que se haya tomado por parte del Directorio la posibilidad de un plan piloto nuevo que implica arrendamiento y cambia un poco”.
Luego de que “había salido del Directorio una circular que no compartía el resto del Directorio nuestras manifestaciones, de un punto tan lejano de convicciones o principios, bueno, llegamos a algo un poquito más cercano; nosotros evidentemente lo votamos como plan piloto y que podría tener cambios”, puntualizó. “Nos decían ahora que hay empresas incluso privadas que se quieren adherir al plan con ideas, con soluciones, incluso de trabajo de forma gratuita al tema de controles”, agregó.
“HAY UN ABANDONO”
En esta visita a nuestro departamento, “nosotros estuvimos ahora en complejos y ves cosas complicadas” y sentenció que “ves que hay ausencia del BPS, hay un abandono”.
“Nosotros utilizamos una frase que en algún momento dolió, que decíamos que eran cementerios de gente viva. Pero eso nos lo decía la gente, la frase no nace de nosotros”, recordó.
Consultado sobre si lo reafirma, respondió: “sí, y hoy acá lo mismo, el BPS no está presente”. Refirió al comentario realizado “en Quebracho” por “un veterano cuando nos íbamos” que “nos decía –no nos había visto—‘bueno, ¿en cuánto? ¿en un año, dos años más van a volver a venir?’”, a lo que se le respondió “no, vamos a volver”.
Este comentario está relacionado con la necesidad y obligación de presencia permanente de personal “que está pago para estar ahí; hay empresas contratadas que tienen que estar ahí. Ese es el problema”, observó, aludiendo al hecho de que existiendo el contrato “no se cumple y hay una anarquía que es la que nosotros denunciamos”.
En este sentido, reclamó que “el nuevo sistema este de arrendamiento lo que tiene que tener es control, porque ya el BPS ha tenido políticas de arrendamientos que tienen el mismo problema que tiene con las viviendas”, pues “si no hay control” se da el caso de que el beneficiario deja de vivir en ese lugar, por distintas razones, por lo cual “tendría que ser entregada la vivienda o por lo menos el BPS hacerse cargo, refaccionarla y entregársela” a otro jubilado, pero “eso a veces no pasa en los complejos”. Y así se dan situaciones en que termina viviendo alguien que no corresponde “y al no haber control, recién al tiempo se entera BPS” de esta situación, advirtió, denunciando que “eso pasa hoy”.
Citó el caso concreto que se da “en un complejo del BPS” que él visitó recientemente, donde “la adjudicataria es la madre, con el muchacho grande ya, está él ahí y asusta a los vecinos, tiene problemas con los demás, tiene una vida que no tienen sus vecinos. Que esa persona esté ahí no corresponde”.
En casos de viviendas en alquiler, “la situación sería la misma”, observó, indicando a la vez que se ha enterado de casos en que ha habido una demora de 3 años para la entrega de ese inmueble, “que la llave está entregada pero el BPS sigue pagando el alquiler”.
Si bien comparte que el arrendamiento “es una solución mucho más económica” y también rápida, en la que se podrían beneficiar unos dos mil jubilados, igualmente es una política que “no estoy de acuerdo que la tome el BPS” porque “¿para qué tenemos un Ministerio de Vivienda?”, planteó.En
su visión, “en Uruguay se van duplicando políticas públicas”, cuando en realidad “lo que tiene que tener el Ministerio de Vivienda es una política de viviendas para jubilados de bajos recursos. Eso sería un orden en el Estado”, consideró.
“FALTA CLARAMENTE CONTROL”
En su enfoque consideró que mientras se habla de jubilaciones bajas y que el BPS está desfinanciado, recordó que el organismo “financia viviendas, las construye, paga funcionarios para que estén en esas viviendas”, paga en forma mensual empresas administrativas, de mantenimiento, de limpieza, de seguridad, “y se va un montón de plata y encima no lo controlan, no se gasta en mantenimiento lo que se debe gastar”. En este sentido, recordó que “el presidente hablaba que cada vivienda debería tener U$S 1.500 de gasto mensual, todo lo que lleva que no hay”.
“Nosotros vimos casas donde no se puede entrar por el nivel de humedad, casas donde no se puede entrar porque directamente vimos una agujereada, vimos gente que duerme bajo la lluvia, tiene que entrar con el paraguas a ciertos sectores de su casa, acá en Paysandú. Son situaciones y coyunturas y en ese sentido uno ve que lo que falta claramente es un tema de control”, enfatizó.
“Si yo me comprometo con alguien a darle una vivienda digna como plantea la Constitución y lo logro, lo mínimo que puedo hacer es que quienes se comprometieron a hacer la vivienda digna cumplan” con ello “y den garantías, porque estamos teniendo mucha obra pública, lo vemos incluso con la ruta a Quebracho hecha hace en 4 meses y ya estaba con remiendos”, criticó.
“La política de obra pública en nuestro país está teniendo serios problemas”, agregó, entendiendo que quienes “representamos a los contribuyentes en todos su sentidos sin responsabilidad político partidaria somos los primeros que podemos decir: ‘che, esto nos está saliendo carísimo’, porque en realidad no hay un control sobre lo que está haciendo el Estado”.
“El Estado está haciendo las cosas mal y lamentablemente nos están saliendo el doble. Cuando se habla de desfinanciamiento, cuando los números no dan, cuando las jubilaciones son magras”, al mismo tiempo “se está gastando plata en cosas que no hay un orden para gastar el dinero, no hay un criterio”, observó, opinando que “se administra el caos o se gestiona el caos, pero no se gestiona verdaderamente la administración pública”.
