Todo el ambiente tecnológico y artístico de nuestro país se vio sacudido durante las últimas semanas por el “culebrón” protagonizado por las autoridades uruguayas y por la plataforma Spotify, la cual había amenazado con retirarse de Uruguay. En efecto, el pasado 1º de diciembre la plataforma había difundido en su página web un comunicado en el cual indicaba que “Spotify está siendo forzado a salir de Uruguay (…) Desafortunadamente, Spotify comenzará a retirar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1º de enero de 2024, y cesará completamente el servicio en febrero”.
El motivo para tal anuncio fue que, según la empresa, “recientemente, el gobierno de Uruguay aprobó la ley de Rendición de Cuentas que incluye cambios drásticos en la forma en que funciona la música en el país. Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras quienes representan y pagan a los artistas y compositores, y ha contribuido con más de 40 mil millones de dólares hasta la fecha. Los cambios con esta nueva ley podrían obligar a Spotify a pagar dos veces por las mismas canciones, y a menos que el gobierno aclare que las discográficas y editoras, a quienes pagamos ese ~70%, deben asumir la responsabilidad de estos costos, nuestro negocio de conectar artistas y fans será insostenible”.
De acuerdo con el periódico La Diaria, “los artículos en cuestión eran el 329 y el 330. El primero indicaba que, en las redes sociales, si se reproduce una canción, el intérprete tiene derecho a cobrar una retribución. “El intérprete de una obra literaria o musical tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, Internet o redes digitales de cualquier tipo, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra sustancia, medio o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. No llegándose a un acuerdo, se recurrirá al Tribunal Arbitral establecido en el artículo 58 de la presente ley”, señalaba el texto de la ley aprobada. El otro artículo proponía que “los acuerdos que celebren autores, compositores, artistas intérpretes o ejecutantes, directores y guionistas respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales” tienen el derecho a una justa y equitativa remuneración”. En caso de que no haya acuerdo por ese pago, el monto se establecerá por “juicio sumario por la autoridad judicial competente”.
En defensa de los derechos de los artistas, y de acuerdo con lo informado por el semanario Caras y Caretas, Alvin Pintos (integrante del conjunto musical Cuarteto de Nos), indicó que “Los intérpretes uruguayos nos encontramos frente a un problema que no es político, sino de justicia. Necesitamos urgentemente que se aprueben en el Plenario estos artículos. Donde sea que las personas estén escuchando nuestra música en algún medio digital, y no por un disco que compraron, nosotros no lo estamos cobrando, lo estamos regalando”. Otros artistas como Gerardo Nieto, Majo y La del 13, Yetsi Prieto, Santiago Tavella, Miguel Muniz, Rolando Paz y Néstor “Bocha” Lozano insistieron en que es de vital importancia que todos los artistas intérpretes cobren lo que tienen que cobrar por el uso de sus obras en el entorno digital”.
Finalmente, el gobierno nacional (representado en estas negociaciones por el secretario de Presidencia Álvaro Delgado) y Spotify llegaron a un acuerdo que llevó a dicho jerarca a afirmar que “el decreto “armoniza” la legislación vigente con la anterior y todos los intereses, y hace una “interpretación evolutiva de las nuevas tecnologías”. “Deja en claro que no va a existir un doble pago por parte de las plataformas, sean las musicales como Spotify, o las audiovisuales, como Netflix, Google y Amazon Prime”. Por su parte, Spotify anunciaba el pasado 12 de diciembre en su página web lo siguiente: “Nos complace compartir que Spotify seguirá disponible en Uruguay y podrá seguir brindando a los artistas la oportunidad de vivir de su arte y a miles de millones de fans la oportunidad de disfrutar e inspirarse con su música. El gobierno uruguayo ha demostrado que reconoce el valor que Spotify brinda a los artistas locales, compositores y fans. La aclaración de los recientes cambios en la ley de derechos de autor de la música significa que los titulares de los derechos – a quienes Spotify ya paga aproximadamente el 70% de cada dólar que genera por la música – deben asumir la responsabilidad de estos costos”.
Si bien los músicos e intérpretes uruguayos e inclusive la propia Sudei (Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes) apoyaba a rajatabla los artículos incluidos en la Ley de Rendición de Cuentas y despotricaban contra Spotify, finalmente celebraron de manera más o menos evidente el acuerdo alcanzado por el gobierno y el correspondiente decreto, ya que se da la paradoja de que hay una cosa peor que los montos que abona Spotify y es no estar en dicha plataforma. No formar parte de los catálogos de la multinacional de origen sueco equivale a una verdadera “muerte civil” del artista, ya que esa exclusión significará, por duro que pueda sonar, la inexistencia de las creaciones del artista que no participe de la misma. Tal es el poder de una plataforma como Spotify. Todo este episodio termina por demostrar la paradoja de que quienes atacaron inicialmente a Spotify y su operativa terminaron por festejar el dictado, por parte del presidente Luis Lacalle Pou, de un decreto que les permite seguir siendo “explotados” por esa empresa mutinacional.
Todo este episodio ha dejado una clara enseñanza no sólo para los músicos uruguayos sino también para la población de nuestro país en general: la realidad es la que manda y en ella el poder de las plataformas como Spotify no son las dueñas del mercado, sino que son el mercado en sí mismo y estar fuera de ellas significa no existir. Como dice el viejo refrán “no hay más perro que el chocolate” y por ello el presidente Lacalle Pou tomó hizo lo correcto al dictar el decreto antes mencionado. La propia Sudei en un comunicado institucional valoró “positivamente que el decreto reglamentario ratifica el derecho reconocido en la ley, destacando una “justa y equitativa” remuneración para los artistas, intérpretes y ejecutantes en el entorno digital. Tal reconocimiento permite que Uruguay sea valorado a nivel mundial dentro de los países de avanzada, tanto europeos como de otras partes del mundo, que reconocen y defienden dichos derechos”. Para Sudei también es positivo que todos los artistas, intérpretes, y ejecutantes tienen el derecho a percibir la remuneración justa y equitativa por el uso que se realiza de sus prestaciones artísticas en el entorno digital”. Queda claro que, al fin y al cabo, el presidente Lacalle dictó el decreto para proteger a los artistas nacionales y a sus obras, una opción siempre valiosa para la cultura de nuestro país.
