Tras una prolongada sequía que asoló la región, como consecuencia del fenómeno La Niña, y su posterior reversión desde el tercer trimestre del año pasado, para pasar a la irrupción de El Niño, con el aporte de lluvias por encima de lo normal y consecuentes desbordes –todavía en desarrollo– se renueva el panorama de incertidumbre sobre sus consecuencias, sobre todo en sectores productivos, como la agricultura, en que la disponibilidad de agua tiene una marcada incidencia.
Naturalmente, cuando se llega a niveles históricos de sequía, como la que aconteciera durante prácticamente dos años y que por ejemplo en el Uruguay determinó que estuviera comprometido el abastecimiento de agua potable a Montevideo, las cosas toman otro cariz, por cuanto interpela respecto a las previsiones que se han adoptado para estar a cubierto de estos fenómenos extremos, a la vez de generarse el infaltable pase de facturas por responsabilidades políticas entre los que están en el gobierno y los que estuvieron.
La realidad indica que, durante el gobierno anterior, fondos de Rentas Generales previstos para obras que mejoraran la disponibilidad de agua se usaron con otros fines –uno de ellos la construcción del Antel Arena– porque las prioridades del gobierno de entonces se fueron para ese lado, habida cuenta de que los réditos electorales de corto plazo determinaron hacia donde iría el dinero.
La naturaleza fue traviesa y al poco tiempo tuvimos una de las mayores sequías de todos los tiempos, dejando al desnudo el hecho de que por más intentos de esquivar y trasladar responsabilidades, el dinero que estaba destinado para obras que permitieran mejorar el abastecimiento de agua capitalino se usó para otra cosa, cuando ya había proyectos para financiar.
Pero la gestión del agua implica una problemática muy diversa y, en este sentido, en lo que respecta al agro, el último informe del Plan Agropecuario sobre el Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas indica que en el período considerado hubo notorios problemas por falta de agua para consumo animal y humano.
Indica que “en la primavera 2022, el 19 por ciento de los productores reportaba tener potreros sin agua”, que se incrementó al 62 por ciento en el verano. “Sin dudas una situación muy crítica que trae consigo no solo impactos negativos en el desempeño de los animales, sino también grandes dificultades tanto en el manejo de los animales como del escaso forraje existente”.
Sin embargo, se dio una mejora en el otoño, cuando el 35 por ciento de los productores reportaba tener aún un 35 por ciento de potreros sin agua. La gravedad de la situación vivida tuvo su muestra máxima cuando en el invierno de 2023 aún el 15 por ciento de los productores reportó tener potreros sin agua”.
Por supuesto, este no fue el sector productivo que más acusó las consecuencias del déficit hídrico, porque quiérase o no, el ganado ha demostrado ser más resistente a estos avatares, y en cambio la producción agrícola marcó en el rendimiento de sus cultivos las mayores pérdidas originadas por la sequía en la producción nacional, por unos 2.000 millones de dólares como evaluación general.
La Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) presentó el informe 2023 a través de la exposición de la economista Ángela Cortelezzi, técnica de Opypa y redactora del informe “Situación y perspectivas de las cadenas agroindustriales 2023-2024”
Una de las puntualizaciones efectuadas por Cortelezzi respecto al informe fue que los ejercicios agrícolas no coinciden con los años civiles y esto incide, por ejemplo, en el peso de los últimos meses de 2022 en la estimación de que el 60% de las pérdidas directas del período se registraron en la agricultura de secano de verano, por los fuertes impactos observados en los cultivos de soja y maíz.
Indicó además que el déficit hídrico generó pérdidas directas en la fase primaria por U$S 1.883 millones en el ejercicio 2022-2023, a lo que deben agregarse otras consecuencias en una diversidad de áreas.
La técnica de Opypa en el área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, Estudios Económicos y Gestión de Riesgos y Seguros Agropecuarios, explicó que, trazando el eje cronológico de los años 22, 23, 24, se nota la variación de la producción física en los principales rubros agropecuarios.
En cuanto a los años 22 y 23, se observa la caída de la producción física de soja en 77%, en ganadería de 8% y de 1% en remisión de leche a planta. Sobre estos dos años, corresponde señalar que en 2022 la caída del PBI agropecuario fue de 2,9% y en 2023 de 5,4%.
Respecto a las perspectivas para 2024, se estima un crecimiento de PBI sectorial del 8,4%, y en esto inciden factores como un buen año agrícola –que ya se ha manifestado en la cosecha de cultivos de invierno– pero también la exportación de madera para la nueva planta de celulosa.
El informe el anuario 2023 de Opypa hace foco, además, en los impactos del déficit hídrico en Uruguay y la región, en una actividad económica global que “no termina de afianzar su recuperación y se ubica aún por debajo de los niveles observados antes de la pandemia de COVID-19”; y en que, “aunque las presiones inflacionarias cedieron en 2023 (en parte por el descenso de los precios de alimentos y materias primas) las expectativas de ocurrencia de shocks climáticos y geopolíticos generan incertidumbre y sugieren la posibilidad de mantener las políticas monetarias contractivas, que podrían continuar frenando la recuperación económica”.
Más allá de evaluaciones de la actividad económica global, es indudable que debe tenerse presente que las consecuencias de la sequía han sido enormes, pero a la vez también que por más previsiones que se hagan no es posible ponerse a cubierto de las consecuencias de un fenómeno de estas características, aunque sí eventualmente atenuar sus consecuencias en diversas áreas con un manejo criterioso, que implica efectuar inversiones contracíclicas,por así decirlo, porque las posibles obras y las omisiones suelen salir a luz en medio de la adversidad, cuando poco y nada se puede hacer, en tanto las soluciones tan exigidas quedan relegadas cuando cambia el panorama.
Por ejemplo, las voces airadas que surgieron cuando el problema del abastecimiento de agua potable a Montevideo por falta de agua en el embalse ya no se escuchan y tampoco se habla de los proyectos para dar respuestas sustentables, para pasar en cambio a custionamientos por los problemas en canalizaciones, pluviales y falta de obras para excesos hídricos, como traen aparejado fuertes temporales puntuales.
Es decir, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve… o cuando no llueve, parafraseando el refrán, y queda solo como un instrumento de referencia –pero aparentemente para consulta– el denominado Plan Nacional de Aguas, instrumento técnico político para la planificación y gestión de las aguas considerando los diversos usos del recurso, con objetivos como agua para un desarrollo sostenible, el acceso al agua y el saneamiento como derecho humano, la gestión del riesgo de inundaciones y sequías; enmarcado todo ello en la gestión de los recursos hídricos y sus posibles impactos, así como un esfuerzo por establecer e integrar compromisos y acciones de los actores de la sociedad en relación a la gestión de las aguas.
Todo muy bien en los papeles, en las intenciones y en los objetivos, pero para cuyo abordaje integral se necesitan estudios y coordinación intersinstitucionales, proyectos y recursos, los que lamentablemente no siempre están a la orden a la hora de las prioridades cuando prima la voluntad política. Quiere decir que una y otra vez seguiremos rasgándonos las vestiduras cuando se den fenómenos climáticos como los que hemos señalado, por no haber hecho en tiempo y forma lo que había que hacer.
