Hay cosas en la vida que no admiten dos opiniones: una de ellas es que Romina Celeste Papasso, esa peligrosa protagonista de la actualidad uruguaya durante los últimos meses se ha reído de todos nosotros. Seguramente quien lee estas líneas reaccionará en forma inmediata exclamando que eso no se refiere a ella o él, porque nada tiene que ver con esos líos que, al fin y al cabo, “son cosas de políticos”. Si a eso le sumamos que la popularidad de la actividad política y quienes la llevan adelante viene en picada en todo el mundo (no sólo en Uruguay), la tormenta perfecta está lista: “como se trata de un tema de políticos y yo no soy política (o político) yo no tengo nada que ver con esto”: gran error.
Tampoco se trata de un tema que involucre solamente al exsenador Gustavo Penadés o al precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, debiendo destacar la abismal situación que existe entre uno y otro. Pensarlo en esos términos en volver a incurrir en una visión reduccionista que mide, calcula y sopesa riesgos y ventajas de la peor política. ¿Qué hubiese pasado si, por el juzgamiento mediático del que fue objeto, Yamandú Orsi se hubiera bajado de la carrera presidencial? ¿Quién se haría responsable de ese daño no sólo a Orsi sino también al Frente Amplio y a la democracia uruguaya en general? También debemos reflexionar sobre cómo los medios y las redes sociales juzgan, condenan y ejecutan la condena sin pasar por un juzgado y sin posibilidad de que el justa o injustamente acusado pueda defenderse ni demostrar su inocencia llegado el caso. Todos sabemos que una vez que se ensucia a alguien ante la opinión pública revertir esa situación es muy difícil cuando no imposible.
Así las cosas, las víctimas del accionar delictivo de Romina Celeste somos, sin dudarlo todos los uruguayos, algunas de las instituciones más importantes de nuestro país y la propia democracia que tan justamente ha sido un motivo de orgullo para nuestro país. Romina Celeste se ha reído de todos: de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Judicial, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (cuyo Consultorio Jurídico la defendía), así como a la opinión pública en general.
Todo este andamiaje de mentiras está sustentado en el fenómeno de las denominadas “fake news” o noticias falsas. Como ha señalado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso): “El derecho a la información ya es parte fundamental de la construcción de ciudadanía. En tanto lo mediático es central en el ejercicio de la democracia, los medios de comunicación no pueden ser ajenos a un debate público, más aún en el contexto actual de monopolización de la propiedad de multimedios en manos de empresas e intereses privados que normalizan la difusión de fake news, propaganda basada en la mentira y campañas mediáticas como instrumentos de desestabilización de procesos democráticos progresistas”.
“Las fake news se componen de dos características principales: por un lado, se sustentan sobre la base de una realidad aparente y, por el otro, se alimentan de una creencia extendida del sentido común democrático: aquella que dicta que la verdad siempre triunfa y que no es posible mentir de forma tan escandalosa o inescrupulosa.
En un contexto global en el que el acceso a Internet se encuentra cada vez más extendido, la línea divisoria entre la democratización de la información, la libertad de expresión y una comunicación en la que cada vez más predominan los discursos de odio, el negacionismo, la desinformación y las fake news o noticias falsas, se adelgaza cada vez más. Si bien estos fenómenos no eran ajenos a los medios de comunicación tradicionales, el uso masivo de Internet y la sobreinformación los ha exacerbado. La creciente radicalización de las posiciones ideológicas de la población va de la mano de una circulación cada vez más acelerada de las noticias falsas, que llegan a ser compartidas en promedio hasta seis veces más que las reales, lo que provoca una dilución de los límites entre lo cierto y lo falso. (…) Esta forma de comunicación basada en la adición de mentira y odio configura una particular versión de lo que se conoce como ‘posverdad’, que busca modificar la realidad apelando a un componente psicológico que conecta emocionalmente con ciertos grupos de personas a través de sus filias y fobias”.
Sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser atribuidas a diferentes actores sociales (ya sea por acción o por omisión), la clase política en general tiene una pesada carga de tareas que no puede esperar más y que debe ser puesta en la agenda cuanto antes, aún cuando los tiempos electorales que estamos transitando y que increíblemente se extenderán por un año más lo dificulten. Tarde o temprano se deberá entender que la política no es un vale todo y que el fin no justifica los medios. Las personas con responsabilidades públicas tienen la obligación de guardar un comportamiento que sea ejemplar para sus seguidores y votantes, así como para el sistema político en general. Si el mensaje es que todo vale, se terminaría impulsando la nefasta “viveza criolla” ya sea a la hora de evadir impuestos, contratar “trabajadores en negro” o dejar de pagar las deudas que se contraen legalmente. Además de las obligaciones inherentes a sus cargos públicos y/o partidarios, los políticos deben respaldar con sus propios hechos las lindas palabras que se dicen en los discursos que tan abundan por esos meses.
Tomemos a Romina Celeste como lo que realmente es: una persona que ha manipulado a su gusto todo un sistema con objetivos que aún no están claros, pero que deberán salir a la luz no sólo para saber si actuó sola o con algún tipo de apoyo de terceros, sino también para fortalecer el accionar institucional de nuestro país y actuar en consecuencia, sin perjuicio de la necesidad de realizar cambios en leyes y códigos cuyas innovaciones han sido lamentables. Tal como lo señalamos en nuestro editorial del pasado 10 de mayo, “En estos días, luego de que Romina Celeste Papasso y Paula Díaz reconocieran que la denuncia al precandidato Yamandú Orsi era falsa, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitió un comunicado en el que pide cambios a la ley 19.580 de violencia basada en género. ‘Los recientes hechos que se han difundido públicamente demuestran la necesidad de realizar profundas modificaciones al proceso penal y todas las normas que establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba que vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material, esenciales para que exista un proceso justo’, señaló la asociación”.
Para terminar, pero no por ello menos importante, debemos mencionar que, si el periodismo no hubiese sacado a la luz todo lo relativo a Romina Celeste, su conducta hubiese pasado totalmente oculta. A pesar de que muchos políticos tratan a los medios de comunicación igual que a las encuestas: “las apoyo si me sirven y las ataco si no me sirven”, lo cierto es que una vez más queda demostrada la importancia de tener la valentía de decir las cosas como son. A pesar de que algún personaje como Romina Celeste pretenda reírse también de los que tenemos el deber de informar.
