Transparencia ante la “verdad” única y el relato interesado

La semana anterior fue aprobado en Diputados el proyecto de ley que busca que el acceso a los archivos sobre el pasado reciente sea universal, iniciativa que había sido aprobada por el Senado y que ahora, con los votos del oficialismo, (la propuesta tuvo 49 afirmativos y 40 negativos, estos últimos todos del Frente Amplio) fue aprobado con modificaciones y se remitió nuevamente a la Cámara Alta.
“Ya es ley. Conocer toda la verdad sin límites ni ediciones, con transparencia, para todo el que quiera, es el objetivo”, escribió en X el exministro de Defensa Nacional, Dr. Javier García, para acotar que se trata de un “triunfo de la democracia y de la transparencia”.
“Estamos muy contentos de que esté la ley, que va en la línea del compromiso con la verdad y los derechos humanos”, manifestó, en tanto por su lado la diputada frenteamplista Verónica Mato argumentó en la sesión extraordinaria la razón de su voto en contra de la ley.
La legisladora citó a la archivóloga a cargo de la Secretaría para el Pasado Reciente y del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UdelaR, en el sentido de cuestionar la instrumentación de la legislación para la protección de los datos “sensibles” allí presentes.
Según indica Montevideo Portal, el proyecto había ingresado al Parlamento a mediados de mayo de 2023 a través de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Un mes antes, en abril, una persona anónima había subido a Internet (en la plataforma archive.org) miles de documentos de la dictadura uruguaya, entre ellos el Archivo Berrutti.
García, quien por entonces era ministro de Defensa, apuntó a que se desconoce de dónde provinieron esos archivos, y asimismo aseguró al portal que “tampoco se puede hablar de que fueron documentos desarchivados porque no se tienen elementos para asegurar la veracidad de los mismos”.
Corresponde señalar que la ley establece la creación, en el Archivo General de la Nación, de una sección “destinada a la reunión, organización y conservación de documentos del pasado reciente y violaciones de los derechos humanos”.
En su exposición de motivos se habla de otra ley, la 18.435, de 12 de diciembre de 2008, que asignó “al Archivo Nacional de la Memoria la misión de reunir y organizar las copias de los documentos relativos a las violaciones de los derechos humanos”. Sin embargo, García argumentó que la razón por la que esta nueva legislación deja a un lado esa institución es porque “en los hechos nunca existió. Que esto pase al Archivo General de la Nación que funciona y que ya está establecido simplifica el proceso y lo hace más viable”, expuso.
Por otra parte, el legislador contestó al planteo de la diputada frenteamplista sobre la posible filtración de datos sensibles y apuntó al artículo 2 de la ley que habla del “mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a tercero. Ese artículo siempre estuvo en la ley y ahora deberá instrumentarse”, apuntó.
Acerca de las implicancias del proyecto, sobre fines del año pasado, el entonces ministro dijo que “es un juicio mordaza. No debe haber registro en la historia de que a un Estado le hacen demanda por querer transparencia y toda la verdad”, aludiendo a la demanda que la organización Crysol, que nuclea a expresos políticos (como se denominan), presentaba contra el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y dijo que es algo “insólito”.
El motivo de la demanda es el proyecto de ley impulsado por los ministerios de Defensa y Educación para dar libre acceso a todos los archivos de la dictadura cívico-militar.
“Yo no negocio la libertad a que cualquier persona en Uruguay que quiera acceder a documentos sobre un pasado doloroso, pero que quiera conocer, pueda hacerlo”, escribió el ministro en otro posteo de la red social, a la vez que en rueda de prensa, García afirmó que el tema es “trágico y doloroso”, y que “da la impresión de que hay gente que no quiere toda la verdad ni la transparencia. Las censuras y los censuradores son de las dictaduras; en democracia es libertad y transparencia”, sostuvo.
Este episodio es solo uno más de la polémica suscitada a partir de la iniciativa gubernamental que apunta a correr el velo sobre los misteriosos archivos de la época del gobierno de facto, que a menudo se mencionan y a los que se hacen referencias parciales, pero que no han sido dados a conocer y a lo que se opone enfáticamente la izquierda, la misma que vive reclamando por “Verdad y justicia” sobre lo ocurrido en aquella época.
Es decir, con una mirada sesgada de ideología y resentimiento, que deja por cierto muchas interrogantes sobre cuáles son las reales intenciones de mantener todo oculto y dejar la “verdad” sujeta al relato de partes interesadas en que solo se da a conocer su versión sobre los hechos del doloroso pasado reciente.
La iniciativa del Poder Ejecutivo consiste en la creación de una sección especial para este tipo de documentación en el Archivo General de la Nación (AGN). La ubicación elegida asegura la conservación y clasificación de este material y sobre todo la cadena de custodia de la información, según la óptica de los promotores de la iniciativa.
Es que la izquierda se ha apoderado del relato sobre el denominado pasado reciente, con una visión romántica e interesada teñida de su ideología muchas veces con verdades a medias o directamente mentiras, con las cuales pretende confundir a la opinión pública haciendo hincapié en la “lucha contra la dictadura” de los tupamaros, cuando sin embargo éstos no dispararon un solo tiro en dictadura, instaurada el 27 de junio de 1973, sino que se alzaron contra un gobierno constitucional, ya en los albores de la década de 1960, procurando instalar en Uruguay un régimen similar al de la Cuba castrista.
Estas acciones inspiraron a los terroristas uruguayos, con su secuela de atentados, bombas, secuestros, copamientos a punta de revólver, y solo trajeron violencia, asesinatos, torturas, muertes y un inmenso drama para todos los uruguayos durante más de doce años, sobre todo para el 99 por ciento de su población, que no estaba con la dictadura que vino después ni con los guerrilleros que empezaron 10 años antes con el “cuanto peor, mejo” y que decían actuar en nombre del pueblo, con la real intención de hacer de Uruguay la Cuba de América del Sur. Y para esto contaban con el apoyo y entrenamiento militar y político de la dictadura caribeña.
García expuso que la idea es que “se pueda conocer toda la verdad”, una verdad que a su juicio no pudo conocerse por falta de voluntad política durante los gobiernos del Frente Amplio.
“Apelamos a que no haya censura y a que nadie le diga qué puede hacer y qué no. Las censuras son del tiempo de la dictadura”, dijo García, a la vez que trajo a colación una resolución dictada en 2011, durante el gobierno del Frente Amplio, en que ponían bajo reserva 151 archivos vinculados a la dictadura cívico – militar, pero a la vez subrayando la “reticencia” de la oposición en cuanto a avanzar en la difusión de este tipo de archivos, aludiendo a que parece que allí “hubiera algo que quemara”, más potente que el derecho del pueblo a saber la verdad.
Por cierto, la reflexión que surge nítidamente y que impacta por su incongruencia es por qué se quiere ocultar estos archivos por quienes han pregonado insistentemente durante décadas “verdad y justicia”, y con rebuscados argumentos y dilaciones pretenden que solo se escuche su relato sobre los hechos acaecidos antes y durante la dictadura.