El precandidato a la presidencia por el Partido Colorado Gabriel Gurméndez expuso en su última visita a Paysandú algunas de las propuestas que lleva adelante junto a su equipo de asesores, entre las que destacó lo que pretende en materia de seguridad interior.
“Lo que proponemos es un Ministerio de Interior fortalecido, un superministerio al que se le incorpore en forma muy rápida y eficaz 1500 efectivos de la Prefectura Nacional Naval bajo el comando único del ministerio; la Prefectura es un cuerpo de seguridad, con efectivos preparados como policías, entonces nosotros queremos fortalecer la capacidad del ministerio con ese personal adicional, dándole además capacidades de coordinación centralizada de todas las reparticiones públicas que hacen al combate del crimen organizado” dijo el precandidato.
Sobre esa coordinación con reparticiones públicas, mencionó a modo de ejemplo “las que están dispersas en el Estado y que tienen que ver con temas de inteligencia; también la supervisión y contralor de entidades aduaneras, principalmente abocadas al blindaje del puerto de Montevideo, y como contralor hasta de la propia información financiera”.
“Es decir: queremos darle al Ministerio del Interior potencia para enfrentar al ‘enemigo público número uno’, que es el narcotráfico, la causa principal de la violencia que hay en nuestro país. Hemos viajado a Argentina para asesorarnos con la ministra Patricia Bullrich, para ver de cerca qué es lo que están haciendo en materia de seguridad allí y preparar una futura alianza estratégica entre los dos países si somos gobierno. Queremos evitar que pase en Uruguay lo que sucede en lugares como Rosario”, aseguró. Y aclaró además que las Fuerzas Armadas “pueden dar apoyo logístico, lo cual no quiere decir que saquemos el Ejército a la calle, porque con eso no estamos de acuerdo”.
CUATRO NUEVAS CÁRCELES
“Estamos proponiendo construir cuatro cárceles más chicas que las existentes, de unos 500 reclusos, de manera de segregar a los delincuentes graves o a los vinculados al narco, de aquellos que tengan delitos leves, de manera de evitar esa convivencia que genera la ‘universidad del delito’”, mencionó sobre otra de sus propuestas en seguridad.
Además, Gurméndez propone sacar de la órbita del Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Rehabilitación, “pues el ministerio y la policía no tienen vocación de reeducación de los presos ni de rehabilitación y reinserción en la sociedad; hay que llevar las cárceles a un nuevo organismo descentralizado, fusionado con la Dirección Nacional del Liberado” subrayó. “Si hoy ocurre que 7 de cada 10 presos vuelven a delinquir, ser más exitosos en este proceso es una forma de proteger a las familias uruguayas. Es más: deberíamos sacar policías de las cárceles para que estén en el territorio y en su lugar se incluya a personal especializado”.
“ES MÁS IMPORTANTE LA CAMPAÑA POR EL PLEBISCITO”
El precandidato argumentó que todo lo que se pueda proponer en materia impositiva estará sujeto a lo que suceda con el plebiscito por la reforma de la seguridad social. “Un triunfo del plebiscito por la reforma jubilatoria podría convertirse en una bomba de tiempo para el sistema previsional de Uruguay; es el riesgo político más importante que tenemos en este ciclo electoral y lo que más complicaría las posibilidades de crecimiento económico del país. Creo que es más importante la campaña por el plebiscito que la propia competencia presidencial, porque uno no puede imaginarse en ser presidente cuando está este tema sobre la mesa, pues iniciaríamos un camino peligroso el mismo día que comienza el período de gobierno. Es un tema central y el más importante de toda esta campaña que tenemos por delante” aseguró.
Según Gurméndez, una reducción de impuestos surgiría del ahorro en el sector público, “sería trasladarle a la gente el beneficio de una menor presión tributaria”. “Pero si sale la reforma nos olvidamos de cualquier reducción de impuestos, es una carga que va a recaer sobre futuras generaciones”. Destacó que con su equipo económico proponen un ahorro del gasto público “que vendría por el lado del crecimiento económico, reducción de gastos operativos del Estado en un 10% siempre teniendo en cuenta gastos que no incluyen al personal del sector público; la incorporación de tecnología y eficiencia en los procesos administrativos y una modificación en la manera en la que encaramos los instrumentos de deuda pública, esto para aliviar algunos gastos vinculados al servicio de la deuda”.
