El Movimiento Uruguay Sustentable, Movus, pretende acceder al texto del acuerdo de entendimiento, firmado el 28 de febrero de este año, entre el Estado uruguayo y la empresa multinacional HIF, que proyecta instalar una planta en Paysandú con una inversión de varios miles de millones de dólares. Para esto se presentará a la justicia una demanda contra el Estado, al amparo de la ley de acceso a la información pública, en vistas de la declaración como confidencial de lo contenido en el acuerdo con la empresa, indicó a EL TELEGRAFO Raúl Viñas, integrante del colectivo. “Vamos a presentar la demanda. No te voy a dar los argumentos que vamos a presentar, pero vamos a presentar una demanda muy bien fundamentada para que se nos entregue esa información. Cuando la tengamos la daremos a conocer”, expresó.
CONFIDENCIAL
A poco de firmarse el acuerdo no solamente Movus había pedido públicamente conocer los detalles del documento, ya que el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, también publicó en X la pretensión de que “no sea otro contrato negociado en secreto, como lo fueron otros” y realizó un pedido de informes desde el Parlamento. A diferencia de Pasquet, Viñas recurrió a la Ley de acceso a la información pública, N.° 18.381. “Mando el pedido de acceso a la información, no hay contestación, se toman el plazo legal de veinte días, el día veinte me mandan una notificación que dice que el plazo ha sido exiguo para cumplir con lo que yo había pedido, que era ponele, no sé, diez fotocopias, yo lo que le pedí es pasame lo que firmaste. Se toman veinte días más”. Al cabo de ese plazo se hace llegar la respuesta negativa a través de una resolución del Poder Ejecutivo, amparada en una resolución anterior “que no la pude encontrar en la web, del dos de mayo, después del acto, hicieron una resolución; habían declarado que el contrato firmado y todas las comunicaciones intercambiadas entre el gobierno y HIF eran confidenciales”.
SECRETOS
Luego de la negativa se le dijo que podría haber secretos industriales de la empresa en la documentación solicitada, “que eso no se puede dar a conocer porque en el memorándum de entendimiento había secretos industriales”, y agregó que “no sé cuál secreto puede ser, yo lo hice en el liceo eso: poníamos dos electrodos en un tacho con agua y un tubo de ensayo arriba de cada uno. Y en uno sacábamos hidrógeno y en otro sacábamos oxígeno. Era un experimento de Química. Esto es lo mismo a diferente volumen, no vengas con que hay secretos industriales”. Igualmente se pudo haber salvado esto, “tachá, hacé como hace la CIA. Me tachás con negro, los secretos industriales, y me dejás lo que yo quiero saber, que son los compromisos que asumió el gobierno y la afectación que eso puede tener sobre la parte ambiental”.
La publicidad de la información en temáticas ambientales está amparada, dijo Viñas, en el acuerdo de Escazú, “y tenés un montón de cosas que dicen que es obligatorio entregar esa información. Cuando me contestan que no me la van a dar, contacto a Rodrigo Esperanza, que es el abogado que últimamente nos ha llevado estos juicios”.
MÉTODO
La utilización de la Ley de Acceso a la información pública es el mecanismo por el cual han logrado acceder a muchos de estos acuerdos entre el Estado y empresas. “En el Movus tenemos, no sé, 18, 20 juicios, de los cuales 6, 7, son míos. O sea, ya tenemos experiencia en esto”. La diferencia es que esta vez el gobierno fue un paso más allá en el propósito de no dar a conocer la información contenida en el contrato. “Hicieron una que es más ‘jodida’, o sea, hicieron una resolución firmada por el presidente para declararlo confidencial, que antes no lo habían hecho. Están jugando con el máximo de la reglamentación, y están aprovechando una modificación que le hicieron a la Ley de Acceso a la información pública que dice, inconstitucionalmente, que cuando hay una cláusula de confidencialidad en un contrato, la información debe ser confidencial”. A juicio de Viñas esto “no tiene pies ni cabeza, porque entonces yo hago un contrato de que voy a hacer cámaras de gas acá en el Uruguay y es confidencial. No. Hay cosas que no pueden ser confidenciales. El acuerdo de Escazú marca directamente todo lo que tiene que ver con cosas ambientales”.
OPACO
La reserva sobre este tipo de contratos se ha hecho una constante más allá del cambio en el partido que se encuentre en el gobierno y para Viñas hay responsabilidad en el Parlamento, que debería controlar el accionar del Ejecutivo. “La República se basa en tres poderes, está el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, quien podría solicitar esto, quien debiera de tratar de ver qué está pasando para controlar al Poder Ejecutivo, que es el Parlamento, está omiso”, dijo. Y recordó que el diputado Pasquet recibió muchas críticas de integrantes de la coalición cuando hizo su solicitud de informe.
Agregó que “anda un video por ahí del Movimiento Uruguay Soberano, del que yo formo parte, que estamos impulsando la junta de firmas para que no se puedan firmar más contratos secretos, un video que está muy bueno porque te muestra en el año 2017 a diputados del Partido Nacional, me acuerdo estaba Carol Aviaga, diciendo que esto es una entrega; y enseguida, en pantalla partida, aparece Charles Carrera, hablando del puerto”, planteó. “Según como te agarre en el momento, dónde estés, vas a decir que está bien o está mal”.
Del mismo modo recordó otro video del mismo año, en el que, entre varios senadores de la entonces oposición, uno de ellos afirma que “el gobierno tiene obligación de entregar la información a la población, que el gobierno no puede ser el Poder Ejecutivo por sí solo, no puede hacer contratos comprometiendo al país por 50 años o más.
Y que si el contrato de UPM hubiera llegado al Parlamento, nunca se habría firmado porque el Parlamento no lo hubiera permitido”. Ese senador, dijo, “ahora es el presidente de la República, que está haciendo exactamente lo que él dijo que no se tenía que hacer”.
