En la Ley de Urgente Consideración (LUC), figuran artículos que se refieren a la regla fiscal, un concepto que es muy importante para el manejo macroeconómico y que por lo tanto, quiérase o no, repercute en la microeconomía y sobre la situación de los sectores más vulnerables de la población de seguirse otros caminos.
En este último tramo de la presente administración de gobierno, en la que se promovió y aprobó esta normativa, se observa sin embargo un incremento significativo del déficit fiscal, lo que puede ser interpretado como un signo de haberse ingresado gradualmente en tiempos electorales y por lo tanto con condicionamientos que tienen que ver con el humor popular.
Cuando se incorporaron estas disposiciones en la LUC, la idea ha sido la de generar reglas para evitar la expansión distorsionante del gasto público, que se paga con más impuestos del sector privado, que es el motor de la economía, creador de riqueza y de empleos genuinos.
Al respecto el economista Jorge Caumont subrayó en su momento que una regla fiscal “no es un capricho ideológico”, sino de fundamental importancia para un país, y consideró que “en nuestro país la evidencia empírica nos muestra que el resultado conjunto negativo de la actuación del gobierno central, de los organismos del artículo 220 de la Constitución –entre otros los de la enseñanza– y del BPS, se ha venido financiando de manera creciente con aumento de impuestos –con alzas de sus alícuotas o con cambios en la fase imponible– para recaudar más”.
Aún así el déficit de las cuentas públicas sigue manteniendo una tendencia creciente, y actualmente se sitúa en orden del 4,4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), es decir en niveles similares a los del año 2019, último año de gobierno del Frente Amplio, lo que da la pauta de que es un factor amenazante aunque no de alto riesgo por ahora, a la vez que da muestras de las dificultades que apareja la administración de este parámetro, desde que el gasto estatal tiene un muy alto componente de rigidez, y hay solo en los hechos un 5 por ciento del total en el que se pueden manejar alternativas para reducirlo, aunque tampoco de fácil implementación.
Se trata evidentemente de los condicionamientos que tienen origen estructural, que solo pueden ser modificados temporalmente –así lo ha demostrado la realidad hasta ahora– por factores coyunturales, como se dio en la década previa a 2014, cuando los elevados precios internacionales de nuestros commodities y las bajas tasas de interés permitieron incremento de la actividad y recaudación extra que hizo que el Estado contara con más ingresos de recursos. El problema fue que por aquel entonces en la misma medida se incrementaron los gastos y no se redujo por lo tanto el déficit, sino que por el contrario, se incorporaron gastos fijos de extrema rigidez.
Una pauta sobre esta problemática la da el Ec. Marcelo Sibille, gerente senior del Área Económica de KPMG consultores en Uruguay, al señalar al suplemento Economía y Mercado, del diario El País, que “tenemos un déficit fiscal que es el mayor desde la salida de la pandemia. El último dato a mayo arroja 4,4 por ciento del PBI, que se descompone en 1,6 por ciento del gobierno central, más 0,9 del Banco Central, con lo cual el nudo gordiano está en el gobierno central”.
Expresa al respecto que “este déficit elevado está relacionado con otro déficit que tenemos, que es el crecimiento. Dado que el déficit lo medimos como un ratio entre el resultado fiscal y el PBI, cuando crecemos poco, el aumento del déficit hace que el cociente sea superior. Crecer poco implica que los ingresos por el lado del sector público también crecen poco, porque se ajustan endógenamente por el crecimiento”.
El punto es que las variables fundamentales, es decir el gasto y la recaudación, se entrecruzan, y peor aún, el primero se sigue sosteniendo en una escala superior, que solo puede más o menos ser nivelada cuando hay un incremento de actividad, mientras que el gasto, con su alto componente rígido no es nada fácil de abatir por los aspectos estructurales de que está constituido, y este es el gran problema que se potencia cuando coyunturalmente estamos en fase de bajo crecimiento.
Para situarnos en la rigidez del gasto, corresponde mencionar, de acuerdo a lo detallado por el consultor, que “el más importante son las jubilaciones, que representan un 35 por ciento del total. Eso no lo podemos bajar, incluso se indexan por disposición constitucional. Es un gasto estructuralmente alto que no tenemos forma de bajar salvo a través de una licuación, inflación mediante, que no es socialmente recomendable y tampoco está en el menú”.
“Después, tenemos otro componente, que son las remuneraciones y que representan un 20 por ciento. Si uno lee los vínculos funcionales a lo largo de los últimos 20 años, se encuentra con que pasamos de 230.000 vínculos a 300.000. ¿Era necesario todo ese aumento en esta nueva era más asociada a la automatización de procesos?”, indica Sibille.
A su vez, da cuenta de que del 90 por ciento de lo que el Estado contrató durante los últimos 20 años, un 65 por ciento corresponde a la educación y un 25 por ciento a la salud.
Además, hay un 30 por ciento del gasto primario que está compuesto fundamentalmente por transferencias del BPS, de las cuales un 27 por ciento son transferencias Fonasa, Seguro por Desempleo y transferencias a las AFAP, todos rubros dispuestos por ley y por lo tanto imposibles de eludir, a la vez que el otro tres por ciento corresponde a Asignaciones Familiares. Debe incluirse asimismo otro 10 por ciento inherente a los gastos no personales, que son los gastos generales de funcionamiento del gobierno central, donde sí es posible hincarle el diente en cuanto a recortes y sobre todo, tratar de obtener mejor eficiencia en el gasto, aunque con límites significativos a efectos de no afectar el funcionamiento de las respectivas dependencias. El 5 por ciento restante de todo el gasto es el que es volcado a la inversión pública, donde también puede hacerse algún recorte y un mejor uso de los recursos, aunque debe tenerse en cuenta que es un porcentaje muy menor dentro del gasto y que además, la inversión del Estado tiene un efecto positivo para dinamizar la economía.
Se observa pues que el gran problema es el haber incorporado gastos fijos al Estado, haciendo un núcleo duro que es el gran contrapeso en la economía, como resultado sobre todo de políticas voluntaristas procíclicas, que no solo fueron flor de un día en su momento, sino que lamentablemente ha generado una nefasta herencia para los siguientes gobiernos tras el efímero período de bonanza que se terminó en 2014.
Indudablemente, las finanzas del Estado dependen del trabajo y la creación de riqueza por cada uno de los actores privados, y es pertinente señalar que la pandemia y más que nada, las medidas adoptadas para tratar de contener su difusión, con el agregado de los costos de la sequía, han sido un factor agravante del problema.
Con regla fiscal y todo, hoy estamos en un nivel preocupante, porque sobre todo en año electoral no hay adecuación del gasto a las posibilidades reales del país, el déficit sigue creciendo, y la preocupación por el resultado electoral sigue primando por encima de la necesaria prudencia y sentido común que se debe tener para la conducción de un país, volviendo por lo tanto al viejo recurso de seguir pateando la pelota hacia adelante.
