( MONTEVIDEO PORTAL)
El fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, brindó una rueda de prensa tras el hallazgo de restos humanos en el Batallón N° 14 de Toledo, en Canelones. El cuerpo fue encontrado a pocos metros del lugar en el que fueron hallados los restos de Amelia Sanjurjo, en junio de 2023.
Perciballe, que concurrió a la locación, dijo que las características del hallazgo son muy similares a las de cuando se encontraron los restos de Sanjurjo. “Es un enterramiento primario y es muy similar”, dijo Perciballe.
Según explicó el fiscal, los restos fueron hallados “rodeados de cal y de una losa”. El magistrado a cargo de las investigaciones vinculadas a los hechos de la dictadura dijo que el hallazgo se dio “en el marco de un trabajo rutinario que hacen todos los días los antropólogos con la retroexcavadora”.
“En una palada se encontró cal y una losa”, explicó Perciballe, que adelantó que el “cuerpo será levantado en el día de mañana o a más tardar pasado, tras trabajar toda la noche”.
El sexo de los restos de la persona encontrada todavía no ha sido establecido, añadió Perciballe.
El cuerpo hallado este martes estaba ubicado a 170 metros del de Sanjurjo y a unos 200 metros del cuerpo del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco Valiente, encontrados en 2011 y 2012, respectivamente. Es el cuarto hallazgo de restos en el Batallón N° 14.
FIRMARON RESOLUCIÓN DE INTERVENCION DEL CASMU
(SUBRAYADO)
El presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Salud Pública Karina Rando firmaron la resolución que dispone la intervención del Casmu “por el plazo de hasta un año sin desplazamiento de sus autoridades”.
La resolución advierte que “conforme surge de los antecedentes administrativos, CASMU-IAMPP no ha logrado subsanar dentro del plazo concedido el desfasaje económico-financiero que, a juicio del Ministerio de Salud Pública, tiene como consecuencia ineludible, en un corto plazo, el decaimiento de la atención asistencial normal del prestador de salud”.
Los miembros de la comisión interventora son el Cr. Juan Carlos Simonelli Pons, la Dra. Sandra Lorenzo Pousa y el Dr. Gerardo Lorente Fernández.
De acuerdo a la resolución, la remuneración de los tres interventores “equivalente a 380.000 pesos”, estarán “a cargo de la institución intervenida”, es decir, del Casmu.
El lunes de noche el gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley para otorgar al Casmu de forma inmediata y por única vez financiamiento por hasta 2.184 millones de pesos.
La presidenta del Senado y vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dispuso el tratamiento urgente de este proyecto de ley, que tiene un solo artículo y tres páginas de exposición de motivos donde el Poder Ejecutivo describe la situación de la mutualista y advierte que tiene riesgo de liquidez, pérdida constante de socios desde hace 10 años, una grave situación económico-financiera y falta de garantías para acceder a más créditos.
Esto hace que el Casmu se exponga al incumplimiento de sus obligaciones con proveedores, lo que implica además riesgo asistencial, advierte el documento firmado por el presidente Lacalle Pou y la ministra de Salud Karina Rando.
En tanto, el presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, espera que “si todo anda bien, dentro de 10 años el Casmu esté definitivamente saneado”. Así lo dijo este martes, horas después de que el gobierno le comunicara que firmaría la intervención de la mutualista, sin desplazamiento de autoridades. “El gobierno se decidió a sacar el Casmu adelante”, valoró el jerarca. Y recordó que la empresa arrastra una situación “crónica” desde 2009. “Siguió funcionando con deuda de U$S 100 millones en patrimonio negativo”, dijo. Y opinó, tras el pedido de un nuevo fideicomiso, que la recuperación “es un proceso a largo plazo”. Ahora el trabajo será en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP). Eso transmite tranquilidad para usuarios, proveedores y trabajadores, señaló. Y afirmó que “los puestos de trabajo están asegurados”. En la misma línea había declarado más temprano la ministra de Salud, Karina Rando.
La Asociación de Funcionarios de Casmu (Afcasmu), en tanto, para por 24 horas este miércoles y realizan una asamblea de carácter grave y urgente. Afcasmu se reunió este martes con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y representantes de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). En la asamblea general resolverán si ocupan o no la mutualista. Será desde las 11 horas de este miércoles.
CANCILLERÍA LAMENTÓ DECISIÓN DEL GOBIERNO VENEZOLANO
(TELENOCHE)
El Ministerio de Relaciones Exteriores “lamentó” la decisión del Gobierno de Venezuela de “exigir el retiro de los funcionarios diplomáticos de Uruguay y de otros seis países acreditados en ese país, y de retirar a los suyos en las mismas jurisdicciones”. De acuerdo al comunicado de la Cancillería, es “una medida injustificada y desproporcionada que responde de forma intempestiva a la legítima preocupación planteada por nuestro país y por la comunidad internacional ante las irregularidades y la falta de transparencia constatadas en el proceso electoral”.
La nota señala que “la decisión deja además en situación de desprotección y corta el vínculo con su país a los miles de venezolanos que han tenido que abandonar su tierra en los últimos años, y que encontraron en Uruguay su lugar de residencia permanente”.
El comunicado concluye señalando que Uruguay seguirá exigiendo, en los ámbitos que corresponda, un “escrutinio transparente, auditado y arbitrado internacionalmente” que permita conocer “de forma fehaciente” los resultados de las elecciones del pasado domingo en Venezuela.
ESPOSA DE MARSET IMPUTADA POR NARCOTRÁFICO EN BOLIVIA
(EFE)
La Fiscalía de Bolivia imputó este martes a Gianina García Troche, esposa del narcotraficante prófugo Sebastián Marset, por tres delitos, entre ellos tráfico de drogas, y prevé que su audiencia cautelar sea el próximo 7 de agosto en la ciudad oriental de Santa Cruz. “Ya se presentó la imputación contra ella y otras personas por (los delitos de) organización criminal (asociación delictuosa), tráfico de drogas y confabulación”, informó el fiscal Julio César Porras en una rueda de prensa.
La imputación contra la esposa de Marset se dio a conocer 13 días después de que García Troche fuera detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, en virtud de una orden de arresto emitida por Paraguay por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
El fiscal Porras dijo que la esposa de Marset tiene varios procesos abiertos en Bolivia y que en la audiencia cautelar se presentarán todas las evidencias, pese a que ese acto judicial se lleve a cabo en ausencia de la imputada. García Troche supuestamente forma parte de la organización criminal liderada por su esposo, Sebastián Marset, y se enfrenta a una pena máxima de prisión de 22 años y seis meses en Paraguay, indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación.