El edil del Frente Amplio, Andrés Imperial, acompañado por la abogada Claudia Moroy, presentaron ante la Intendencia de Paysandú, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Ministerio de Vivienda, un pedido de acceso a la información pública para conocer el “motivo por el cual se desmantela la plaza de Enrique Chaplin y Uruguay”. Un grupo de vecinos convocó a concentrarse hoy a las 11 en la Plaza de Palos “para reclamar y pedir que nos regresen el espacio”, señalan en la convocatoria.
Acceso a la información
En el documento al que tuvo acceso EL TELEGRAFO, el edil consultó “quién ordena a la Intendencia y bajo qué marco tomar dichas acciones”, así como el conocimiento de la Intendencia sobre “la enajenación a privados” de los padrones ocupados por el espacio público.
En el pedido, Imperial preguntó “si hubo gestiones por parte de la Intendencia para hacerse de los padrones y/o impedir el cambio de destino de uso público”, así como la confirmación sobre la nueva categorización de la tierra. Consultó, además, “si han sido efectivamente vendidos” ambos padrones. “En caso afirmativo: quién ha realizado dicha venta, por medio de qué procedimiento y con qué publicidad”. Entre otros puntos, el pedido de informes pregunta si hubo llamado a oferentes, colocación de carteles en el lugar o publicidad sobre su venta, así como el momento en que la Intendencia tomó conocimiento de la situación y por qué vía. Asimismo, el destino asignado a los padrones, su valor de tasación y precio de comercialización, el comprador de los terrenos y “el fin que se dará a los mismos”.
“Estaba avisada”
Imperial reconoció que “el Ministerio de Vivienda tiene menos responsabilidad, pero es el organismo que categoriza los padrones y en algún momento hizo el cambio. En la ANV nos reunimos con el gerente y nos confirmó que la Intendencia estaba avisada de la venta, pero eso quedará oficialmente expuesto en los expedientes. De allí se desprenderá que la Intendencia tenía la información, así como una posibilidad de negociación”.
El edil explicó que “la ANV tenía una deuda con la Intendencia y las autoridades municipales no quisieron negociar, sino que resolvieron intimar al organismo para cobrar la deuda. Por eso, la ANV resolvió pagar y vender los padrones en gestiones que se iniciaron en octubre de 2023. Se entendía que, como la deuda era con la Intendencia, podía negociarlo a cambio de los impuestos para que continuara como espacio público. Pero todo eso surgirá en la respuesta oficial”.
Imperial agregó que “en comunicación con el senador Eduardo Brenta, confirmó que presentará el tema en el Senado. Y como edil, elevé un pedido de informes en la Junta Departamental y una minuta de urgente consideración al intendente Nicolás Olivera”, en la tarde de ayer.
En cuanto al pedido de acceso a la información pública, “la Intendencia tiene 20 días para responder, pueden solicitar una prórroga de 15 días más y después iría a la justicia. De buenas a primeras, las autoridades municipales dicen que no sabían nada y en la ANV nos dijeron todo lo contrario. Tienen que responder y allí ataremos todos los cabos porque en este pedido de acceso a la informacxión pública hacemos las mismas preguntas a la Intendencia, la ANV y el Ministerio de Vivienda”.
Inseguridad
Consultado sobre situaciones de inseguridad en torno al espacio público, denunciado por otros residentes de la zona, Imperial enfatizó que “esta plaza es un espacio que tiene más de 40 años de uso de los niños y la gente del barrio. Los reclamos sobre consumo de sustancias responde a un problema de la seguridad ciudadana que deberá resolver el Ministerio del Interior. O si faltaban focos de luz. Pero esta plaza no estaba abandonada ni rota porque funcionaba como tal y en la administración anterior se colocaron juegos de madera. Y estas barras están en todos los espacios públicos, como en el centro de la ciudad. Pero no por esa razón vamos a salir a vender la semipeatonal, por ejemplo. Lo que hay que poner es seguridad ciudadana”.
