Tenencia y bienestar animal, somos todos responsables

Desde febrero del año pasado –Decreto N.º 57/2023– las castraciones de perros y gatos (machos y hembras), así como su inscripción en el Registro Nacional de Animales de Compañía a través de la identificación y chipeo, tienen carácter obligatorio de acuerdo a lo establecido en los artículos 386 y 388 de la Ley N.° 19.889 o Ley de Urgente Consideración.
La LUC habilita a la fiscalización y sanción de personas que no cumplan con la normativa vigente en la iniciativa parlamentaria aprobada en 2020. La letra fría establece la tenencia responsable, pero en los hechos no se cumple lo que dispone la ley. Porque no hay forma de inspeccionar cada situación de irresponsabilidad en todo el territorio nacional. A menos que las organizaciones no gubernamentales reciban las denuncias de los vecinos, sean constatadas e ingresadas a la web del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).
Sin embargo, las protectoras se quejan por la falta de respuesta y el instituto siempre aclara que actúa en casos de maltrato extremo junto a la Fiscalía. Las disposiciones le permiten aplicar sanciones administrativas, porque en Uruguay hay un enorme debe en la definición de conductas que tengan las caracteríasticas de delito.
Pero ese es un problema de nuestra legislación que no va más allá porque las presiones sociales provienen de todos lados.
Si la Organización Mundial de la Salud considera que es “saludable” tener un animal de compañía por cada diez habitantes, en Uruguay esa relación es de uno cada dos personas, aproximadamente. Y en oportunidad del censo efectuado en Paysandú el año pasado, a cargo de integrantes del programa Jornales Solidarios con apoyo institucional de la Intendencia y el Centro Médico Veterinario, se contabilizaron en algunas zonas “más perros que gente”, según el relato de quienes estuvieron en el territorio.
Esta situación es crítica y describe la superpoblación que justifica la esterilización. Sin embargo, hay voces que se levantaron en su momento para argumentar –también para este caso– sobre la “libertad responsable” de cada persona en resolver sobre la castración de su animal de compañía.
Pero la “libertad responsable” es muy escasa. De lo contrario, no se hablaría de un problema crónico, agravado en los últimos años.
En el territorio se notan los desacuerdos sobre un problema común. Los propietarios de animales de producción reclaman una solución al problema de las jaurías que provocan destrozos en las majadas. Las protectoras consideran que cada vida animal importa por igual, mientras argumentan sobre el valor económico que pesa sobre las cabezas del ganado.
Sin embargo, el problema persiste ante la falta de fuertes campañas de promoción de la ley, de prevención de la superpoblación canina en todo el país y de educación a una población que conoce los límites de algunas sanciones.
En medio de estas disquisiciones, aún se discute sobre las responsabilidad de cada organismo en cumplir con lo dispuesto en la ley.
Son las competencias e incumbencias de las reparticiones del Estado –algunos claramente definidos– o de los gobiernos departamentales que nos muestran otro gran problema. Los animales sueltos en la vía pública llevan más de 300 fotos en nuestras páginas de Cortocircuitos Ciudadanos. En realidad son 353 desde que comenzó su difusión bajo el título “Lueve sobre mojado”.
Entonces, los vecinos acercan sus fotografías y allí se retratan –básicamente– las mismas zonas, barrios o espacios públicos. En su mayoría son caballos y en algunas ocasiones se suelen observar pequeñas tropillas que mansamente toman por las avenidas.
En realidad, el Decreto 233/2022 habilita al Ministerio del Interior –a través de las llamadas al 911– a la incautación de animales sueltos con apoyo de las intendencias departamentales y permite el decomiso, venta, donación o faena –por parte de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería– de bovinos, ovinos, porcinos o equinos que no sean reclamados en 72 horas.
Pero claramente los equinos deambulan sin marcas porque sus responsables no arriesgan a una regularización del animal a través de las guías, para evitar responsabilidades posteriores en el caso de protagonizar un siniestro de tránsito de gravedad. Tal como ya ha ocurrido. Así mismo lo reconocen y se lo dicen a las autoridades.
Por lo tanto, tenemos ahora y tendremos hacia adelante un problema de tenencia resposable en todo el país.
Los dueños de los caballos que son utilizados para hacer ladrillos o fletes o en la recolección de basura, pierden su animal de trabajo antes de arriesgar responsabilidades mayores en accidentes de tránsito fatales o de gravedad, donde los conductores han quedado con discapacidades transitorias o permanentes por chocar un caballo en los accesos a las ciudades o por las avenidas.
Claro que cabe la pregunta: ¿Quién se hace responsable? Pero no hay respuesta, porque los animales suelen soltarse de la piola en horas de la noche o la madrugada y salen a pastar. Entonces, no hay manera de identificar a un responsable de manera fehaciente.
Y es así como, al menos en las ciudades, comienza a cambiar el concepto de libertad de circulación. Porque hay que detectar las zonas críticas que en todas las ciudades existen –como en Paysandú– donde se observan caballos sueltos o barrios donde residen dueños de canes de las llamadas “razas peligrosas”.
Al menos hasta el año pasado, el gobierno procesaba más de 3.500 denuncias anuales por mordidas gravísimas. Por lo tanto, afecta a la convivencia, la salud humana y animal con personas muy lastimadas –en algunos casos muertas– y animales eutanasiados. Sin mencionar las zoonosis que atravesaron nuestro país como la leishmaniasis o el último diagnóstico de rabia.
Aunque existan tantas interpretaciones como autoridades lean la ley, de una sola cuestión hay que estar seguros: las personas somos responsables del problema. Y las personas tenemos que ser responsables de la solución.