“La Fuerza Aérea de Uruguay se encuentra buscando alternativas para sumar helicópteros a su alicaída flota de aeronaves de alas rotativas”, publicó el portal especializado Infodefensa, en un artículo firmado por Gabriel Porfilio. Recientemente retornaron al país desde la República Democrática de Congo dos unidades Bell 212 Twin Huey que prestaron servicio bajo bandera de Naciones Unidas en la misión de paz en ese país africano, pero su desgaste “hace que su disponibilidad no sea la mejor”, se indica. Del mismo modo, “la mayoría de los Bell UH-1H Iroquois que posee la fuerza están fuera de servicio” y difícilmente serán recuperados debido a lo oneroso de su mantenimiento.
Plantea el artículo que el objetivo fundamental es aumentar la flota con más unidades Bell 212 y allí radica la prioridad, por más que “se mantuvieron conversaciones con Colombia para recibir alguno de los Bell UH-1H Huey II que la Policía Nacional de ese país está desprogramando”. Más allá de esto, para aumentar el número de helicópteros la forma sería la adquisición “de una partida de entre tres a cuatro Bell 206 Long Ranger”, que se destinarían a la formación de pilotos, entrenamiento, lucha contra incendios y apoyo a operaciones terrestres. La Policía dispone hoy un Bell 206 Long Ranger III, que ha dado “muy buenos resultados”, mientras que la Aviación Naval cuenta con “un Bell OH-58+ Kiowa en funciones similares a las que la Fuerza Aérea planea utilizar sus Long Ranger”.
Por otra parte el mismo artículo da cuenta de la negociación que se lleva a cabo para la adquisición de seis Embraer EMB 314 Super Tucano. La compra está siendo analizada en el Tribunal de Cuentas. Trascendió que como parte del acuerdo, la Fuerza Aérea incorporaría además un jet ejecutivo Embraer Legacy 600. “Esta aeronave permitiría tener la capacidad de transporte rápido y de largo alcance tanto ejecutivo como sanitario de la FAU, algo que siempre estuvo en los planes de la fuerza”.
POLÉMICA POR BUQUES
En otro artículo, el mismo portal alude a la compra de dos buques patrulleros OPV (“Offshore Patrol Vessel”) firmada en diciembre del año pasado, en un negocio del orden de los 82 millones de euros. La entrega de ambos buques, de 86,75 metros de eslora y de 12,2 de manga, está retrasada.
La nota de Andrea Guidugli en el portal indica que al día de hoy el astillero español Cardama “no ha sido capaz de presentar las garantías financieras, por solamente 4 millones de dólares, necesarias para activar el contrato, sumiendo a la Armada uruguaya en una situación cada vez más comprometida”. El artículo cuestiona la decisión (la califica como “alarmante”) de elegir este armador “bajo el pretexto de su capacidad para entregar los buques rápidamente y, sin embargo, no solo se retrasa la construcción, sino que se perpetúa una incertidumbre financiera que debería haber sido resuelta antes de adjudicar un contrato de tal magnitud”. Agrega que “es esperpéntico que el astillero, elegido por su supuesta agilidad, no pueda ni siquiera cumplir con los requisitos financieros básicos”.
Se afirma que esta situación no solamente supondrá un retraso de por lo menos un año en la entrega, sino que además “según los términos del contrato, el costo adicional debido a la inflación recae sobre Uruguay. Increíblemente, el cliente, que debería ser protegido, termina siendo el principal perjudicado, pagando más por un buque que llegará mucho más tarde de lo prometido”. Da cuenta la publicación que la firma española “no ha logrado asegurar las garantías necesarias porque ninguna entidad financiera respetable está dispuesta a respaldarlos” y como alternativa propusieron “depositar el dinero en efectivo en una cuenta, lo que en esencia significa que el astillero pedirá un préstamo que se pagará con el mismo dinero que el gobierno uruguayo les proporcione”.
