La filial Paysandú de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), que desde hace bastante tiempo está en “preconflicto”, denunció en conferencia de prensa las condiciones laborales de los funcionarios de la sala de Psiquiatría, expuestos a “situaciones de riesgo”, y adelantando que “si no hay solución vamos a tomar otras medidas”.
La presidenta de la gremial, Cecilia Sánchez, recordó que la problemática que se da en la sala de Psiquiatría “ya viene de tiempo atrás”. En este sentido informó que hace unos 20 días mantuvieron una reunión con el equipo de Gestión del HEL y los funcionarios para tratar el tema. En el HEL hay capacidad “para atender hasta 6 pacientes internados” con problema de adicciones, pero “esa cifra siempre se desborda y no hay medidas de contención”, aseguró Sánchez, quien agregó que los funcionarios se exponen a “situaciones de riesgo bastante grande porque los pacientes a veces se desbordan mal”.
También calificó como “peligrosa” la convivencia de este tipo de pacientes con aquellos que padecen problemas de salud mental, pues “es diferente la forma de transitar la patología”. A la vez, “sumado a esto, lo que se veía es que no tenían un apoyo como corresponde del personal médico. A nosotros nos sorprende mucho porque en este período el hospital cuenta con 6 cargos de alta dedicación de psiquiatras”, pero “no se ve ese aumento de carga horaria en la sala”, observó. En la reunión, “la Dirección reconoció que habían faltado controles, que iba a hablar con el equipo médico y que nos iban a presentar una propuesta a partir de reconocer la realidad que se estaba viviendo en la sala”. Estaba prevista una bipartita para el 5 de noviembre, pero quedó suspendida sin definición de una nueva fecha.
Frente a esta situación, “exigimos” que haya “una guardia blanca que es personal especializado para trabajar con este tipo de pacientes y que le dan un gran apoyo al personal de salud”, explicó Sánchez. Sobre este planteo, desde la Dirección se les dijo que fue negado a nivel de ASSE, “pero nosotros seguimos insistiendo” porque de continuar así “vamos a lamentar una desgracia de paciente o trabajador cuando no hay ninguna medida de contención para apoyar a los compañeros”, advirtió.
MALESTAR POR ANUNCIO DE EVENTUAL RECORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
A la vez la filial manifestó su malestar y preocupación luego que trascendiera que parte del recorte de la plantilla de trabajadores estatales, que tiene previsto la Coalición Republicana en un eventual próximo gobierno, podría provenir de la no renovación de las vacantes de personal administrativo de ASSE. Ello, sostienen, se contradice con lo dicho en las reuniones anteriores que tuvo la FFSP con los candidatos, cuando se dijo que “el tema personal de salud no se iba a tocar”, pero “ahora hablan de que van a hacer reducción de personal y en este caso sería administrativo”, sostuvo Perla Gentile. “Acá en Paysandú tenemos alrededor de 70 mil usuarios, somos 1.000 funcionarios y administrativos habremos alrededor de 45”, afirmó, destacando que su función en “cualquier institución es muy importante”, citando a modo de ejemplo compra de insumos, atención, coordinación de fechas y estudios.
Además, “lo otro que pretenden es achicar los liquidadores de sueldo. ASSE tiene aproximadamente 30 mil funcionarios, o sea tiene 30 mil cargos para liquidar” y en la institución “hay 17 compañeros” que se ocupan de la tarea a nivel nacional. “En cada unidad hay 1 liquidador” y en muchos casos éste realiza una doble función, aseguró, agregando que “en Paysandú tenemos compañeros que hacen doble función”. De modo que “la falta de administrativos es importante”, subrayó, entendiendo que de reducir cargos solo se estaría agudizando un tema que ya sucede hoy y que es que personal contratado para una función determinada esté realizando también otras tareas. Además significó que “los administrativos somos los únicos que no tenemos suplentes, cuando nos vamos de licencia”, lo que implica que tras ese descanso deben ocuparse del “trabajo acumulado”. “Esa lógica de sacar empleados administrativos ya empezó hace bastantes años y ahora lo quieren potenciar”, sentenció.
“¿DE DÓNDE VAN A RECORTAR?”
María Auxiliadora Ferrari, por su parte, habló de lo que acontece en la RAP (Red de Atención Primaria), explicando que para la atención de esos 60 mil usuarios (ciudad, Ruta 3 y Ruta 26) –porque 10.000 corresponden a Guichón–, en este nivel hay unos “157 funcionarios entre personal médico y no médico”, de los cuales 8 son administrativos. Por ello se preguntó ¿de dónde van a recortar si ni siquiera tenemos?, al tiempo que reclamó “tener un poquito de conciencia de clase” y “que contraten a gente capacitada, que estudió y está esperando una oportunidad laboral”. En otro orden, recordó que luego de la reunión celebrada en Jefatura para tratar el tema de los traslados cuando hay un accidente en ruta, y el reclamo desde la Federación del servicio Same 105, “quedó todo en la nada” y hoy “se siguen haciendo los traslados en el área rural como pueden. El chofer solo con el accidentado amparado en ninguna ley, en un móvil que no es especializado para hacer traslados, sin médico, o con la enfermera acompañando” pero que sin médico no puede hacer procedimiento alguno. “Seguimos con el mismo vacío”, reafirmó, lo que atribuye a que “la gente que está para gestionar no gestiona”.Por otra parte, recordó que en las 18 policlínicas que hay en ciudad y área rural, “en todos estos años no ha habido mantenimiento. Estamos trabajando con hongos, con humedades”, aseguró, citando que debido a esta falta de mantenimiento se debió cerrar la policlínica del P3 y que debería hacerse lo mismo en Covife “hasta conseguir un lugar mejor”. Disparó contra el Ministerio de Salud Pública porque “es el órgano controlador” y “está ausente hace 5 años”, sentenció.
También dijo que algunos de los funcionarios de la RAP tienen “hasta 80 días de licencia atrasada” y “cuando el trabajador va a pedir su licencia, le dan solo 10 días”, situación que entiende debe resolver el equipo de gestión. A la vez, habló de las certificaciones y en tal sentido aseguró que “tenemos mucha gente con problemas de salud mental”, lo que atribuyó al múltiple empleo y en consecuencia el agotamiento, el recorte de licencias y la exigencia de tareas para las que no ha sido contratado. “Acá no hay empleados en ASSE ‘A’ o ‘B’, acá somos todos trabajadores, las leyes son iguales para todos, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si nosotros cumplimos con las obligaciones, la gestión tiene que cumplir con los derechos”, demandó.
