Hace algunos días los medios de prensa difundieron una noticia que golpeó la razón y el corazón de todas las personas de bien de este país: Milagros Chamorro, una mujer de 30 años se suicidó en el box de la mutualista Casmu de Montevideo, cansada de ser ignorada, ninguneada y estigmatizada por jueces, médicos y por un sistema en donde se combina desidia, indiferencia y falta de responsabilidad tanto personal como institucional.
Cecilia Presa, periodista de Montevideo Portal, resumió con claridad y crudeza el camino que Milagros recorrió hasta tomar una decisión tan dura: A Milagros Chamorro la violaron entre cinco. Estaba inconsciente. Un compañero de inglés la había invitado a aquel apartamento. Tenía 15 años. Desde ese día de 2010 el lugar del delito estuvo presente en cada momento de su vida. Ese apartamento en Punta del Este fue la escena del crimen. Pero la violación no ocurrió ahí. El delito tuvo lugar en el cuerpo de Milagros. Ese cuerpo violentado creció, atravesó cambios con la edad y sobrevivió otros 15 años, hasta que no pudo más. La chica terminó con su vida el pasado viernes 25 de octubre en el box de una mutualista. En el medio, Milagros, de 30 años, fue amiga, hija, tía, cuñada y compañera. Fue licenciada en Trabajo Social. Fue estudiante de una maestría en políticas públicas. Fue laburante y en su trabajo ayudó a niños, personas sin hogar y mujeres víctimas de violencia de género. Fue generosa. Fue funcional. “Milagros Chamorro pidió ayuda, a gritos; se la sostuvo en innumerables oportunidades a nivel familiar y con ayuda psicológica además de psiquiátrica. De todas formas, tuvo este trágico final”, escribieron sus familiares en una carta que hicieron pública días atrás. Allí, los Chamorro también hablaban de las “trabas y el desamparo” que sufrió por parte del “Sistema Judicial” y de la “enorme ineficiencia del Sistema de Salud”.
¿Qué fue lo que pasó en este caso? Como lo menciona el artículo referido, “Milagros no denunció ‘a tiempo’ porque le daba vergüenza, no sabía qué pensarían su familia y amigos, y porque los agresores la veían pasar por la calle y le hacían gestos con la mano, recordándole que cinco hombres la habían hecho víctima de abuso sexual. La habían apodado ‘la cinco’. Mientras tanto el tiempo corría y con él los plazos de prescripción del delito cometido por los cinco jóvenes. En 2022 Chamorro denunció y contó ante las autoridades por primera vez su versión de los hechos. (…) La Fiscalía analizó el caso en su momento y a nivel judicial no pudo avanzar en investigar a los menores acusados, dado que los delitos para quienes no son mayores de edad prescriben antes. Fuentes vinculadas a la investigación de aquel momento dijeron que el ilícito que se investigaba era una infracción gravísima, que prescribe a los dos años de haberse cometido. En el caso del adulto acusado, sobre el que se podría investigar un delito porque eventualmente podría no haber prescripto, los investigadores concluyeron que no se avanzaría porque no quedaba claro cuál había sido su participación en los hechos denunciados. ‘Por los datos aportados no se puede concluir cuál fue su función en los hechos narrados’, indicaron. (…) Milagros es de una familia clase media trabajadora y no tenía, hace dos años aproximadamente, los recursos para pagar un defensor privado que pudiera ejercer presión sobre la Fiscalía y reabrir la causa para que se investigara”.
El pasado 4 de noviembre el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR) dio a conocer un comunicado que se expresa claramente sobre situaciones como la de Milagros: “Creemos que este terrible suceso pone de manifiesto la absoluta insuficiencia de los mecanismos de protección a las víctimas de abuso sexual que proporciona el Estado uruguayo. (…) La protección a las víctimas no puede abordarse en soledad desde dispositivos aislados, sino que requiere una respuesta transversal, coordinada y permanente en la que todas las instituciones públicas, tanto estatales como privadas, deberían aportar desde su rol específico”.
Lo cierto es que, en el suplicio recorrido por Milagros en esos diez años, muchos le dieron la espalda: la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Defensor de Oficio, los médicos tratantes y tantos otros que tomaron parte en este asunto pero que jamás tomaron partido por defender a la víctima de actos absolutamente aberrantes. Es en ese momento cuando todos nos preguntamos entre todos: ¿los jueces tienen familia?, ¿la tienen acaso los fiscales o los médicos que la atendieron a ella pero que atienden a víctimas como Milagros en todo el país? ¿Qué pasaría si la hija de un juez, un médico, un defensor de oficio o un fiscal de Paysandú es violada entre cinco salvajes y ninguna institución la apoya? ¿La dejarían sola como dejaron a Milagros? ¿Cómo pueden dormir tranquilamente quienes tenían responsabilidades morales, éticas e institucionales con Milagros y no las cumplieron? ¿Qué hay que esperar para que estas situaciones sean atendidas como debe ser? ¿Que la hija de uno de esos indiferentes e irresponsables funcionarios públicos y profesionales sea violada? ¿A ese nivel de indiferencia por el prójimo y de incumplimiento de los mínimos deberes funcionales hemos llegado?
El Poder Judicial en todo el país (y también en Paysandú) hace tiempo que le falta el respeto a los ciudadanos que financian con sus impuestos los sueldos que ganan jueces letrados departamentales ($260.465), defensores de oficio del Interior ($166.351), fiscales departamentales ($248.797) y médicos (una clase económicamente privilegiada cuyos ingresos son de otro planeta no sólo en el ámbito privado sino también en el público). En nuestro departamento los juzgados penales deberían instalar una puerta giratoria de alta velocidad para que los delincuentes no pierdan tiempo y puedan entrar y salir con la mayor celeridad posible, maniobra para la cual cuentan con la ayuda de jueces y fiscales que un día sí y otro también le faltan el respeto a la víctimas de diversos delitos al imponer penas ridículas tales como tobilleras, medidas sustitutivas y otros “etcéteras” que se transforman en una carcajada en la cara de los damnificados.
Han existido y lamentablemente existirán en el futuro muchas Milagros en nuestro país y también en nuestro departamento. Las razones para un pronóstico tan sombrío como realista es que quienes tienen responsabilidades en la primera línea de contención y de represión al delito no las cumplen, fomentando así que el misma vuelva a repetirse una y otra vez. Tanto el Poder Judicial (una institución en la cual los apellidos de muchos funcionarios de jerarquía se repiten llamativamente) y el Sistema de Salud tienen que dar la cara y a la ciudadanía en general y a la familia de Milagros en particular, asumiendo sus responsabilidades en este y en otros casos donde han sido claramente omisos.
