Apenas transcurridas algunas horas del acto electoral celebrado el domingo pasado, algo volvió a quedar nuevamente en claro: Uruguay celebra sus votaciones en paz, sin muertos, heridos ni acusaciones de fraude, algo que no es común en América Latina. Somos un oasis en el medio de un desierto de libertades, pero eso no es suficiente. Al igual que sucede con los indicadores económicos o en materia de corrupción, somos los mejores de un barrio donde todos los días se vulneran los derechos ciudadanos más elementales y donde el populismo ha hecho y sigue haciendo estragos.
A pesar de nuestro bien ganado prestigio en materia electoral, hay una piedra en el zapato de ese proceso que se repite año a año: la violación de la siempre invocada pero nunca respetada veda electoral. De acuerdo con la Ley 16.019 de 11/09/89, “La realización de actos de propaganda proselitista en la vía pública o que se oigan o perciban desde ella, o que se efectúen en locales públicos o abiertos al público y en los medios de difusión escrita, radial o televisiva, deberá cesar necesariamente cuarenta y ocho horas antes del día en que se celebren los actos comiciales. Lo preceptuado anteriormente alcanza a la realización y difusión por dichos medios de encuestas o consultas, así como de cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la decisión del Cuerpo Electoral. Esta norma será de aplicación en los actos de elección, plebiscito y referéndum”.
Como lo explicó hace algunos años el entonces ministro de la Corte Electoral, Walter Pesqueira, “la veda tiene como objetivo darle tranquilidad a la población para pensar bien su voto. Tranquilizar el ambiente de las movidas electorales y los partidos. En materia electoral se lo conoce como un espacio de reflexión para la ciudadanía. Se usa en muchos países, aunque en Uruguay es bastante largo. Personalmente creo que está bien porque la ciudadanía está saturada de tanta publicidad”.
Uno de los problemas que tiene esta regulación es que no existen sanciones para los medios de difusión escrita, radial o televisiva que violen la veda y tampoco para los partidos políticos involucrados, lo que deja una sensación de que estos últimos han legislado para su beneficio, “sacando la pata del lazo” y evitándose cualquier sanción porque –al fin y al cabo– desde su equivocada perspectiva, ellos son los que hacen las leyes y como dice el refrán “el que parte y reparte se lleva la mejor parte”. Como sucede en tantos ámbitos del Estado (ambiente, condiciones laborales de trabajo, etcétera.) Uruguay tiene leyes del primer mundo y un número de equipos inspectivos de cuarto mundo, siempre insuficientes, mal capacitados y sin recursos materiales. Como lo reconoció el propio Pesquera, “si bien es la Corte Electoral el organismo que debería tomar alguna medida, no hay herramientas para controlar todo”.
El hecho de que la veda no incluya a las redes sociales constituye otro problema real que se repite en cada acto electoral. En efecto, muchos políticos se llenan la boca pidiendo que cese la publicidad de contenido electoral, pero redoblan la propia en redes sociales e incrementan la presencia en la vía pública llevando la letra de la normativa vigente al límite de la legalidad.
Es importante tener en cuenta que la mencionada ley 16.019 es del año 1989 cuando no existía el uso masivo de Internet ni de los teléfonos celulares, el cual se encontraba restringido para usos militares o de personas de altísimo poder adquisitivo. Tantos y tan profundos han sido los cambios desde entonces que en el día de hoy cualquier adolescente con un smartphone puede subir publicidad electoral a cualquier red, lo cual si bien no está expresamente prohibido viola claramente el espíritu con el cual fue creada la mencionada veda electoral. Todo ello tiene una razón muy clara: de alguna forma las redes sociales han ocupado algunos espacios que antes tuvieron como protagonistas exclusivos a los medios de comunicación tradicionales.
Como si todo ello no fuera suficiente para dar por letra muerta la veda electoral, en la puerta de muchos locales político-partidarios se concentran militantes con música y en una clara actitud proselitista que va más allá de la entrega pasiva de listas a los peatones o conductores de vehículos que pasan por la zona. El pasado jueves una vez iniciada la veda e incluso el viernes cuando también estaba vigente, a escasos metros de nuestro diario era posible observar situaciones que claramente violaban la veda dispuesta por una legislación que se ha convertido en “papel mojado”. Al final de cuentas es triste comprobar que mientras al ciudadano común, que anda a pie tratando de llegar a fin de mes, se le aplican todas las leyes y ante cualquier atraso en BPS, DGI o en el Impuesto a Primaria le “dan con un caño”, existen otros que pueden actuar a sus anchas sin temor a ser sancionados porque se votaron una ley que se les aplica a ellos mismos, pero… ¡que no prevé sanciones en caso de incumplimiento!
Es más: si lo que se busca es que el elector pueda reflexionar libre y tranquilamente también habría que prohibir otros medios sutiles de violentar la veda electoral tales como los mates con distintivos partidarios que los delegados colocan sobre las mesas receptoras a la vista de los votantes o los vehículos que claramente embanderados e identificados se estacionan en el exterior de los locales de votación.
En cualquier caso, es claro que ha llegado la hora de que la vida electoral de nuestro país se sincere y actúe en consecuencia. Queremos ver a los legisladores electos el pasado domingo incluir en la futura ley de presupuesto nuevos recursos para la Corte Electoral, así como un régimen de sanciones y la facultad de ese organismo para recaudar las multas que se originen y poder disponer medidas acordes a tal incumplimiento. Al fin y al cabo, se trata de un ataque de la tranquilidad y la conciencia del ciudadano que, luego de una campaña agotadora para el país y que implica gastos varias veces millonarios en dólares, tiene derecho a reflexionar en paz sobre su voto.
Aprobar y mantener vigentes normas que no se cumplen es una de las peores pero más eficaces formas de desprestigiar la democracia. Si los ciudadanos saben que no existen sanciones para los incumplimientos o que no serán aplicadas ni ejecutadas, se fomenta el incumplimiento tanto de esa norma específica como de las demás, creando una sensación colectiva de que “no pasa nada” si la norma en vigencia es incumplida. Tratándose de la veda electoral, el caso es todavía más grave, ya que quienes deben cumplirla son los propios políticos, una profesión que en Uruguay y en todo el mundo enfrenta enormes desafíos para mantener su popularidad antes la falta de conexión y comunicación real con las personas comunes, las acusaciones de corrupción, el desinterés y descreimiento de la población en la política y el nepotismo, entre tantas otras. Ante esta realidad que ni los propios políticos se animan a negar, sería una buena señal reformar la Ley 16.019 estableciendo nuevas infracciones, previendo sanciones para los incumplimientos que define e incluyendo a las redes sociales en la veda electoral que regula.
