Federico Álvarez Petraglia, uno de los dos promotores de un pedido de información pública que derivó en una instancia judicial, rechazó las expresiones de Mariana Mazzilli, encargada de Asesoría Letrada en la edición de ayer al decir que “miente cuando dice que la intención que movió a Mario Díaz y a mí fue económica”.
“Muy lejos de ello, nuestra intención siempre fue saber cómo se habían invertido los fondos que pertenecen a todos los sanduceros, en la compra de una máquina para el Vertedero en medio millón de dólares; cómo era el contrato con Sandeco; cuántas personas estaban contratadas por la vía de la Fundación a Ganar y cuánto se le pagaba a esta oenegé; cuánto nos costaba el Hogar Estudiantil, qué medidas se habían adoptado para una eventual inundación. En todos los casos, información que cualquier persona que esté preocupada por la cosa pública tiene derecho a saber”, aseguró.
Hizo énfasis en que “no es verdad que el dinero que se obtenga irá a nuestros bolsillos. Lo dijimos desde un principio, no perseguimos el dinero de la Intendencia de Paysandú. Dijimos y reiteramos, nosotros vamos a donar lo que pudiere corresponder, a una organización de bien público, en nuestro caso MOPI, institución con la que en estos días firmaremos el acuerdo”.
“Es mentira que buscamos un interés económico, lo nuestro sólo fue saber aquella información que todos los sanduceros ignorábamos por completo hasta que dedujimos estos accesos. Nunca pedimos una reparación económica en nuestra demanda, sólo información. Las astreintes fueron decisión de la justicia, decisión que la Intendencia no recurrió, es decir, que aceptó que se fijara. Así que no se entiende el porqué de la queja ahora”, destacó.
“Las astrientes no las fijamos Mario Díaz y Federico Álvarez Petraglia, las fijó la justicia. No fue por la insistencia nuestra, sino porque se entendió que la Intendencia había incumplido sistemáticamente con dar la información en tiempo y forma. Así de claro, no hay que buscarle más vueltas”, expresó Álvarez Petraglia.
También rechazó que la información solicitada por acceso a la información fuera “pública”. “La justicia, un poder independiente, coincidió con nosotros en que debía darnos esa información y desechó expresamente el argumento de la Intendencia de que la información estaba al alcance del público”.
“Lamentamos que la doctora Mazzilli haya perdido el sentido jurídico, pasando a ser una mera operadora política que tiene que salir a defender lo indefendible. La verdad es la realidad, y una mentira por más que la repitan mil veces, no se trasforma en verdad”, concluyó Federico Álvarez Petraglia.
