Federico Álvarez Petraglia aseguró tras la resolución judicial que “una vez más a la Intendencia de Paysandú la justicia letrada le rechazó un recurso y le confirmó una condena a pagar las astreintes, por la demora en contestar los accesos a la información pública solicitados por Mario Díaz y por mi. En este caso ante una resolución que manda liquidar las 4 UR diarias que le impuso el día 16 de octubre de 2024 por la resolución 2084”.
“La Intendencia pretendió sostener que no había demorado en contestar, extremo que fue rechazado por la Juez, la que detalló con extrema prolijidad las diversas oportunidades donde se dispuso su incumplimiento ante el requerimiento del juzgado. No contenta con ello, se debe sumar que la Intendencia en su oportunidad, a través de sus letrados patrocinantes, no recurrieron ninguna de las resoluciones donde se constataba su incumplimiento, quedando tal extremo firme ante la ley”, destacó.
“A esta altura del procedimiento la Intendencia no tiene más recursos para interponer, no puede discutir ante nadie lo resuelto y solo le queda, una vez que la Actuaria realice la liquidación pagar por su incumplimiento”, indicó, explicando el procedimiento para que se ejecute el pago.
Dijo además que como “la Intendencia tuvo atraso” por el cual generó un pago diario “de cuatro UR desde el 16 de octubre al 28 de noviembre de 2024, vale decir, 43 días”, se suman 172 UR, es decir 299.000 pesos.
Opinó Álvarez Petraglia que “en todo este proceso la actitud de la Intendencia ha sido de reticencia, dando información que tenía a su disposición a fuerza de sentencias judiciales de condena de primera y de segunda instancia, ya que estos accesos fueron comenzados el 13 de mayo de 2024 y recién se dieron por contestados el 28 de noviembre de 2024, 6 meses después, demostrando en el punto su poco apego a la transparencia en asuntos que hacen a la hacienda pública, y a cómo se gastan los dineros de todos los sanduceros”.
“Asimismo, de parte de los representes judiciales y políticos de la Intendencia ha existido un continuo ninguneo al instrumento del acceso a la información pública, declamando que existe un uso político de la ley, demostrando con esa actitud que el problema que tiene esta Intendencia no es con la ley de acceso a la información pública, sino que el problema es con la verdad y la transparencia de la información, con el control de la sociedad civil, ese es el real problema”, aseguró.
“La realidad es lo que es, la podrá negar al Intendencia pero el expediente habla por sí solo, y en el mismo la Intendencia ha sido condenada en reiteradas veces a dar información, así como también fue condenada a pagar 4 UR por día de retraso. Se puede contar como se prefiera, pero la verdad es esa”, concluyó uno de los dos promotores del juicio.
