Hace 22 años golpeaban en Paysandú al futuro ministro del Interior del FA, fiscal Carlos Negro

En este recorte de la fotografía publicada en nuestra portada del 13 de diciembre de 2002, en medio del tumulto, se ve al fiscal Carlos Negro caído, mientras se intenta contener al presunto agresor.

El fiscal de Homicidios Carlos Negro, quien será el ministro del Interior durante la presidencia de Yamandú Orsi, tiene una extensa trayectoria en el Poder Judicial, y cumplió varios años de su carrera como fiscal en el Poder Judicial en Paysandú, oportunidad en la que hace 22 años fue protagonista involuntario de un incidente en el que fue golpeado por una persona durante un remate de bienes de deudores en la sede de 18 de Julio y Zorrilla de San Marín.

Este episodio se registró el 12 de diciembre de 2002, período en el que nuestro país se encontraba en plena crisis social y económica –la mayor que se recuerde, en que Uruguay estuvo al borde del default– y como derivación de la situación funcionaba en nuestro medio el denominado Club de Deudores de Paysandú, que nucleaba a personas afectadas por la crisis y varios de cuyos integrantes venían sufriendo sucesivamente el remate público de sus bienes por reclamo de acreedores.

Pues precisamente ese 12 de diciembre, a la hora 10, se remataba un bien inmueble de uno de los deudores, en el hall del Juzgado de 6º Turno, con el martillo de Edison María Cruz. Se remató la vivienda en 5.000 dólares y la misma constaba de casa habitación, galpones, garaje, y amplio fondo, con 520 metros cuadrados en total.

Debe tenerse en cuenta además, que por la especial situación que se vivía, en ese remate los ánimos estaban soliviantados entre los deudores y sus familiares, que se expresaban solidariamente en cada instancia en que eran rematados bienes de los integrantes del Club. Desde que se formó el Club de Deudores se había tomado como norma solidaria manifestarse en el recinto judicial donde se efectuaban las subastas de aquellos que estaban nucleados en el grupo, precisamente.

El fiscal Carlos Negro, instantes después de la agresión, se va cubriendo el ojo para ser atendido en la sede judicial.

El remador en determinado momento dijo que tenía una oferta de cinco mil dólares, lo que causó indignación entre los integrantes del club de deudores, que aspiraban primero a la suspensión del remate y luego, al fracasar la apelación, que no hubiera ofertas, en tanto se supo después que la oferta venía de la propia entidad bancaria acreedora del bien.

Hubo entonces airadas reacciones con gritos a viva voz de los deudores y sus simpatizantes, y en el “borbollón” de forcejeos, según la crónica de entonces de EL TELEGRAFO, hubo intentos de calmar los ánimos y acusaciones, escuchándose al fiscal decir: “me intentaron robar el reloj”, que tenía desprendido en la muñeca, y entre el grupo que lo rodeaba surgió un agresor que le dio un golpe de puño sobre la ceja izquierda.

Se indicó que uno de los familiares directos del titular del bien rematado, sufrió una crisis de nervios y en determinado momento se abalanzó sobre quien –según trascendió– creía había ofertado por el bien, pero sin aparentemente darse cuenta de que se trababa del fiscal Carlos Negro, quien naturalmente no estaba ofertando, sino que estaba cumpliendo con su trabajo como funcionario del Poder Judicial.

El fiscal recibió un golpe de puño en pleno rostro en el sorpresivo ataque, y también fueron alcanzadas otras personas en el tumulto antes de que el agresor fuera reducido. El fiscal resultó herido en el arco superciliar izquierdo, y tras caer al suelo fue ayudado por otras personas e inmediatamente fue asistido por médicos de una Unidad de Emergencia Móvil en la propia sede. Durante varios minutos se generó un caos en la sede judicial, con corridas y empujones, hasta que llegaron al lugar las autoridades policiales, con el propio jefe de Policía del momento, Jorge Santos.

Como consecuencia de este episodio, fueron convocadas a declarar unas cincuenta personas por el juez actuante, Pedro Salazar, quien al cabo de la instancia judicial decidió el procesamiento con prisión del agresor por “delito de lesiones personales en reiteración real con un delito de desacato especialmente agravado”, así como de otras dos personas, también con prisión, y de otras diez sin prisión, todas pertenecientes al Club de Deudores de Paysandú.

Condenas

Tanto la Suprema Corte de Justicia, como el colegiado de fiscales y la asociación de magistrados, condenaron enfáticamente los hechos ocurridos en Paysandú aquel 12 de diciembre de 2002.